Los funcionarios no tendrán garantizado su puesto de por vida

La ley que regulará el empleo en la Administración establece que los empleados públicos serán sometidos a evaluaciones continuas para analizar cómo hacen su trabajo, y sólo conservarán su puesto si salen airosos de estas valoraciones. 'Se acabó creer que tienen un puesto para toda la vida', advirtió el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

El Gobierno quiere terminar con la idea histórica de que un empleo público es para toda la vida. Para ello, una de las principales novedades que incluye el anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público será la creación de un sistema de evaluaciones periódicas del trabajo que desempeñan los empleados públicos. Del resultado de estas evaluaciones dependerá que el trabajador mantenga su puesto y su retribución.

Así lo anunció ayer el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en el Congreso de los Diputados, donde advirtió tajante que con esta nueva norma: 'desaparecerá la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe, como se desempeñe'.

Si bien, el ministro precisó que esto no significa que a partir de ahora se pueda 'despedir' al millón y medio de funcionarios de carrera que existen en toda España, sino que aquellos que reciban reiteradas evaluaciones negativas podrán ser cambiados de puesto, pero no perderán su empleo.

El Estatuto del Empleado Público creará la figura del 'personal directivo'

Las evaluaciones de cómo se hace el trabajo afectarán también a los más de 600.000 empleados con categoría de personal laboral. Si bien este grupo ya se rige actualmente por el Estatuto de los Trabajadores, como los empleados del sector privado y, en consecuencia, responden a los mismos motivos de despido y de relaciones laborales que ellos, según explicaron fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas.

El anteproyecto de Estatuto no precisa, sin embargo, los mecanismos de evaluación que se aplicarán, ni quién los llevará a cabo. Será cada Administración Pública (Estatal, autonómica o local) la que establezca 'los métodos objetivos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de la actividad profesional' y, en todo caso, 'se respetarán los principios de igualdad, publicidad y transparencia'.

Según explicó el catedrático Miguel Sánchez Morón, presidente de la comisión de expertos que aportó sus propuestas para la elaboración de este Estatuto, se pretende evaluar los méritos, el rendimiento, la dedicación y el cumplimiento de objetivos; y si los resultados son negativos se planteará cambiar de puesto al trabajador e, incluso, retirarle los pluses que reciba por ese puesto.

Respecto a este último punto el anteproyecto indica que también será cada Administración la que determinará los efectos que tendrán las evaluaciones del desempeño del trabajo sobre 'las retribuciones complementarias vinculadas a la productividad, al rendimiento o al cumplimiento de objetivos'.

Pero no todo van a ser efectos negativos. Sevilla señaló que 'se introducirán mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones, ligadas también al desempeño, lo que redundará en una mayor dignificación del empleo público'.

La intención de dar más peso a las retribuciones ligadas a objetivos tiene relación con otra novedad del texto: la creación de la figura del personal directivo. Este nuevo cargo se ocupará de forma 'personal y directa' de los resultados de la gestión. Con esto se pretende ir dando más peso a las retribuciones variables que a otros complementos como el de productividad que, por ejemplo en la Administración Central supone alrededor del 10% de la masa salarial.

También se establecerán unas retribuciones básicas para todas las administraciones, y las complementarias serán fijadas por cada Administración. Los factores que determinarán estos complementos serán la dificultad técnica del cargo y los grados de interés, iniciativa o esfuerzo. Se pretenden evitar diferencias salariales de hasta el 50% según la Administración para la que se trabaje.

Nuevas normas en la selección de personal

El Gobierno también pretende 'modernizar' los procesos de selección del personal. A los principios ya existentes de 'igualdad, mérito y capacidad' habrá que añadir otros como 'publicidad, imparcialidad, profesionalidad o agilidad'. Para ello el Estatuto prevé completar las pruebas tradicionales, como las conocidas oposiciones, con otros procedimientos como la superación de cursos selectivos, la presentación del currículo del candidato, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales'. Otra de las novedades afecta a los ascensos. El Estatuto del Empleado Públicos crea la 'carrera profesional horizontal', que permitirá ascender sin tener que cambiar de puesto de trabajo, como se exige en la actualidad.

Un código de conducta para mejorar la atención

Por primera vez se elaborará un Código de conducta que regulará los derechos y deberes de los empleados públicos de todas las Administraciones (Estatal, autonómica y local). Será similar al código de buen gobierno del Ejecutivo y, por tanto, se aplicará también para los altos cargos, que por lo general no forman parte del sector público. Entre otras muchas cosas, dicho código establece que 'se tratará con atención y respeto a los ciudadanos y a los superiores'; 'el trabajo se hará de forma diligente y cumpliendo el horario y la jornada establecida'. Otro aspecto destacado del texto es que obligará, por ley, a los ayuntamientos a reducir su tasa de temporalidad desde el 30% actual a cifras inferiores al 10%. En algunos municipios esta tasa roza el 60%.

Acusaciones de 'boicot' al PP y quejas sindicales

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dedicó buena parte de su intervención de ayer a enumerar las similitudes del anteproyecto del Estatuto del Empleado Público que aprobará en las próximas semanas el Consejo de Ministros con otro texto elaborado en 1999 por el anterior Gobierno del PP. Por ello, calificó este rechazo como un 'boicot' que puede encuadrarse 'en su campaña de firmas contra el Estatuto catalán'. El PP se defendió acusando a Sevilla de favorecer la creación de 19 modelos distintos de Función Pública. También hubo críticas sindicales. UGT advirtió hoy de que no admitirá sistemas de evaluación que 'premien o castiguen discrecionalmente, mientras que CC OO y CSI-CSIF acusaron a Sevilla de 'falta de rigor'.