Nueve países de la Unión Europea mantienen blindado el sector energético

Al menos nueve países de la UE, entre ellos España, mantienen blindado el sector energético, según el último inventario sobre intervencionismo público en empresas privadas realizado por la Comisión Europea. Los Estados mantienen su control a pesar de que, según Bruselas, 'tiene un efecto negativo en los resultados económicos a largo plazo de las compañías privatizadas'.

La CE, a mediados del año pasado, identificó en los 25 socios de la Unión Europea un total de 141 empresas privadas en las que los Estados se han reservado algún tipo de control. Este inventario sobre el intervencionismo estatal, realizado por el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, sitúa a las compañías energéticas como las más susceptibles de soportar algún tipo de control público.

Al menos nueve Estados (España, Reino Unido, Italia, Polonia, Austria, Finlandia, Hungría, Letonia y Lituania) se arrogan derechos especiales (acción de oro, veto a ciertas operaciones, obligación de notificar participaciones) sobre compañías del sector energético. La energía nuclear y la industria de defensa son objeto, además, de control en otros cuatro países (Francia, Italia, Reino Unido y República Checa).

La plaga amenaza con extenderse en un momento de consolidación industrial que inquieta en las capitales europeas. París anunció a finales del año pasado su intención de someter a un control muy estricto a 10 sectores calificados de 'vitales' para la economía francesa (desde la biotecnología y la informática hasta los casinos), e Italia ha indicado esta misma semana que emulará el proteccionismo galo.

El ministro italiano de Economía y Finanzas, Giullio Tremonti, fracasó ayer en su primera jornada de batalla comunitaria contra la fusión de Gaz de France y Suez-Lyonnais. La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, que recibió al ministro italiano en Bruselas, se limitó a señalar tras el encuentro que 'la CE no ha recibido aún la notificación de la operación (...) y por consiguiente no puede comentar sobre el posible impacto que tendrá en la competencia'.

Bruselas ha intentado contrarrestar desde los años 90 el proteccionismo económico. Desde entonces se ha anotado importantes victorias judiciales contra España, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal.

Pero los jueces comunitarios han avalado la acción de oro que Bélgica se reservó en el sistema de distribución energética (Distrigaz y Société General de Transport par Canalisations) y la sentencia ha abierto una brecha por la que se pueden colar los intentos de intervencionismo público en los sectores sensibles de la economía.

'Es innegable que en la prestación de servicios estratégicos o de interés general puede haber preocupaciones que justifiquen que los Estados miembros retengan algún grado de influencia en las empresas privatizadas', se resigna el documento de la Comisión sobre derechos especiales. Bruselas, haciéndose eco del Tribunal europeo, menciona las garantías en el suministro energético o las redes de telecomunicaciones y electricidad como ejemplos en los que 'una crisis puede constituir una razón de seguridad pública y justificar, por consiguiente, un obstáculo a la libre circulación de capitales'. Sin embargo, el Tribunal sólo admite invocar el interés público en condiciones estrictas porque las restricciones directas a la inversión suponen una barrera para las opas y tienen un impacto adverso en los accionistas de las empresas.

Medidas Defensivas

Durante la jornada de ayer circuló el rumor de que Italia, emulando el proteccionismo galo que tanto ha criticado en los últimos días por la fusión entre Suez y GDF, pensaba impulsar la integración entre el grupo eléctrico Enel y el de hidrocarburos Eni.

Francia tendrá un 9% de Agbar con la nueva Suez

El Estado francés obtendrá una participación económica indirecta del 9% en Agbar, tras la fusión Suez-Gaz de France, informa Toni Garganté. Suez y La Caixa controlan el 47,1% de Agbar a través de la sociedad Hisusa, que también tiene el 5% de Gas Natural. El presidente de Agbar, Jordi Mercader, explicó que la unión de Suez con Gaz de France 'es una operación de la que se hablaba desde hace tiempo y que no debe suponer ningún problema'. 'Además, tenemos una relación muy fluida con nuestro socio francés'. En su primera rueda de prensa como máximo responsable de Agbar, Mercader -que también preside Miquel y Costas- señaló que el grupo cuenta con una 'disponibilidad' de 600 millones de euros para invertir, tras el saneamiento y la venta de activos de los últimos dos años. Así, Mercader anunció un presupuesto inversor de hasta 400 millones este año, 'superior a las desinversiones' y dijo que cuenta con varios proyectos de inversión en Europa, sin concretar más.Agbar mantiene su plan de crecimiento en cinco áreas: ciclo integral del agua, certificación, seguros y mantenimiento. Mercader descartó la salida a Bolsa de la participada de certificación e inspección técnica de vehículos (ITV) Applus, tras la entrada de Fenosa y Caja Madrid como socios.