De la tarifa energética universal a la tarifa social
El camino a que se refiere el título es quizás el que todos los consumidores de energía deberemos recorrer, pero que lo hagamos antes o después dependerá de cómo evolucione la reforma que el Libro Blanco de la Electricidad ha iniciado, pero también de Bruselas. En la investigación que en la actualidad la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea está llevando a cabo en los sectores de la electricidad y gas natural, uno de los elementos clave es el precio de la energía eléctrica. En primer lugar, porque los precios inusualmente elevados son uno de los motivos que han llevado a la Comisión Europea a iniciar la investigación. En segundo lugar, porque el hecho de que Estados Miembros como España mantengan un sistema de tarifa dificulta, en opinión tanto de la Comisión Europea como de los reguladores consultados, la liberalización del sector energético, uno de los puntos clave de la Estrategia de Lisboa para Europa. Un breve análisis del sistema tarifario eléctrico ayudará al lector a comprender la importancia del asunto.
La tarifa, de la que pueden beneficiarse desde el consumidor industrial hasta el doméstico (llamémosla por ello universal), responde al principio de garantizar el suministro de energía a un precio razonable. Cuando se calcula la tarifa eléctrica para el año siguiente se tiene en cuenta en parte el precio en el mercado mayorista, pero no se establece un sistema de revisión a lo largo del año, por lo que con independencia de lo que ocurra en el mercado mayorista, esta tarifa permanece inalterada. En un escenario como el actual de crecimiento exponencial tanto del precio de los combustibles como de la demanda, el precio de la energía que anualmente se fija mediante tarifa es muy inferior a su coste de adquisición. Valga como ejemplo que el precio en el mercado mayorista en el 2005 llegó a duplicar el precio de predicción tomado por el Gobierno como referencia para calcular la tarifa de dicho año, y en lo que va del año 2006 se ha triplicado, como adelantaba este periódico en su edición del 31 de enero. Este sistema de cálculo presenta dos problemas.
En primer lugar, tiene un importante efecto distorsionador en los mercados energéticos que dificulta su liberalización. Como es sabido, desde enero de 2003 en España el consumidor puede elegir entre ser suministrado por un distribuidor a tarifa o por un comercializador al precio que libremente las partes pacten. Esta medida, que responde a la necesidad de liberalizar el mercado facilitando la entrada de nuevos competidores, pierde sentido si la existencia de la tarifa garantiza al consumidor el suministro de energía a un coste inferior al que cualquier comercializador le podría ofrecer. El lector puede preguntarse, acertadamente, que si tanto el distribuidor como el comercializador deben adquirir la energía eléctrica en el mercado mayorista, el coste será similar para ambos, por lo que las pérdidas debieran afectar tanto a distribuidores como comercializadores.
Lo que ocurre es que el sistema eléctrico español reconoce la posibilidad a los distribuidores de recuperar las pérdidas a través de un incremento de la tarifa en años posteriores (lo que se conoce como déficit tarifario y que según los expertos podría alcanzar los 6.000 millones de euros este año), sin que dicho reconocimiento se extienda a los comercializadores.
En segundo lugar, en la medida que el déficit se recupera a través de la tarifa, pero tarifa futura, el consumidor que termina sufragando el déficit tarifario no es el que hoy enciende la luz. Este último consumidor no tiene, por lo tanto, incentivo alguno para realizar un consumo cuidadoso, uno de los principales objetivos en política energética de este Gobierno.
Por ello, el Estado debería limitar su intervención en el sector a garantizar el suministro energético a los consumidores, dejando que sea el mercado el que determine el precio final (las autoridades de Competencia y regulatorias ya se encargan de velar por el funcionamiento eficiente del mercado) y manteniendo la tarifa social para los consumidores con menor poder adquisitivo. Mientras tanto, lo mínimo que podíamos hacer los consumidores de electricidad es no malgastarla.