El horizonte de las pensiones en la UE
La crisis del actual sistema público de pensiones se dejará notar en Europa, y especialmente en España, en la próxima década, según el reciente informe de Bruselas. La autora da las claves para solucionar el problema, centradas en el fomento de políticas que incentiven el ahorro privado
Tal vez la crisis más grave en el horizonte económico europeo sea la crisis futura de las pensiones públicas. El sistema actual no es sostenible, dadas las tendencias demográficas y de empleo y las características actuales del sistema. La crisis que se avecina es tan importante que no sería una exageración afirmar que habría que evaluar toda reforma, entre ellas la reforma del IRPF anunciada recientemente por el Gobierno, desde la perspectiva de cómo agrava o ayuda a solucionar la viabilidad de las pensiones.
¿Por qué se cierne una crisis tan importante sobre el sistema de pensiones públicas en Europa? La respuesta es sencilla: porque los ingresos al sistema están reduciéndose en relación a los pagos. Las explicaciones para este fenómeno son varias y sencillas. Los cambios demográficos y el alto desempleo han hecho estrecharse la población que trabaja y paga impuestos, mientras las jubilaciones anticipadas, el envejecimiento de la población y la larga vida media de los jubilados han aumentado el número de personas que cobran pensiones públicas. En Europa, como promedio, sólo tres contribuyentes mantienen actualmente a cada pensionista; y la ratio dentro de 30 años será de tres trabajadores por cada dos pensionistas.
El sistema actual, que se sustenta en las pensiones públicas, también plantea un problema fundamental: no hay un nexo muy claro entre el esfuerzo hecho para ganar, ahorrar e invertir durante la vida laboral y los ingresos recibidos después. Eliminar ese nexo es siempre peligroso para una economía.
¿Cómo se puede solucionar la crisis del sistema de las pensiones públicas en Europa? Los pasos tímidos que se han dado, como los acordados en el Pacto de Toledo en España, han ayudado a alejar un poco la llegada de la crisis, pero los problemas de raíz persisten e incluso se agravan. Nuevas subidas de presión fiscal no son una solución: ésta ya es alta en Europa y desincentiva el trabajo. Los flujos de inmigración podrán aliviar la carga temporalmente, porque aumentan la población joven y el número de personas contribuyendo al sistema con sus impuestos (siempre que los inmigrantes sean legales). Sin embargo, llegará un día en el que los inmigrantes también cobrarán pensiones.
El único cambio de raíz que ofrece esperanzas para resolver el problema, aparte de recortar drásticamente las prestaciones, es el de ceder más responsabilidad a los individuos sobre sus pensiones futuras. Si los individuos dotan sus propios fondos de pensiones con ahorros privados como suplemento a la pensión pública, no sólo se garantizan mayores recursos para el momento de la jubilación, sino que se restablece el nexo entre lo ahorrado y lo recibido. Por lo tanto, hay que encontrar la manera de incentivar fuertemente el ahorro privado, sobre todo el ahorro a largo plazo y el que se destina a pensiones.
Vista desde esta perspectiva, la reforma del IRPF que ha propuesto recientemente el Gobierno español da pasos en una dirección equivocada. En vez de suavizar su fiscalidad, la reforma sube la imposición sobre el ahorro a largo plazo del 15% al 18%. A su vez, reduce las deducciones para contribuciones a fondos de pensiones hechas por los mayores de 52 años (a la mitad, en algunos casos) y pone un tope a la desgravación anual para estas contribuciones.
Hay un aspecto de la reforma que se puede ver como positivo, que es el hecho de aumentar las deducciones por hijo. Las políticas de apoyo a la familia son mínimas en España todavía en comparación con otros países europeos y cambios como éste son necesarios. Pero tendrían que plantearse incentivos mucho más importantes para las familias numerosas si fueran a tener un impacto sobre las tendencias demográficas.
En la política, y sobre todo en la política fiscal, hay una tentación constante de vivir en el corto plazo. Sin embargo, la crisis de las pensiones exige un giro en ese enfoque hacia el largo plazo. Con proyecciones de hasta un 33% de la población en edad de jubilación dentro de pocos años, el reto de asegurar una pensión digna a las personas mayores, sea pública o privada, se puede convertir en una crisis abierta que sea demasiado fácil de manipular desde la política.
Si no se consigue una transición gradual y ordenada hacia un sistema que se sustente en mayor ahorro privado, las consecuencias para una parte importante de la población y para la convivencia social y política dentro de unos años pueden ser desastrosas. Cualquier reforma fiscal tiene que tener esta transición como objetivo.