Apoyar la opa ¿es una decisión política?
El Gobierno de España debe tomar una decisión acerca de la opa lanzada por Gas Natural sobre Endesa en los próximos días. Se discute si la decisión se tomará en base a criterios políticos. Si se entiende por tales el solucionar los problemas de los ciudadanos, entonces sí, la decisión debe ser claramente política. Es responsabilidad de los gobernantes velar por que nuestras empresas y nuestros hogares tengan proveedores que les aseguren abastecimiento energético seguro y a precios razonables.
En una situación de crisis energética mundial, esto sólo lo puede hacer la fortaleza de grandes unidades empresariales. Que inviertan en las comunidades autónomas y que tengan capacidad para negociar contratos cada vez más caros y cada vez a más años; recordemos que se están firmando a 25 años.
Mientras llega ese momento, quizá es la hora de reflexionar sobre el presente y el futuro del sector energético, donde se enmarca la operación. Un sector estratégico a la hora de mantener el crecimiento económico que ha experimentado el país y que todos queremos que continúe. La gran crisis energética de la década de los setenta hacía inevitable que los Estados trataran de garantizar el suministro y la diversificación del uso de las materias primas para evitar la excesiva dependencia del petróleo. Una situación que hemos heredado y que es necesario resolver.
La dependencia energética que tiene actualmente la Unión Europea ha quedado patente ante el corte de suministro de petróleo y gas que Rusia provocó por su conflicto con Ucrania. En esta ocasión España no ha sufrido las consecuencias, pero sí Europa central. Alemania, por ejemplo, tuvo graves problemas energéticos en pleno invierno que pudieron llegar a ser más importantes si no se llega a resolver la crisis. Quizá un elemento que jugó a favor de lograr una solución rápida fue la influencia del grupo energético formado tras la compra de la gasista Ruhrgas por la eléctrica Eon en 2003, y que contó con el visto bueno de Bruselas.
Cabe recordar que España no está conectada al gasoducto ruso, pero sí al que procede de Argelia y atraviesa Marruecos, que el año pasado sufrió algunas incidencias no justificadas.
La cada vez mayor complejidad de los mercados hace necesario aumentar la capacidad de negociación de las compañías, lo cual está incrementando el proceso de fusiones y adquisiciones de empresas energéticas en todo el mundo.
Además, la apertura a la competencia y la reducción de las barreras a la entrada de empresas extranjeras que tanto predica Bruselas hacen que las compañías, entre ellas las españolas, busquen una dimensión adecuada para poder enfrentarse a los grandes grupos que irán apareciendo en Europa.
En muchas ocasiones se confunde el tamaño de las empresas con la desaparición de la competencia y el consiguiente perjuicio final a los consumidores. Sin embargo, la falta de competencia en el sector en España depende más bien del regulador, que debe garantizar el suministro energético y mejorar el sistema de transporte, a la vez que impide la creación de monopolios. A partir de ese punto, son los accionistas los que deben sopesar la oferta que les han puesto sobre la mesa y decidir lo que más les interesa.