Degradación del castellano en la UE
La principal razón que ha esgrimido la Dirección General de Traducción de la Unión Europea (DGT) para rebajar la cifra de traductores al castellano es que el número de personas que, residiendo en España, tienen dicha lengua materna es de 30 millones y no los 44 millones de personas que han reflejado las últimas cifras oficiales. En función de este argumento, absolutamente peregrino, se va a recortar el servicio de traducción al español un 33%, nada menos.
Resulta muy preocupante que una medida tan drástica se haya tomado con precipitación y sin el apoyo en datos objetivos. Para empezar, se ha hecho caso omiso del contenido de la Constitución Española, donde se proclama que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo (artículo 3.1), sin perjuicio de que se fomente la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, consideradas como patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección (artículo 3.3). El desarrollo de este mandato constitucional no sólo se produce por la intervención de las comunidades autónomas con lengua vernácula distinta del castellano (como mandan los artículos 148 y 149) sino que, además, está siendo impulsado por múltiples acciones del Gobierno de la nación, como prueba el apoyo que el propio Instituto Cervantes, organismo creado para el fomento en el mundo del castellano, presta reiteradamente al desarrollo de las lenguas catalana, valenciana, vasca y gallega.
Además de ello, y por lo que se refiere a la población inmigrante que no es de origen hispano, se están haciendo importantes esfuerzos para que aprenda a hablar, leer y escribir en castellano, entendiendo que el conocimiento de la lengua es requisito imprescindible para su integración social.
Pero, en este caso, la norma constitucional se ve cumplida sobradamente en la realidad cotidiana y los propios datos disponibles sobre conocimiento de lenguas vernáculas, que lamentablemente no han sido aprovechados por nuestros representantes en la Eurocámara, ponen en evidencia la improvisación con la que se ha llevado a cabo la medida de reducir el número de traductores a la lengua castellana.
En los censos generales de la nación de España se vienen incorporando preguntas adicionales sobre conocimiento y uso de las lenguas vernáculas distintas del castellano. En el último, realizado en 2001, se apreciaba que un 16,93% de la población residente en territorio nacional, además del castellano, entendía, hablaba y sabía leer y escribir la lengua vernácula de su comunidad de residencia. Por ello, y aun en el supuesto irreal de que esas personas sólo conocieran dicha lengua vernácula e ignoraran el castellano, el porcentaje de reducción de traductores sería sólo la mitad de ese 33% en que se ha limitado efectivamente el número de traductores a la lengua castellana.
En las tablas que facilita el censo de 2001 se aprecia, junto con el avance registrado en la normalización lingüística, que los porcentajes de conocimiento de las lenguas vernáculas en las comunidades autónomas todavía no tienen un carácter general. En Galicia, entienden, hablan, leen y escriben en gallego un 55,97% de los allí residentes. En Cataluña, el porcentaje es del 48,86% con la lengua catalana. En el País Vasco es un 45,85% con el euskera. En Baleares un 36,68% con el balear. En la Comunidad Valenciana un 23,36% con el valenciano. En Navarra, por último, es un 12,91% de su población la que entiende, habla, escribe y lee en euskera.
Pero, además de la injusticia que, a la vista de estos datos, implica una reducción tan drástica en el número de traductores al castellano, lo más lamentable es la ignorancia de la DGT sobre la potencialidad que nuestra lengua tiene para que Europa se proyecte en el mundo precisamente a través del castellano, proporcionando a esa población de más de 300 millones de personas que hablan nuestra lengua en el mundo todo tipo de documentación europea en su propia lengua, como viene haciendo el Instituto Nacional de Estadística de España en sus programas de formación a países iberoamericanos, que de esta forma pueden aprovecharse, con carácter inmediato, de metodologías, informes, cuestionarios, manuales, clasificaciones y, en general, de todo tipo de material teórico y práctico.
Y algo que todavía queda pendiente de aclarar es cómo se puede reducir un servicio que, conseguido cuando el PSOE negociaba en Bruselas los primeros acuerdos agrarios, donde se exigió la traducción al castellano bajo la amenaza de abandonar las reuniones, viene siendo pagado por el propio Estado español durante los últimos años.