El Parlamento de la UE pide a Valencia que corrija la política urbanística
El Parlamento Europeo aprobó ayer un informe en el que se insta 'con urgencia' a aplicar una moratoria en las recalificaciones urbanísticas en la Comunidad Valenciana hasta que entre en vigor la legislación que sustituirá a la actual Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994 (LRAU).
El documento, que no tiene carácter vinculante, podría afectar a decenas de actuaciones urbanísticas que esperan el visto bueno de la Consejería de Territorio para modificar el plan de ordenación urbana de los municipios, modificando la calificación del suelo para poder urbanizar. El Gobierno autonómico estima en 96 los planes que debería paralizar y que afectan a unos 55 millones de metros cuadrados. Fuentes no oficiales cifran en 150.000 viviendas las que están pendientes de estas recalificaciones.
La intervención del Parlamento Europeo se produjo tras las cerca de 15.000 quejas recibidas por la comisión de Peticiones del Parlamento sobre abusos urbanísticos en la aplicación de la LRAU, muchas de ellas de ciudadanos de otros países de la Unión Europea (UE) residentes en la Comunidad Valenciana.
Las denuncias propiciaron una visita de europarlamentarios a Alicante, la zona con más denuncias, que desembocó el conocido como Informe Fourtou en el que se denuncia especialmente el sistema de expropiación de terrenos -como compensación a los costes de la urbanización emprendida por las constructoras constituidas en agentes urbanizadores- con tasaciones muy bajas y que posteriormente se revendían a precios mucho más elevados. El consejero de Territorio y Vivienda valenciano, Rafael Blasco, se limitó ayer a recordar que la ley que sustituirá a la LRAU, y que se prevé se apruebe en febrero de 2006, recoge las recomendaciones del Parlamento Europeo y se mostró 'respetuoso con esta decisión que no es vinculante'.
Ley del PSOE que el PP ha impulsado
La LRUA se aprobó en el último año de legislatura socialista en la Generalitat Valenciana como fórmula para liberar suelo. Sin embargo, la libertad que otorga a los agentes urbanizadores para decidir sobre un determinado suelo ha generado miles de quejas durante su aplicación. Ayer el consejero valenciano de Territorio, Rafael Blasco, del PP, dijo que la resolución de la Eurocámara era un varapalo al PSOE. Sin embargo, sólo en esta legislatura y bajo su tutela, se han recalificado más de 20 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable a urbanizable.