El Gobierno anticipará a 2007 el nuevo sistema de financiación
La necesidad de reformar en los próximos meses el modelo de financiación que el PSC, ERC, IC y CiU han incorporado al Estatuto catalán que se tramita ahora en el Congreso, ha obligado al Ministerio de Economía a reconsiderar el calendario previsto para negociar con el conjunto de las comunidades el nuevo sistema de financiación autonómica. Su entrada en vigor estaba pensada para enero de 2008, pero lo hará un año antes.
Pese a los esfuerzos realizados por el vicepresidente económico, Pedro Solbes y por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para que el Estatuto catalán sólo incorporara perfiles muy generales del modelo de financiación, el texto llegado al Congreso contiene una regulación completa del mismo para Cataluña que, según los expertos consultados por el Gobierno, no es constitucional ya que en la Carta Magna no cabe que un Estatuto diseñe un sistema acabado con pretensión de eficacia normativa directa. El apoyo final de CiU al Estatuto, que posibilitó su aprobación en el Parlamento autonómico, fue lo que trastocó los planes iniciales del Gobierno e, incluso, del tripartito catalán.
Para superar esta dificultad, sobre la que gravita el éxito o el fracaso del Estatuto en su actual trámite parlamentario, el Gobierno ha decidido ensayar una negociación paralela harto complicada con el fin de encajar aquellos aspectos del Estatuto que son asumibles y que son aplicables al resto de las comunidades autónomas, excepción hecha del País Vasco y Navarra. Una negociación se desarrollará en la Comisión Constitucional del Congreso, donde es intención del Gobierno llegar con un pacto sobre financiación muy avanzado que aglutine las aspiraciones del tripartito catalán y CiU. La otra negociación será encauzada con el resto de las comunidades a través del grupo de trabajo que se constituirá en enero dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ella es en la que se intentarán encajar aquellos aspectos del Estatuto catalán que asume Economía y que valdrán para el conjunto de los territorios.
Esta segunda negociación llevará en la práctica a que el nuevo modelo de financiación autonómica entre en vigor en enero de 2007 y no en el arranque de 2008, como pretendía Solbes. Es decir, antes de las próximas elecciones autonómicas y locales. Esto sólo será posible, se admite en el Gobierno, si las siete comunidades que gobierna el PP tienen voluntad de acuerdo y no se atienen a los criterios partidistas de confrontación que se podrían querer aplicar desde la cúpula del PP.
Diferencias con el modelo catalán
Si bien el Ejecutivo y las comunidades socialistas son mayoría en el Consejo de Política Fiscal, sería complicado imponer un modelo de financiación con el rechazo de las regiones gobernadas por el PP, ya que generaría litigiosidad y, según se gestionara el desacuerdo, el correspondiente desgaste político.
El modelo que se defiende desde Economía prevé que cada administración recaude y gestione los impuestos cedidos y que el Gobierno central retenga las competencias sobre los tributos de titularidad estatal. Por lo tanto, no se acepta que Cataluña recaude todos los impuestos y ceda al Estado una parte de los ingresos obtenidos por IRPF, Sociedades, IVA e Impuestos Especiales.
Con el modelo vigente, las comunidades tienen ya cedido el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los Impuestos Especiales, así como las competencias sobre Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Juego, venta minorista de hidrocarburos, medios de transporte y electricidad.
Un proceso paralelo al de la reforma fiscal
Para encauzar con éxito la negociación sobre el modelo de financiación dentro del Consejo de Política Fiscal lo primero que intentará hacer el Gobierno es poner de acuerdo a las comunidades que gobierna el PSOE, que sí coinciden en los grandes principios. A saber: el nuevo modelo tiene que financiar y garantizar en el tiempo la prestación con equidad de niveles homologables de servicios públicos en el conjunto del país; el lugar de residencia no debe de establecer diferencias en prestaciones públicas esenciales; la mejor capacidad fiscal de unos territorios frente a otros no debe otorgar posición privilegiada para sus ciudadanos ni posición de privilegio para su gobiernos; se deben reforzar los mecanismos de solidaridad y aumentar la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos.Zapatero intentó plantear los prolegómenos de la negociación durante la última Conferencia de Presidentes, pero la urgencia de las comunidades en resolver el problema del déficit sanitario frenó sus intenciones.Fuentes de Economía y Administraciones Públicas prevén una negociación 'larga y compleja'. En parte, porque coincidirá también con la exposición de la reforma fiscal comprometida por el PSOE en su programa electoral, cuyos perfiles incidirán en el nuevo modelo de financiación.En todo caso, los principales escollos tendrían que estar salvados antes de junio, fecha prevista por los socios del tripartito catalán para tener aprobado el Estatuto en el Congreso. El Gobierno dispondría del segundo semestre de 2006 para trenzar con las comunidades aquellos flecos de la negociación que quedaran pendientes en el Consejo de Política Fiscal, con el objetivo de lograr un acuerdo definitivo antes de fin de año y permitir la entrada en vigor del nuevo modelo en enero de 2007.
Oposición a las recetas a la carta
Si algo ha quedado claro en el reciente debate autonómico celebrado en el Senado es la rotonda oposición de la gran mayoría de las comunidades a establecer modelos de financiación 'a la carta'. Quien con mayor empeño ha abanderado desde el PSOE esta resistencia a ceder a las pretensiones de CiU y del tripartito catalán ha sido el presidente andaluz, Manuel Chaves. El actual presidente del PSOE considera positivo avanzar en una mayor autonomía financiera de las comunidades que les permita establecer 'espacios fiscales propios', con capacidad normativa, de gestión tributaria y de recaudación. Chaves y la mayoría de las comunidades gobernadas por el PSOE se decantan también por la incorporación de nuevos impuestos a la cesta de tributos compartidos, así como por la creación de agencias tributarias que colaboren en forma de consorcio con la estatal.