TRIBUNA

Un problema general

La Política Agraria Comunitaria (PAC) guarda una relación cada vez más estrecha con la Directiva Marco de Aguas (DMA), según la cual los regantes deben emplear las mejores tecnologías disponibles en materia de riego para impulsar el ahorro de agua.

En este sentido, los regantes deben concienciarse, cada día más, de la necesidad de modernizar sus estructuras de regadíos, con el fin de utilizar de una manera eficiente el agua de riego y garantizar así la percepción de las ayudas agrarias comunitarias durante los próximos años.

Sin embargo, tan importante como acometer la modernización de los regadíos es garantizar el suministro de agua a precios competitivos que permitan la viabilidad de la agricultura. Desde Fenacore vemos con cierto temor que este esfuerzo económico que están realizando los agricultores en la mejora y consolidación de sus regadíos pueda caer finalmente en saco roto si no tienen el agua garantizada.

Es indudable que la modernización de regadíos es una condición necesaria para utilizar el agua con eficiencia, pero no suficiente, ya que la solución real para garantizar el suministro es traer el agua necesaria de otras cuencas hidrográficas a través de los trasvases en el Levante español, además de ejecutar las obras hidráulicas y embalses necesarios en el resto de las cuencas hidrográficas, así como otras medidas de gestión de la demanda: mejora técnica de regadíos, recarga de acuíferos, depuración, desalación, reutilización de aguas, etcétera.

Por otra parte, la posibilidad de que asistamos a un cambio climático en los próximos años, con lluvias torrenciales y espaciadas en el tiempo, hace necesaria con más motivo que nunca la ejecución de estos embalses de regulación para evitar, por un lado, que se produzcan catástrofes como las inundaciones de poblaciones y, por otro, para favorecer el aprovechamiento de esa agua de lluvia y su empleo en los periodos más largos de sequía.

Durante el último año, desde que el Gobierno anunciara la derogación del trasvase del Ebro, hemos oído hablar en reiteradas ocasiones de la desalación como la panacea al problema de la sequía en España. Sin embargo, en el ámbito agrícola, la desalación debe ser considerada como una medida complementaria de otra fuente principal -superficial o subterránea- y debe estar enmarcada en un conjunto más complejo de actuaciones que mitiguen el problema de la escasez de agua, sin perjudicar la rentabilidad de los cultivos ni el medio ambiente.

Por todo lo expuesto, desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes consideramos primordial que el Gobierno agilice las obras hidráulicas contempladas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), con el fin de despejar la incertidumbre existente entre los agricultores sobre el futuro de su actividad y asegurar que las próximas sequías sean más llevaderas.

La contaminación política del agua está causando desencuentros poco afortunados entre comunidades autónomas y un gran perjuicio no sólo a los propios usuarios sino también al Gobierno de la nación. Las decisiones sobre la gestión del agua no son fáciles pero deben descansar siempre sobre el consenso y responder a los intereses reales de los usuarios, y no a intereses partidistas.

El agua es un problema de todos y, por ello, no podemos permitirnos que el agua genere enfrentamientos entre comunidades. Entre todos debemos de esforzarnos por conocer las dificultades y problemas particulares del agua de las regiones y cuencas vecinas, hacerlos nuestros y apoyar las soluciones con solidaridad.

Ninguna cuenca, comunidad autónoma, ayuntamiento o comunidad de usuarios es dueña del agua. El concepto localista del agua que se está trasladando a la opinión pública es erróneo, ya que el derecho al uso privativo del agua se adquiere mediante una ley o una concesión administrativa. El agua es de todos los españoles.