COLUMNA

Transformar innovación en crecimiento

La educación universitaria, especialmente la tecnológica, es uno de los lados del triángulo del conocimiento del que tanto se habla en Europa, y absolutamente necesaria para desenvolverse en la economía globalizada. En España, en 1975-2000, el número de alumnos matriculados en educación superior se multiplicó por tres, un punto más que la media de la UE. El curso 2001-2002 tuvo 1,5 millones de estudiantes, el 25% de la población de 20 a 29 años. A partir de ahí se ha producido una caída de matriculados por la bajada de la tasa de natalidad y por la falta de adecuación de la educación superior a las necesidades empresariales, lo que da lugar a una elevada tasa de paro de titulados superiores.

Según el INE, el 46% de la población española con estudios superiores trabaja en ocupaciones que no exigen tal cualificación. La relación entre la posesión de formación universitaria y empleabilidad muestra grados muy distintos según las titulaciones, siendo el grupo con mayor oferta el de titulaciones técnicas, que absorben el 63%.

Se ha dicho que la baja calidad de nuestra educación universitaria y de los abandonos de estudios está en el bajo porcentaje del PIB que España asigna a educación superior. Sin dejar de ser cierto, ya que en 2000 el porcentaje fue del 1,20%, ligeramente inferior a la media europea y netamente inferior a la de la OCDE (1,75%), el principal factor se encuentra en la mala organización del sistema público, donde no existe un mercado competitivo regulado de la educación, no sólo entre centros públicos sino entre públicos y privados, con libertad absoluta de elección de centro y donde el dinero público siga al estudiante.

La calidad se convertiría así en el instrumento de cada universidad para conseguir estudiantes. Si no hay estudiantes no hay subvención pública. La subvención igual para todos, centros públicos y privados, sería función del número de estudiantes.

La forma en que se financia en España la educación universitaria produce falta de equidad en el sistema e ineficiencia en su gestión. Para hacer más equitativo el sistema, y que tenga efecto sobre el conocimiento, propongo un cambio en el modelo de financiación, como en otros países. El coste de la educación universitaria pedida por los estudiantes se financiaría por los Presupuestos en un 30% en razón de sus externalidades positivas, y el 70% restante lo pagarían los estudiantes. Por equidad, a los estudiantes de familias de renta baja y media baja se les concedería una beca por ese 70%, con cargo a los Presupuestos. Este modelo haría que las universidades, al tener que luchar para captar alumnos, sin los cuales no tendrían financiación, modificarían sus estructuras organizativas y sus procesos de tomas de decisión para hacerlos más eficientes, y al tiempo adaptarían su oferta de titulación y su calidad a lo que la sociedad demandase.

El conocimiento se genera con los programas de investigación y desarrollo (I+D), y España gasta sólo un 1% del PIB con tal finalidad, la mitad de la media de la UE y un tercio de EE UU. Pero no sólo gastamos poco, sino que además lo hacemos con poca eficacia, pues distribuimos los recursos disponibles en muchos proyectos de pequeña dimensión, lo que conduce a tener poca experiencia en gestionar grandes proyectos de I+D, en los que participen las empresas privadas.

La Fundación Cotec ha defendido la fórmula de los grandes proyectos, orientados a las necesidades tecnológicas de los distintos sectores, que servirían de orientación a la investigación pública y privada.

En 2004 se ha publicado el Cuadro europeo de indicadores de la inversión empresarial en I+D, que concluye: 500 empresas de la UE invirtieron en I+D 100.000 millones de euros, y 500 empresas no pertenecientes a la UE invirtieron el doble; las empresas con sede en Alemania, Francia y Reino Unido concentraron el 74% de la inversión en I+D del total de las 500 europeas, las nueve españolas incluidas en el Cuadro representan escasamente el 0,5% del total de la inversión en I+D de las empresas europeas.

El gasto en I+D ejecutado por el sector público en España fue en 2002 del 0,47% del PIB, la mitad de Francia y Alemania, y se concentra en el campo de los bienes públicos (ciencia, defensa y servicios básicos de educación y sanidad). El sector empresarial ejecuta el 54% de los gastos nacionales de I+D, si bien en términos de recursos humanos (investigadores) la proporción es sólo del 30%. Por sectores, la industria manufacturera se coloca en cabeza, con una inversión en I+D del 2% del valor añadido bruto del sector, muy por encima de lo invertido por las empresas de los sectores agrario, energía y agua, construcción y servicios destinados a la venta.

Son factores que influyen en la innovación, pero sin mejorar la eficiencia en la gestión, su incidencia será pequeña, y no será posible transformar innovación en crecimiento. Pero la política de innovación no debe limitarse a hacer política científica y tecnológica; la propia Comisión Europea ha incluido en la propuesta de Perspectivas Financieras para 2007-2013 un Programa Marco de Competitividad e Innovación.

La innovación en la empresa comprende dos campos: uno, introducir en el mercado bienes y servicios nuevos (innovaciones de producto); otro, cuando se utilizan en la producción de bienes y la prestación de servicios procesos tecnológicamente nuevos o mejoras tecnológicas importantes de los mismos (innovaciones de proceso).

En 2003, de los gastos totales de las empresas en I+D+i, el 64% corresponde a gastos internos y externos en I+D, el 20% a adquisición de maquinaria y equipo y el 3% a introducción de innovación de productos en el mercado. Esta distribución en las empresas españolas presenta una gran distorsión en relación con las europeas. España muestra una proporción mayor que la media europea en innovaciones de proceso y menor en la innovación de producto: la diferencia es especialmente importante si la comparación se limita a las empresas que innovan. En la UE un 17% de las empresas innovadoras industriales lo hacen especialmente por introducción de un nuevo proceso de producción; en España ese porcentaje llega a ser de un 33%, en cambio en los procesos de producto en las empresas europeas la proporción es del 56%, en tanto que en España es sólo del 49%.