El litoral español frente a la erosión humana
El turismo y la construcción dependen de un desarrollo sostenible
La costa española no tiene longitud infinita y tampoco es indestructible. La preocupación por los efectos del urbanismo privado y público sobre la calidad de las playas es creciente, pero choca con la inercia de dos de los grandes pilares de la economía española: el turismo y la construcción. Ecologistas y geólogos avisan de que la pujanza de ambos sectores depende precisamente de que las costas no se degraden. El problema, en todo caso, no es sólo español. Un informe de la Comisión Europea del año pasado calcula que un quinto del litoral de la UE se retrajo entre 0,5 y 2 metros por año entre 2002 y 2004. Un 11,5% de la costa española sufrió una erosión significativa en ese periodo de tiempo, según la Comisión.
Los tres grandes enemigos de las playas son, según el Ministerio de Medio Ambiente, la edificación al límite de la ribera del mar, las presas, y los puertos. Un informe de la consultora sectorial DBK calcula en 181.000 las viviendas en la costa vendidas en 2004, un 13,1% más que el año anterior. El estudio prevé que en el bienio 2005-06 la cifra se estabilice en 170.000-175.000 unidades, debido a los elevados precios y a la gran saturación en algunas zonas.
Cádiz, Almería, Huelva, Murcia y el Cantábrico han seguido los pasos de Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana y cada vez son menos los espacios vírgenes.
Para proteger las zonas más cercanas al mar se promulgó en 1988 la Ley de Costas, que derogó la de 1969. Rita Rodríguez, abogada de la asociación ecologista Adena, la califica de 'perfecta. Supuso un avance capital. Pero la mentalidad de la gente no se cambia tan pronto'. Para Luis Eugenio Suárez, presidente del Colegio de Geólogos, el problema es que la Ley 'llegó tarde, cuando las playas ya estaban invadidas'.
Del cumplimiento de la ley se ocupa la Dirección General de Costas, las Comunidades Autónomas y las 23 demarcaciones y servicios provinciales de costas. La Dirección General controla el dominio público marítimo-terrestre (zona cuya importancia se considera equivalente a la de las playas), y otorga las concesiones para construir o mantener una edificación en él. Las comunidades autónomas tienen competencia sobre la zona de servidumbre marítima, que alcanza 100 metros desde la ribera del mar, en la que la propiedad privada está muy limitada.
Infracciones y soluciones
Las infracciones son muy frecuentes, y los plazos administrativos largos. Juan Manuel Abarca, de la Demarcación Costa Andalucía Atlántico, reconoce que 'de noche y los fines de semana se construye mucho en la zona de servidumbre', y que 'a veces pasan 10 años hasta que las construcciones ilegales se derriban.' Y eso no es una garantía definitiva, según Rita Rodríguez. 'A los dos años vuelven a construir.' Las concesiones también plantean controversia. La abogada de Adena lamenta que su persecución 'es muy difícil. Desde que se ejecutan hasta que puedan anularse, pasan al menos seis años.'
A veces es la propia Administración la que daña el litoral, al construir puertos, paseos marítimos y carreteras cercanas a la costa. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas reconoce que las costas situadas al sur de los puertos sufren alteraciones sedimentarias, y que los paseos marítimos obstruyen el flujo de las mareas.
El geólogo Suárez lamenta que 'no se hayan hecho estudios de la dinámica litoral previas a la construcción de puertos pequeños hasta los últimos años.' El problema de los embalses, que también alteran el ciclo sedimentario, 'tiene difícil tratamiento, por su importancia en otros ámbitos', explica Suárez.
La regeneración de la arena de playa no es una solución fácil. Hay protocolos de actuación sin contraindicaciones, pero son muy costosos. Abarca explica que a veces 'se recurre a las canteras, que no es lo más idóneo pero no crea problemas ambientales adicionales, como cuando se extrae arena de otras zonas costeras.'
El problema de los deslindes
La delimitación del dominio público marítimo-terrestre, aquel en el que no se puede construir, es la parte más conflictiva de la Ley de Costas de 1988, que incluye en el dominio público las zonas de depósito de materiales sueltos, tengan o no vegetación. A juicio de José Ortega, abogado especializado en esta ley, 'es un margen demasiado amplio e impreciso. Un bosque arraigado en las dunas también se considera playa'. A todo esto se une que los deslindes nunca son definitivos, debido a la variabilidad del alcance del mar. 'La Audiencia Nacional está anulando muchos deslindes', recuerda Juan Luis Navarro, letrado especialista en costas.Luis Eugenio Suárez, presidente del Colegio de Geólogos, cree que en la Ley falta una normativa técnica y que los deslindes se hacen con criterios 'subjetivos, no geomorfológicos, y dependiendo de si el dueño es un particular o un gran holding hotelero'. La Dirección General de Costas ha reconocido en alguna ocasión que el hecho de que los Ayuntamientos obtengan gran parte de sus ingresos de las tasas urbanísticas es uno de los factores que dificultan la aplicación de la normativa.El cambio más importante de la ley de 1988, frente a la de 1969, es que sustituyó el proceso judicial de expropiación de las propiedades edificadas en terreno protegido por uno meramente administrativo.Esa circunstancia, para Ortega, 'debería haber llevado consigo un mayor cuidado al deslindar, teniendo en cuenta las situaciones concretas y los efectos sobre la propiedad privada'.El Ministerio de Medio Ambiente asegura que completará el deslinde nacional en 2008, para acabar con la situación de alegalidad de gran parte del litoral.