La edad de jubilación, clave en la reforma de las pensiones
Los técnicos aseguran que los sistemas de pensiones sólo podrán sostenerse si se lleva el retiro a los 70 años, pero el mercado provoca la salida forzosa a los 60
Retrasar un año la edad legal de jubilación proporciona a la Seguridad Social un respiro financiero de casi 6.000 millones de euros. Adelantarla, un castigo de similar cuantía. ¿Qué haría usted si fuere el gestor de una Seguridad Social asfixiada por números rojos, como lo estará la española dentro de diez años? La solución parece de cajón, pero ni la doctrina se pone de acuerdo, ni los gestores se atreven a mover una norma que pueda soliviantar los ánimos de los administrados. Mientras tanto, el sistema de pensiones sigue esperando 'retoques suaves', como dice el Gobierno, para evitar 'reformas dramáticas' en media docena de años.
En los diez últimos años, el ímpetu reformista ha estado anestesiado en España, con bajo perfil, por la robustez financiera de la Seguridad Social. Pero antes de que los partidos políticos mayoritarios (PP y PSOE) pactasen, en 1995, un modelo básicamente contributivo de reparto con complementos privados voluntarios, los arietes economicistas y liberales atacaron con la supuesta perfección del modelo de capitalización individual y de gestión privada. Ahora, resuelto el problema demográfico con la entrada de casi cuatro millones de inmigrantes, reverdece el peligroso envejecimiento (España será el país más mayor de Occidente dentro de 40 años) para justificar la ofensiva.
¿Solución? Prolongar la vida laboral. Pero hacerlo en un país con grandes incentivos a acortarla y con una asfixiante presión del mercado de trabajo, que expulsa a los activos cuando se acercan los 55 años, no es fácil.
En España la edad legal y cuasi obligatoria de retiro laboral está establecida en 65 años desde que se creó el Seguro Obrero Obligatorio en 1919, cuando la esperanza de vida era de únicamente 41 años. Ahora, con la esperanza de vida en torno a los 80 años (más alta entre mujeres que entre hombres), la edad legal sigue en los 65 años, y la real, con las válvulas de la prejubilación, en los 61. En varios países se ha planteado elevar la edad de jubilación, e incluso la idea cuenta con el padrinazgo doctrinal de los expertos de la Unión Europea.
David Stanton, el británico que preside el Grupo de Indicadores Sociales de la Unión Europea (utilizados para armonizar los criterios de medida de los sistemas de protección en la Unión), defiende un incremento progresivo de la edad de jubilación, hasta llegar a los 70 años. 'Sólo así podremos preservar la salud del sistema sin hacer esfuerzos añadidos de contribución', dijo en un seminario reciente en Santander, ante decenas de expertos en sistemas de previsión, y basándose en una proyección realizada para el Gobierno británico, pero extensible a la práctica totalidad de los países de la Unión. A su juicio, dentro de 40 años el esfuerzo financiero sobre PIB para soportar las rentas de la vejez será de un 17,5%, casi el doble que ahora, que no llega al 10% (9,9% del PIB).
Pero si la edad media de jubilación en la Unión Europea se llevase a los 70 años, en 2050 el esfuerzo sobre PIB sería igual al actual: 9,9%. Es decir: los incrementos de coste que supone el envejecimiento y el aumento de pasivos sería compensado con un retraso en la edad de retiro. Ahora los europeos abandonan la vida activa a una edad media de 59,9 años, con lo que el esfuerzo que supondría llevarla hasta los 70 años, siempre que fuese obligatoria y no existiesen los respiros de la prejubilación, sería de 10,1 años, casi un 20% más. Y el tiempo de jubileo, si ahora es de una media de 18 años, se reduciría a ocho, en un 60%.
Gráficamente lo explica Bernd Marin, el austriaco que dirige el Centro Europeo de Investigación en Políticas Sociales, con una pirámide esclarecedora (ver ilustración). El ejercicio revela que en 1970 la gente trabajaba 44 años para financiar 24 de dependencia (formación más vejez). Pero ahora, en 2003, la población trabaja sólo 33 para financiar 44, porque la formación es más dilatada y la esperanza de vida estira la vejez. En resumidas cuentas, Marin cree que los sistemas de pensiones 'están diseñados para soportar 12 ó 14 años de retiro medio, pero no 18 ó 20'.
'La solución es trabajar, trabajar y trabajar. Esto no debe ser un campo de concentración: trabajar es libre, pero el que quiera dejar de trabajar, que lo pague. Lo que no es aceptable es que 6.000 maestros se hayan ido a su casa con una pensión de más de 2.000 euros, con sólo 49 años, en noviembre pasado, en Austria', dice Marin indignado.
Más gente y más años trabajando
Hacer trabajar a más gente, y más años. Esta receta ha sido aplicada ya en varios países, como Estados Unidos, Alemania, Lituania, Turquía, Israel, Italia o Brasil. Y de hecho, la Cumbre de Lisboa ha establecido un compromiso para la Unión Europea, estableciendo que la edad real de retiro se retrasase de forma efectiva en cinco años en 2010, lo que la llevaría a los 65 años (ahora 59,9).
El director de Protección e Integración Social de la Comisión Europea, Jerôme Vignon, asegura que Europa necesita reformas urgentes para garantizar la estabilidad financiera de los sistemas de protección en el futuro. Pero cree que está por resolver el debate sobre si 'el coste de la protección perjudica la competitividad económica de Europa o no. Veremos en septiembre qué planteamientos hace Tony Blair, pero Europa necesita clima de confianza para reformar'.
En España, sin embargo, la gente no quiere saber nada de retrasar la jubilación: un 70% lo rechaza porque cree que 'ya trabajamos bastante' o porque 'no aliviaría las finanzas de la Seguridad Social', según encuesta realizada y publicada por José Antonio Herce y Pérez García en 1995. Hoy la percepción no ha cambiado, y, de hecho, sólo el 36% (casi uno de cada tres) llega a los 65 años trabajando; el resto lo deja antes, y un 29% de los jubilados lo son al cumplir los 60 años.
Pero que dos de cada tres retiros se produzcan antes de los 65 años no es normal. Cierto es que ocurre en toda la Unión Europea, seguramente porque en todos los países las circunstancias económicas son similares, y los modelos de Seguridad Social, clónicos. En España, para analizar lo cercano, existe una institución cada vez más extendida, generalizada por múltiples circunstancias, y que tiene difícil corrección: la prejubilación. Las empresas han utilizado históricamente, al menos en los últimos 30 años, la Seguridad Social como vía de escape a sus crisis económicas, como alivio de sus plantillas. Pero siempre siguiendo el mal ejemplo de los Gobiernos, que se han servido del sistema para aparcar los excedentes de las reconversiones industriales.
Estructuralmente sólo tenían a su alcance el retiro a los 60 años (o a cualquier edad entre esta y los 65) todos los afiliados que estuvieren de alta en enero de 1967. Este derecho, una auténtica bicoca comparativa con los demás, tenía, tiene todavía, un coste: una reducción de sus pensiones de un 8% por cada año de anticipación del retiro, sin posibilidad de recuperarlo nunca. Pero como esta bolsa de cotizantes se está agotando, el Gobierno ha permitido, con la presión sindical y patronal, una prórroga selectiva del mecanismo desde los 61 años, siempre que medie un expediente de crisis de una empresa, y que se hayan cotizado 30 años.
Pero a esta válvula de escape se ha añadido una tercera, consistente en la jubilación parcial flexible, que únicamente debe estar avalada por un convenio colectivo, que recoja la sustitución parcial del prejubilado por un trabajador joven. El prejubilado que con 60 años puede abandonar parcialmente la empresa puede reducir su jornada hasta dejarla en un 15% (que en muchos casos no cumple), y acceder a la pensión sin recorte de cuantía y con el único requisito de haber cotizado 15 años.
Esta portezuela trasera está siendo utilizada de manera abusiva (dos de cada tres prejubilaciones en 2004 lo hicieron así), y el Ministerio de Trabajo ha decidido cerrarla, aunque no sabe cómo hacerlo. Los convenios se han convertido así en instrumentos peligrosos para la Seguridad Social, y algunos de ellos, de generalizarse, pueden causar auténticos estragos financieros. El paradigma es el convenio de la Industria de Azulejos, Baldosas y Pavimentos Cerámicos de Castellón, referido en el debate celebrado en Santander por el ex ministro de Trabajo Luis Martínez Noval.
Curioso pacto laboral éste que permite jubilar con 60 años con un 15% de jornada, abonada por la empresa, que se hace cargo también de complementar la pensión que proporcione la Seguridad Social hasta el 100% del sueldo de cada trabajador, como si estuviese en activo a jornada completa. En plata: se gana bastante más dinero jubilado que trabajando. A fin de cuentas, el sueño de todos.
Sueño al que pueden acogerse incluso los más de 200.000 funcionarios que tienen más de 58 años y que podrían sumarse al programa de prejubilaciones anunciado por el Gobierno para toda la administración pública, programa, por otra parte, poco coherente con los mensajes continuos para elevar la edad legal de jubilación.
Hasta aquí la manera permitida, aunque abusiva, de abandonar la actividad 'empujado por el mercado de trabajo', según Martínez Noval, o por la expectativa cierta, proporcionada por el sistema de pensiones público, de disponer de una prestación definida, como argumentan los planteamientos más economicistas y liberales. Pero hay una añadida, más abusiva y rayana con la ilegalidad, y desde luego teñida de fraude: la vía concertada de la incapacidad laboral.
Este mecanismo cada vez más utilizado se explotará más en el futuro si se produce cualquier retraso en la edad legal del retiro, puesto que queda más recorrido temporal entre el umbral crítico en el que el mercado de trabajo comienza a desechar a la mano de obra y el retiro legal. Ahora más del 60% de las bajas por incapacidad se concentra entre los mayores de 50 años. Y no es por casualidad.
La incapacidad como salida fraudulenta
Los gestores de la Seguridad Social nunca reconocen que la incapacidad es, en parte, una vía de fraude para aliviar los problemas de las empresas cuando es imposible aún la prejubilación. Pero cuando dejan de serlo, lo reconocen abiertamente. Martínez Noval fue responsable de Trabajo en los años más duros de la crisis de 1992-1993, y lo sabe de primera mano. Los datos que aporta son llamativos: la franja de edad en la que se producen más altas de incapacidad es la que va de 55 a 59 años, cuando la empresa quiere prescindir del trabajador pero no puede ni legal ni alegalmente prejubilarlo; pero entre los 50 y 54 años se concentra el 17,6% de las bajas. En total, nada menos que el 43% de todas las bajas por incapacidad, y el 45% si se trata del régimen general. Traspasados los 60 años, el umbral de la prejubilación legal, la afluencia de incapacidad al sistema decae al 17,7%. No parece que haya dudas: hay una relación directa, difícil de medir pero directa, entre resolución de crisis e incapacidad a cierta edad.