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Tribuna
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Privatizar, controlar y debatir

Con toda seguridad a los españoles les conviene que el órgano gestor de las privatizaciones (en la actualidad SEPI) las realice con legalidad y eficacia; que la institución responsable del control (Tribunal de Cuentas) lo ejecute con rigor y con imparcialidad; que los agentes del juego democrático (partidos políticos) debatan con seriedad y responsabilidad, y además, que en los tres escenarios reseñados primen la honestidad y la moral públicas.

Viene esto a colación porque hace unos días hemos asistido a determinadas escenificaciones en relación con la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas sobre la privatización de empresas públicas realizadas entre 1996 y 2002. En su informe, entre otras cuestiones detectadas en la fiscalización, el tribunal expone: I) que los estados financieros de las sociedades privatizadas no han sido auditadas por firmas independientes en los años previos a la privatización; II) que en las privatizaciones no ha existido un procedimiento concreto, entendido como serie sucesiva de fases, requisitos y formalidades específicas y preestablecidas; III) que en la mayoría de las privatizaciones no existe constancia de una valoración de la sociedad a privatizar que sirva de referencia en el proceso; IV) que por lo general no se conocen los criterios utilizados para invitar a los potenciales compradores a formular sus posibles ofertas; V) que en bastantes procesos no se ha detectado la existencia de plazos predeterminados para la presentación de las ofertas; VI) que en la privatización de las 57 sociedades (de muy diferentes sectores) ha ejercido como asesor de las respectivas privatizaciones una única sociedad asesora; VII) que, en ocasiones, el asesor de la privatización ha emitido su informe el mismo día en el que recibía la documentación correspondiente…

Visto lo anterior, parecieran tener justificación determinadas posturas y opiniones sobre el reciente proceso de privatizaciones que se han vertido en los últimos días, si no fuera porque todas las circunstancias expuestas las decía el Tribunal de Cuentas en ¡1989!, referidas a las privatizaciones realizadas entre 1984 y 1987 de las empresas del Grupo Rumasa (previamente expropiadas por decreto-ley).

Así, reuniendo el contenido del informe del Tribunal de Cuentas de 1989, y los datos que se conocen públicamente del proceso de privatizaciones de los últimos años, surgen varias reflexiones.

En primer término, dado el inicio del ámbito temporal de las privatizaciones fiscalizadas ahora -1996-, pudiera pensarse que entre 1987 y 1996 en España no se privatizaron sociedades públicas. Nada más lejos de la realidad, pues entre ambas fechas se vendieron más de 45 empresas públicas, cuyas privatizaciones han quedado excluidas de las dos fiscalizaciones del tribunal.

En segundo lugar, el contenido del informe del tribunal de 1989 proporciona un significativo sentido al resultado de la actual fiscalización.

En esa dirección, y a modo de ejemplo, la elección del asesor de cada privatización tras un proceso de selección -operativa del periodo 1996-2002- contrasta con la existencia de un único asesor universal en las privatizaciones del periodo 1984-1987. Que en las privatizaciones del periodo 1996-2002, la valoración la haya realizado el asesor de la operación contrasta con el hecho de que en las de 1984-1987 no existiera valoración de las sociedades privatizadas. Que para el periodo 1996-2002 las privatizaciones estuvieran sometidas a un procedimiento preestablecido, tasado, público y aprobado por el Consejo de Ministros contrasta con la ausencia de procedimiento que iluminó las privatizaciones de los años ochenta.

En tercer lugar, debe considerarse que en todas y cada una de las privatizaciones del periodo 1996-2002 han existido, a diferencia de lo ocurrido en el periodo 1984-1987, tres controles complementarios al control superior que corresponde al Tribunal de Cuentas (el interno del sector público ejercido por la Intervención General del Estado; el externo, desarrollado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, integrado por catedráticos y profesionales independientes, y el parlamentario, ejecutado por la Subcomisión de Privatizaciones del Congreso de los Diputados). A los que aún cabe añadir el control social, materializado mediante la extensa información pública proporcionada en el periodo 1996-2002 (que ha incluido rueda de prensa tras cada privatización), y mediante la participación sindical en los procesos (que se ha traducido en muchos casos en la firma de acuerdos con los agentes sociales, y en la creación, con presencia sindical, de comisiones de seguimiento de la posprivatización en muchas sociedades).

Todos estos hechos motivarán, con toda seguridad, que en el informe que en la actualidad se tramita en su seno, el Tribunal de Cuentas refleje el gran avance que el reciente proceso de privatizaciones ha supuesto frente al anteriormente fiscalizado por el alto tribunal, en los órdenes de procedimiento, garantías, regularidad y control. Y en todo caso, ponen en su sitio a determinadas posturas manifestadas en relación con las privatizaciones recientes.

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