El mal de piedra en la justicia
Una de las funciones que dio lugar al nacimiento del Estado moderno fue la justicia. Al ser un bien público, el mercado no puede dar la respuesta eficiente, quedando justificada la intervención pública en la producción de este servicio. Sin embargo, el paulatino deterioro de la misma por su lentitud en resolver los asuntos planteados por los ciudadanos pone en tela de juicio la intervención pública.
Según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a finales de 2003 quedaron más de dos millones de asuntos pendientes de resolver, lo que supuso un incremento del 2,1% respecto al año anterior. El Círculo de Empresarios presentó en 2003 el documento Justicia, Economía y Empresa, resultado de la encuesta realizada entre sus asociados. Los principales resultados obtenidos de la misma fueron: el 56,3% de los encuestados considera 'malo o muy malo' el funcionamiento de la justicia en España; el 77,5% está totalmente de acuerdo en que es excesivamente lenta debido al mal funcionamiento de los órganos que la administran; el 81,3% considera que los jueces no están técnicamente bien preparados, y el 71,3% de los encuestados opina que es de vital importancia que los jueces alcancen un alto grado de especialización, principalmente en lo referente a los asuntos mercantiles. La globalización de la economía ha hecho de la seguridad jurídica en los negocios un factor clave para el desarrollo de un país.
Es interesante conocer las causas que han dado lugar a un atasco de tal magnitud y a la mala opinión pública sobre el funcionamiento de la justicia. En declaraciones efectuadas a finales de 2002 por el ministro de Justicia del anterior Gobierno, éste puso de manifiesto que por primera vez se había superado el número de 4.000 jueces y magistrados que, unidos a los casi 8.000 jueces de paz, suponía que en España había 28,7 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que coloca a España por delante de los países de nuestro entorno. Si esto es así, no es la falta de recursos humanos la causa del mal funcionamiento de la justicia. Pasamos a analizar las dos medidas adoptadas por los poderes públicos para tratar de resolver el problema: construir la Ciudad de la Justicia en Madrid y descentralizar la gestión a nivel nacional.
Todos quieren dejar para la posteridad obras faraónicas, habiendo tantas necesidades sociales aún sin atender
Una de las peticiones de la Memoria 2003 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid es la necesidad de acabar con las dilaciones y la lentitud en las resoluciones, que en palabras del presidente de dicho tribunal constituyen las lacras con las que los ciudadanos tienen que convivir. Casi 400.000 asuntos estaban pendientes de resolver tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los atrasos se traducen en la práctica en un año en el caso de los juzgados de primera instancia y de la Audiencia Provincial y de dos si se tramita en el TSJM.
La Audiencia Provincial de Madrid planteó en su Memoria de 2003 la celeridad en la construcción de la Ciudad de la Justicia, con la finalidad de reagrupar todas las sedes judiciales, el incremento del número de magistrados y la creación de cuatro secciones más: su coste se estima en 300 millones de euros. El mal de piedra ha vuelto a surgir tras 25 años. En la transición democrática se presentó un proyecto análogo para reunir todos los ministerios en una ciudad administrativa, pero el informe del Ministerio de Hacienda fue tan fuerte que desapareció. Todo el mundo quiere dejar para la posteridad obras faraónicas, cuando tantas necesidades sociales de las personas mayores dependientes están prácticamente sin atender.
Se consigue con tal proyecto una mayor eficiencia en la gestión de la justicia? En la época presente, donde las empresas están deslocalizando determinados procesos productivos de poco valor añadido por razones de coste, ya que los procesos telemáticos permiten conocer y dar las órdenes oportunas en tiempo real a miles de kilómetros, y donde ha comenzado a implantarse el teletrabajo para que los empleados trabajen en casa sin necesidad de desplazamiento, parece un despropósito crear en Madrid una ciudad de la justicia que agravará el proceso de concentración ya existente en la zona norte de Madrid, y que además dará lugar a una fuerte expansión del gasto público de funcionamiento de tales servicios. Racionalicemos los procesos judiciales y utilicemos las nuevas tecnologías, lo que nos evitará caer en el mal de piedra.
Descentralizar la gestión a nivel nacional constituye el objetivo del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que acaba de recibir la conformidad del Consejo de Ministros, que deberá ser informado por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Para ello se crean los juzgados de proximidad, que tienen por objetivo aliviar la carga de trabajo que pesa sobre los juzgados de primera instancia y de instrucción, dando una respuesta rápida a asuntos poco complejos que producen una gran conflictividad y cuya demora en su resolución genera una desconfianza ciudadana en el sistema judicial.
El Tribunal Supremo quedará limitado a la unificación de doctrina, aunque al parecer sin carácter vinculante, y los tribunales superiores de justicia se constituyen en las instancias que, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Supremo, culminen la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
La reforma que parece más discutible es la creación de los consejos de justicia autonómicos, órganos colegiados resultado de la transformación de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia para asumir y aumentar sus competencias ejerciendo las que les delegue el Consejo General del Poder Judicial. La posible politización de dichos consejos puede dar lugar a que el servicio de justicia, que es un bien público, que ha sido siempre gestionado por el poder central con uniformidad en todo el territorio nacional, empiece a presentar fisuras a consecuencia de espacios territoriales diferentes, dando lugar a falta de equidad.
En principio la descentralización puede contribuir a la mejora de la eficiencia en la producción del servicio público de justicia, pero realmente lo que hay que hacer para que funcione es cambiar el proceso de toma de decisiones y fijar objetivos de plazo para cada tipo de proceso. Establecer incentivos para los que los alcancen es un buen sistema para gestionar eficientemente los recursos humanos.