COLUMNA

Blair tiene razón

No estuve de acuerdo con el primer ministro Blair cuando decidió participar en la invasión de Irak, ni cuando intentó aprobar una ley que limitaba algunos derechos civiles como un elemento de la política antiterrorista. Ni el horror del pasado día 7 justifica, en mi opinión, recorte de libertades alguno. La democracia es algo demasiado frágil, porque más que en normas escritas está basada en valores y en la confianza otorgada, que se pueden quebrar si los dirigentes ponen la seguridad por delante de la libertad y estimulan el miedo de los ciudadanos. La ley de Blair fue rechazada por la Cámara de los Lores. Nueva prueba de la solidez institucional británica que espero persevere tras los atentados de Londres.

Pero Blair tiene bastante razón en sus recientes mensajes sobre Europa. Tanto en sus críticas al presupuesto de la Unión como en sus advertencias sobre el modelo social europeo.

La crítica a la Política Agraria Común (PAC), que consume casi un 40% del total del presupuesto comunitario, y que recibió una respuesta tan desabrida del desgastado presidente Chirac, está justificada. La PAC no sólo impone una pérdida de bienestar a los ciudadanos europeos (doblemente, como consumidores y como contribuyentes) y una pérdida de renta a los productores agrícolas de países menos desarrollados, sino que drena fondos presupuestarios que podrían tener un uso más eficiente (económica y socialmente). Las infraestructuras, la investigación científica y la dinamización de la educación constituyen alternativas prioritarias del gasto público, superiores al gasto impuesto por el actual diseño de la PAC. Por otra parte, este diseño es uno de los factores que más está dificultando la buena marcha de la ampliación de la Unión.

El apoyo a la población rural no debe estar basado en la subvención de la producción sino a las personas. La actividad económica de buena parte de esas zonas que viven de los fondos comunitarios tiene que reorientarse (no necesariamente tiene que desaparecer), pero para ello la propia existencia del actual sistema de subvenciones impide cualquier reorientación. Actualmente el único criterio para la toma de decisiones productivas en esas zonas es maximizar las subvenciones recibidas. Lo cual es ineficiente, injusto e impide el desarrollo de empresarios agrícolas (pequeños y grandes) de la Europa del siglo XXI.

En cuanto al modelo social europeo, no creo que Blair piense que tiene que ser desmontado y que haya que acercar Europa a la realidad institucional de EE UU. Pero estoy de acuerdo en que el deseado mantenimiento del Estado del bienestar europeo pasa por su reforma, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad financiera y de reducir algunos de los incentivos adversos que genera. Afortunadamente ya está generalmente aceptado que las necesidades financieras del sector público no pueden resolverse ni con aumentos excesivos de la presión fiscal ni con la acumulación de déficit público y que, por tanto, el diseño del Estado del bienestar debe someterse a las restricciones presupuestarias. Y parece que algunos aspectos del actual diseño de protección (salud, sistema de pensiones basado en el principio del reparto y alguno más) contienen elementos que hacen dudar de su sostenibilidad a largo plazo.

Quizá revistan mayor importancia los incentivos adversos que genera la actual arquitectura del sistema de protección. Tanto algunas regulaciones en los mercados de los productos y, sobre todo, en el mercado laboral, como algunos programas de gasto están generando incentivos inadecuados en la conducta de los ciudadanos de varios países europeos que afectan negativamente a la productividad y a la creación de empleo. Un cambio de diseño podría conseguir grados similares de protección con menos incentivos adversos.

Un debate a nivel de la Unión, que es el que al parecer desea promover Blair, sería bienvenido. No está claro, sin embargo, que el liderazgo político necesario para vencer las resistencias que levantarán reformas de este tipo (tanto las de la política agrícola como las del Estado de bienestar) deba ejercerse a nivel de la Unión. Creo estar de acuerdo con The Economist cuando afirma que no es el momento de los grandes líderes del sueño europeo, sino de los líderes locales (nacionales) con capacidad de impulsar las reformas dentro de sus propios países y de convencer de su conveniencia a sus conciudadanos. Escasa contribución se está haciendo a la consolidación del proyecto europeo si la mediocridad de los líderes nacionales lleva a culpar a ese proyecto por las propuestas de reforma.