La UE lleva a España al los tribunales por no liberar a tiempo el gas y la electricidad
La Comisión Europea (CE) ha decidido hoy llevar a España, Estonia, Irlanda, Grecia y Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la UE por no llevar a su derecho nacional, a tiempo y correctamente, las directivas europeas de liberalización de los mercados del gas y de la electricidad. Esta es la tercera etapa en el procedimiento de infracción, después de que la Comisión enviara cartas de aviso a 18 estados miembros en octubre de 2004.
"La situación ha mejorado considerablemente, sobre todo en los países del norte de Europa (Bélgica, Alemania y Suecia), pero la situación en la Península Ibérica todavía es tema de inquietud", señala la Comisión en un comunicado. A Portugal, le ha enviado un dictamen motivado, el paso previo a la denuncia.
"Esta legislación es un paso esencial hacia la terminación de un mercado de la energía verdaderamente competitivo a nivel europeo y vital para el éxito de la estrategia de Lisboa", señaló el comisario de Energía, Andris Piebalgs.
Estas directivas han permitido, en la práctica, la libertad de elección de proveedor para los clientes industriales desde el 1 de julio de 2004, una libertad que se extenderá para los clientes domésticos del 1 de julio de 2007.
La Comisión precisa que la apertura real a la competencia no es solamente algo que se puede determinar a partir del momento que se transporta la energía, si no que se demuestra por el número de cambios de operadores eléctricos o de gas, y en los precios.
Con el fin de supervisar la aplicación de estas directivas, antes del 1 de enero 2006, la Comisión publicará un informe sobre el funcionamiento del mercado.
La trasposición de las directivas europeas de liberalización de los mercados energéticos del gas y la electricidad debía haberse hecho hace exactamente un año y la Comisión Europea, tras dos avisos, ya ha amenazado a España con llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE si el asunto pasa del verano.
Las dos directivas se aprobaron en junio de 2003 y el Ejecutivo comunitario las considera esenciales para garantizar la liberalización de los mercados de la electricidad y el gas en Europa.