La Audiencia admite a trámite el recurso de la banca sobre comisiones de tarjetas
El reloj ha dejado de correr contra la banca, pero no se sabe por cuánto tiempo. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por bancos y cajas para frenar la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia (TCD) que les obligaba a reducir, antes del 15 de julio, las comisiones que cobran a los comercios cuando un cliente utiliza su tarjeta para pagar.
Esta circunstancia procesal, explican fuentes financieras, comporta en la práctica la suspensión de la decisión de Competencia, hasta que la Audiencia reciba el expediente, informe a las partes y se pronuncie sobre la necesidad de adoptar o no medidas cautelares.
La Audiencia entiende que la obligación impuesta por el TDC podría llevar a una situación irreversible, por lo que suspende provisionalmente la aplicación de la decisión de Competencia hasta que pueda pronunciarse con mayor fundamento.
En los próximos días, la Abogacía del Estado se pronunciará sobre si la Audiencia debe dictar medidas cautelares o, por el contrario, debe abstenerse y permitir aplicar la decisión del TDC.
Contra esta resolución han recurrido tanto las plataformas de medios de pago (participadas por los bancos y cajas), como las grandes marcas internacionales de tarjetas, Visa y Mastercard.
El origen del conflicto
La conocida como guerra de las tarjetas arranca con la solicitud de las tres plataformas de medios pago, Servired, 4B y Euro6000, al TDC para que aceptara el sistema de cálculo de las comisiones que cobran por el uso de tarjetas. El pasado 13 de abril, Competencia emitió una resolución en la que denegaba a Servired y 4B la autorización solicitada e instaba la revocación de la autorización que ya había dado a Euro6000.
La decisión de Competencia fijó las pautas para que Servired y 4B propongan un sistema de cálculo homologable. Entre las condiciones que impone destaca la obligación de calcular de forma diferenciada las tasas que cobran para tarjetas de crédito y de débito; así como la obligación de ceñirse escrupulosamente a los costes que tienen estas operaciones.