Una bolsa de 800.000 millones a la que nadie desea contribuir
La Unión Europea le costó 186 euros en 2003 a cada uno de los 16 millones de habitantes de Holanda. Ese país fundador, cuya economía prospera en gran parte gracias a su pertenencia al club, es el que más paga en términos netos per cápita a la caja comunitaria. España, el país más beneficiado hasta ahora por ese bote común, recibió en el mismo año 210 euros por habitante.
Son cifras que, por sí solas, no pueden ni arruinar ni enriquecer a un país. Pero que provocan desde la fundación de la comunidad en 1957 agrias batallas, como la que hay ahora en curso, que más de una vez han paralizado el funcionamiento del club.
Los Veinticinco discuten de nuevo su contribución para el próximo periodo (2007-2013). Y aunque el gasto previsto (871.000 millones de euros en siete años) sólo supone el 1,056% de su renta nacional bruta, los socios llevan más de un año discutiendo el reparto de la carga y su distribución posterior.
La creciente resistencia a financiar la Unión obedece en gran parte a las dudas de los Gobiernos sobre el valor añadido del presupuesto comunitario. 'El debate entre los contribuyentes netos es, sobre todo, sobre la calidad del gasto', reconoció ayer el presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker. Prueba de ello es también que los gobiernos, mientras aplican el cuentagotas al presupuesto de Bruselas, se afanan por aumentar su participación en proyectos intergubernamentales como Airbus.
Esas dudas han agravado la acritud de las broncas periódicas sobre la financiación comunitaria, envenenadas de por sí desde el ingreso del Reino Unido en 1972. Durante una década, Londres batalló para que Bruselas reconociese su presunto desequilibrio presupuestario con la Comunidad. Por primera vez, un país introducía en la discusión como elemento decisivo el concepto de saldo neto (diferencia entre lo aportado y lo recibido), obligado a todos a repasar sus cuentas respectivas.
La Unión se rindió finalmente en 1984 ante la terquedad de Margaret Thatcher. Y la UE devuelve desde entonces a Londres el 66% de su aportación, un cheque que el resto de socios quieren dejar ya de pagar.
'Ya no estamos en 1984', recuerda Bruselas al primer ministro británico, Tony Blair. La renta per cápita del Reino Unido se encontraba hace 20 años a 10 puntos de la media comunitaria, pero ahora la supera en otros tantos, incluso sin contar la reciente ampliación.
Pero Blair exige el mantenimiento del cheque porque a su juicio el gasto comunitario sigue concentrado en partidas de las que apenas se beneficia el Reino Unido.
La última propuesta presupuestaria para 2007-2013 destina, en efecto, casi el 86% del gasto a la política agrícola y de cohesión. En 2003, Londres sólo recibió el 7,8% del total de esos programas, la mitad que Roma, París o Berlín, y un tercio que Madrid.
Francia, gracias a los subsidios agrícolas (de los que absorbe el 25% del total), sólo aporta a la UE en términos netos el 0,15% de su renta nacional bruta. El Reino Unido, incluso con el cheque, aporta el 0,21%. Sin esa corrección, entre 2008 y 2013 su contribución neta se dispararía al 0,62%, casi el triple que la francesa (0,27%).
Pero en los próximos presupuestos el propio cheque se convertirá en un mecanismo de distorsión, más que de corrección. Con él, el Reino Unido aportaría mucho menos de lo correspondiente a su renta per cápita.
Países menos prósperos, como España, tendrían que apoquinar hasta 1.000 millones de euros anuales para compensar a Londres. Y los socios de Europa Central y del Este están aportando ahora mismo más de 1.000 millones de euros en total para un país que cuadriplica su renta per cápita media. El cheque, por tanto, se ha quedado obsoleto. Pero la peligrosa semilla de Thatcher ha arraigado.