Un país libre de humo a partir de enero de 2006
El Gobierno está convencido de que en enero del año que viene la ley que restringirá la venta, el consumo y la publicidad del tabaco comenzará a aplicarse en todo el país. El Ejecutivo aprobó ayer en Consejo de Ministros un proyecto normativo que, entre otras medidas, destierra el humo de los centros de trabajo, eleva la edad legal para vender y adquirir tabaco de 16 a 18 años, prohíbe en todos los medios la publicidad de este producto y fija multas que oscilan entre los 30 y los 600.000 euros para la publicidad. El Congreso se encargará de iniciar la tramitación parlamentaria del texto.
Uno de los grandes frentes que ha abierto el proyecto de ley es la prohibición de fumar en todas las empresas públicas y privadas, en las cuales la restricción será absoluta y no será posible habilitar zonas específicas para fumadores. Por si quedase alguna duda al respecto, la propia ministra de Sanidad, Elena Salgado, recalcó ayer que la aplicación de la ley en este ámbito 'será radical'.
En la práctica esto significará que cualquier empleado que fume en su empresa podrá ser sancionado con 30 euros de multa si es la primera vez y 600 euros si es reincidente. La sanción para el empresario que permita esta conducta podrá alcanzar los 10.000 euros, lo que hace presumir a los expertos en derecho laboral que las empresas comenzarán a considerar esta conducta como una falta de disciplina grave. Otra iniciativa sancionada como falta grave (hasta 10.000 euros) será el crear zonas de fumadores en lugares -como las empresas- donde no esté permitido hacerlo.
Además de en los centros de trabajo, el proyecto de ley impone una prohibición total en centros y establecimientos sanitarios, centros docentes, instalaciones deportivas cubiertas, centros comerciales, bibliotecas o museos, entre otros. Lo mismo ocurrirá con las salas de fiesta que permitan entrar a menores de 18 años, los transportes y las estaciones de servicio.
Junto a estos lugares sin humo, la ley prevé un segundo nivel de locales en los que, pese a la prohibición de fumar, se permitirá crear salas para fumadores con separación física y ventilación independientes. Los hoteles, las salas de fiestas que no admitan a menores, los bares y restaurantes con una superficie mayor de 100 metros, los teatros, cines, estaciones de autobuses, de trenes, puertos y aeropuertos están en este segundo grupo. También aquí la multa por fumar fuera de la zona de fumadores será de 30 a 600 euros para el consumidor y de hasta 10.000 para el propietario del local. En caso de infracciones cometidas por menores, la ley hace responsables solidarios a los padres o tutores legales.
En los bares y cafeterías con superficie inferior a 100 metros -donde no existirá prohibición legal- será obligatorio colgar un cartel en el exterior explicando si se permite o no consumir tabaco.
De aplausos a quejas 'por falta de diálogo'
Las reacciones a la aprobación del proyecto de ley de prevención del tabaquismo no se han hecho esperar y han llegado desde todos los frentes. Entre aquellos que respaldan la ley y defienden ante todo la protección de la salud de fumadores y no fumadores, destacan los médicos y las asociaciones de consumidores. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que agrupa a 40 sociedades médico-científicas españolas, aplaudió ayer el contenido del texto y recordó que el tabaco mata al año a 50.000 españoles, la mitad de los cuales pierde una media de 20 años de esperanza de vida. Desde los consumidores, asociaciones como OCU y Facua también recibieron con satisfacción la futura ley, aunque la calificaron de 'insuficiente' y reclamaron medidas como la prohibición de máquinas expendedoras, la subida del precio de las cajetillas y acciones 'contundentes e inmediatas' contra las tabaqueras que vulneren la norma.En el extremo opuesto las críticas han llegado desde diversos sectores empresariales. Así, la Federación Española de Hostelería aseguró ayer que la aplicación de la ley supondrá pérdidas para el sector de 1.600 millones de euros y la destrucción de 20.000 empleos. 'No se nos ha tenido en cuenta', señalaban ayer fuentes de la federación. En la misma línea, un grupo de empresas de diversos sectores afectados por la normativa, entre las que figuran diversas asociaciones de estanqueros, empresas de publicidad, casinos de juego, comercio electrónico y marketing directo y empresas del tabaco, emitió ayer un comunicado en el que hacía patente su sorpresa por la 'falta de diálogo' del Gobierno a la hora de redactar el texto.