La batalla contra la siniestralidad

La siniestralidad laboral es un terreno en el que, lamentablemente, España bate récords. Cada año se registran 900.000 accidentes de trabajo, con el resultado de casi mil muertes. Una terrorífica media -más de tres muertes diarias en accidentes laborales- a la que hay que sumar 23.000 casos de enfermedades laborales y 7.000 casos cada año de incapacidad permanente. Son cifras detrás de las cuales hay, primero, graves dramas de índole personal, pero también un enorme coste económico. A la vez, son datos que denotan fallos en el sistema y exigen desde hace tiempo una inmediata corrección.

Bienvenido sea por ello el plan de actuación aprobado ayer por el Consejo de Ministros para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y reducir los niveles de siniestralidad laboral. Porque se trata de un problema alarmante, y no vale escudarse en que los últimos meses los datos han mejorado.

El plan, cuyas líneas generales avanzó el ministro de Trabajo el pasado mes de marzo ante el Congreso, traza las directrices para los próximos años y se basa en tres pilares: estrategia española contra la siniestralidad, conjunto de medidas específicas del Gobierno que se adapten a dicha estrategia y necesidad de movilizar una importante cantidad de recursos humanos y materiales. Si los dos primeros puntos son ineludibles, es en el tercero donde se debe hacer mayor hincapié. Desde ese punto de vista, el número de inspectores y subinspectores de trabajo (792 y 822, respectivamente) se antoja insuficiente a todas luces, igual que el aumento (55 y 45, respectivamente) anunciado ayer. La idea de habilitar 300 técnicos de inspección de las comunidades autónomas es adecuada, y abre una vía de colaboración a reforzar. Son avances en la buena dirección.

Pero todo será inútil si no se produce un cambio de mentalidad a favor de la prevención, tanto en las autoridades, como en los empresarios y los trabajadores.