Un año en La Moncloa. Política económica

Solbes exprime el modelo de Rato y retrasa las reformas más difíciles

El vicepresidente ha engrasado la economía con los mismos lubricantes que usó su antecesor para seguir recibiendo excelentes dividendos un año después de tomar las riendas. España mantiene así un aceptable crecimiento del PIB, del empleo y de los beneficios

Decía hace unos meses el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en un acto ante empresarios que 'yo siento tener que darles sólo buenas noticias, pero la economía española muestra ahora las mejores variables de actividad económica desde el año 2000'. Décima arriba o abajo, tenía, tiene, razón: los registros de actividad productiva siguen arrojando comportamientos optimistas que dejan en ridículo a las economías más poderosas de la Unión Europea.

La actitud del Gobierno en la política económica resiste la comparación con los buenos jugadores de curling, ese curioso deporte nórdico, practicado sobre superficies heladas, en el que los competidores se afanan hasta el estrés en pulir toda mácula de la superficie para que una pesa lanzada manualmente se deslice por inercia lo más lejos posible. El Ejecutivo se ha encontrado en 2004 con una situación económica lanzada, de sabrosos resultados, y dedica casi todos sus esfuerzos a que la inercia no tenga fin. Hasta el punto de que ha silenciado lentamente sus críticas a la política económica heredada, y ha corrido muchas veces el riesgo de pasar de una valorada prudencia a una excesiva complacencia con la realidad.

Un año después de que tomase las riendas el PSOE, el estado de la economía es aparentemente el mismo que en abril de 2004. Y por razonable que parezca cuando simplemente se trataba de respetar lo existente, también hubo riesgos de quiebra. De hecho, la economía y sus agentes han superado en el último año un triple 'shock' que en otras épocas la hubiesen tambaleado peligrosamente. Se sobrepuso al varapalo anímico del mayor atentado terrorista de la historia de España y a un inesperado cambio en la Administración pública, sosteniendo valores crecientes en la confianza de los agentes privados; y, además, encajó con desconocida cintura el rampante encarecimiento del petróleo.

Pero el 'shock' político del cambio de Gobierno 'se resolvió rápidamente con el nombramiento de Pedro Solbes', como director de la política económica, admite Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía. Como acreditado liberal, la reafirmación de Solbes en el credo hasta entonces regido por Rodrigo Rato (libertad de empresa, respeto al equilibrio fiscal -pero cíclico- y no intervencionismo en la economía) puso la calma en la sociedad y mantuvo los niveles de pujanza de la demanda nacional, única cabalgadura que tira del carro de la economía los últimos años. El equipo de Solbes sólo añadió un compromiso obsesivo por la transparencia, aunque los avances han sido bien limitados.

Un año después, el PIB crece un 2,7%, un punto largo más que la UE; el empleo lo hace a tasas similares, y acapara casi uno de cada dos puestos de trabajo creados en los 25; los ingresos fiscales y de cotizaciones permiten un razonable superávit en la caja de caudales públicos; el consumo interno mantiene valores sólidos; la inversión empresarial en equipamiento toma cuerpo; no cede ni un ápice la compra de casas; los beneficios de las empresas marcan récords; y los índices bursátiles registran (en 2004) la mayor revalorización de Occidente.

La tentación de la complacencia

Ante este panorama positivo, el Gobierno, de la mano moderada de Solbes, que piensa y pesa cada efecto de cada decisión hasta la desesperación, ha puesto el freno de mano a todas las reformas en las que olfatease un coste para el crecimiento y la buena marcha del negocio. Y aunque el diagnóstico gubernamental de la situación de la economía hace un año era el correcto (identificaban los problemas que podían entorpecer la actividad en el medio y largo plazo), ha optado por una mezcla de cautela y complacencia que han dejado los grandes planes en grandes buenas intenciones, y pendientes muchas soluciones.

Un crecimiento tan fuerte y tan prolongado como el desatado hace ya más de diez años era evidente que tenía que provocar tensiones, como toda situación de sobrecalentamiento económico. Tales tensiones están identificadas, y algunas marcadas con tal intensidad que 'hacen a la economía de hoy más débil que la de hace un año', tal como reconoce Jordi Gual, profesor del IESE.

La fortaleza de la demanda interna y su desafortunado sesgo hacia el consumo y de inversión en ladrillos no dan respiro a la inflación y el diferencial con la UE sigue estando por encima de un punto. Y tirando de ese hilo descubrimos toda la costura: los tipos reales de interés negativos estimulan más consumo e inversión de una población creciente, y aflora un desequilibrio exterior descomunal, mayor incluso que el de EE UU.

No parece que España vaya a tener problemas de financiación de su crecimiento, dada su pertenencia a una zona monetaria única y estable como la que proporciona el euro. Pero el creciente saldo exterior negativo alerta de una pérdida peligrosa de competitividad de los productos y servicios españoles en los mercados, internacionales y nacionales, que no es eternamente sostenible.

Este deterioro se produce, además, en plena efervescencia de la globalización, en la que capital y tecnología se mueven a velocidades de vértigo, y la mano de obra se queda quieta, atrayendo, cual piedra imantada, a aquéllos. Así, los países emergentes, con China, India y el Este europeo como paradigmas, se muestran como economías pujantes que ponen contra las cuerdas la competitividad manufacturera de las clásicas.

La productividad general, variable directamente relacionada con la inversión intensiva en tecnología y la cualificación continua de los trabajadores, se convierte así, tal como el Gobierno apunta, en la clave del futuro. Todas las reformas, por tanto, quiere encaminarlas el Ejecutivo a explotar la productividad y mantener las cuotas de mercado actuales, aunque determinadas decisiones puntuales poco pensadas, pero comprometidas electoralmente, resten más que sumen en el empeño (fuerte incremento del SMI).

La última parte de la legislatura

Sin embargo, la bien entendida complacencia ha llevado al Gobierno a retrasar hacia la segunda parte de la legislatura los cambios en aquellas cuestiones que podían ser más espinosas para la sociedad. Ha resuelto con celeridad política, por contra, quistes económicos como el engordado por Aznar en los astilleros públicos (con generoso riesgo de fondos públicos) o el reparto de derechos de emisión del Protocolo de Kioto; y ha revisado sin dilación situaciones que consideraba contrarias a su ideario electoral, y que alguna incidencia tendrían en la actividad económica del medio y largo plazo, como el trasvase del Ebro, la liberalización ferroviaria (luego restituida) o la Ley de Calidad de la Educación.

Casi al filo del primer aniversario en la Administración, Solbes ha puesto en marcha un centenar de medidas para dinamizar la actividad, ante la demanda general. Planteadas en tres decretos-ley y un decreto, concentran los esfuerzos en los mercados energéticos y de telecomunicaciones, así como tangencialmente en cuestiones de alquileres de vivienda, y de forma muy puntual en otros muchos mercados más residuales. Pero las grandes decisiones horizontales que movilizan los recursos en toda la actividad económica y refuerzan la posición de la economía, tendrán que esperar.

Esperan algunas de ellas, cierto es, con buen criterio político, como la reforma del mercado de trabajo y del sistema de determinación de salarios (convenios colectivos), que precisa de un largo periodo de maduración para disponer de la venia del consenso. Y mientras macera el debate apenas abierto (debe haber acuerdo en la primavera), el mercado de trabajo sigue vivo por la concentración de dos fuerzas muy pujantes en los últimos años, y en buena parte responsables de la creación de empleo: la moderación salarial interiorizada como parte del corpus sindical de este país; y una llegada masiva de inmigrantes (más de tres millones en los últimos años) que proporcionan mano de obra barata en los sectores más intensivos en fuerza laboral, como servicios.

Por ello, el Gobierno ha facilitado la regularización de extranjeros rebajando los requisitos de acreditación, lo que supone un crecimiento súbito del empleo estadístico, además de normalizar una situación latente insostenible, pero que debe quedar claro que no ocurrirá nunca más, para evitar el efecto llamada.

La reforma fiscal, planteada electoralmente por el ahora fefe de la oficina económica de Presidencia, Miguel Sebastián, como una necesidad capital y que afectaría a todos los impuestos, quedará limitada, tras la intervención de Solbes, a ligeros retoques en el Impuesto sobre la Renta. Pero en las últimas semanas ha comenzado a aflorar cierta presión doctrinal y empresarial para que los esfuerzos en la fiscalidad se concentren en la imposición a las empresas, por considerar que tiene una relación más directa con la actividad económica.

El Gobierno no ha resuelto las cuestiones capitales de la política de vivienda, como son la reforma del suelo (busca un acelerado pacto nacional) y una ley de alquileres que anime a los propietarios a poner oferta abundante en el mercado. Sin embargo, ha activado una serie de medidas aisladas que no han sido capaces de neutralizar la fortaleza de los precios inmobiliarios.

Por lo que se refiere a la inversión pública, tras unos meses de impasse, ha puesto en marcha un ambicioso Plan Nacional de Infraestructuras que trata de equilibrar el transporte de mercancías y pasajeros, rescatando el valor del ferrocarril. La financiación sigue sin concretar, como otros muchos problemas financieros públicos de calado que deben resolverse los próximos meses. El más urgente afecta a los servicios sanitarios, transferidos a las regiones, pero con unos déficit financieros considerables, no asumibles únicamente por las administraciones periféricas. Hacienda ha planteado ya, con criterio, la necesidad de dar mayor capacidad normativa a las regiones para financiar la dimensión que deseen de la sanidad pública, a la vez que se ha comprometido a una revisión de la financiación autonómica y local que tenga en cuenta estos nuevos servicios de demanda y gasto ilimitados.

Por último, el viejo problema de la vejez. Los buenos números de la Seguridad Social no han impedido poner en marcha los mecanismos para reforzar la contributividad del sistema y evitar problemas financieros futuros. En paralelo debe buscar soluciones para mantener los niveles de inversión pública cuando el marco financiero comunitario retire el flujo favorable a España, no más tarde de 2007. Este asunto depende, en parte, de la recomposición reciente de 'amistades' de España dentro de la UE.

Por lo que se refiere a los flujos de inversión privada extranjera a España, que ha cedido en 2004, y de España hacia el exterior, sólo salvada por la banca, precisan de criterios más claros en la política exterior económica del Ejecutivo, especialmente en Latinoamérica.