La descapitalización de la agricultura española
La fragmentación de las competencias en materia de Política Agraria entre tres Administraciones (comunitaria, estatal y autonómica) dificulta la interpretación de la estrategia de futuro dominante. Las reformas, los planes, las directrices están plagados de buenas intenciones, aunque suelen referirse a un cúmulo de objetivos contradictorios y habitualmente son incoherentes con las medidas adoptadas. No obstante, resulta evidente que la liberalización comercial exterior es la tendencia estratégica principal, y no sólo para la agricultura.
Deberíamos reflexionar respecto a la adecuación de la estrategia pública y privada en la preparación de las condiciones óptimas para competir en las próximas décadas. La acumulación de capital es uno de los indicadores que mejor puede orientarnos respecto a la futura capacidad de competir en los mercados. Aunque existen problemas para interpretar correctamente la cuenta de capital de la agricultura, la Unión Europea aplica una metodología homogénea de cálculo de la formación bruta de capital fijo (FBCF), cuyos resultados recientes son muy preocupantes. En 1999-2002, España y Grecia son los países en que el porcentaje del valor de la producción (valor añadido bruto) dedicados a FBCF son más bajos, entre el 11,7% y el 13%. El resto de los países comunitarios está acumulando entre el 30% y el 50% del valor de su producción bruta.
Si este dato comparativo es preocupante, igualmente lo es la evolución de la formación neta de capital fijo (FNCF) de la agricultura española, en términos absolutos. En el periodo 1990-2002, este indicador es negativo cada año, excepto en 1991 y en 1996, a precios constantes de 1995.
Estos datos recientes y oficiales, de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura español (MAPA), se ven corroborados por los procedentes de investigaciones que abarcan periodos más prolongados, en los que se aprecia un intenso proceso de incremento del stock de capital productivo privado desde principios de la década de los sesenta del siglo pasado hasta 1990, año en que empieza a disminuir (La agricultura española: crecimiento y productividad, de E. Reig y A. Picazo. CAM. 2002).
Se trata de datos coherentes con otras informaciones estructurales que advierten de una peligrosa deriva de la agricultura española hacia estrategias no estrictamente empresariales. En este sentido, debe destacarse el elevado porcentaje de agricultores a tiempo parcial. Según el MAPA, un 66% de declarantes de ingresos agrarios, en Estimación Objetiva Singular (IRPF), obtendrían más del 50% de sus ingresos totales de otras actividades distintas a la agricultura. Además, la mayoría (86%) son pequeños agricultores, al declarar ingresos procedentes de la agricultura inferiores a 10.000 euros. Si añadiéramos el peso de las subvenciones agrarias y su carácter crecientemente desvinculado de la actividad productiva, nos aproximaríamos bastante a lo que constituye, hoy día, un sector desprofesionalizado.
Este análisis global no debe ocultarnos la existencia de otra parte del sector agrario y alimentario muy dinámico y competitivo, como revela el saldo positivo de la balanza comercial agraria. Pero debe servir como advertencia de los efectos de la futura liberalización comercial exterior, en amplias regiones de nuestro país. Las actuales políticas están orientando la agricultura de extensos territorios a modelos dependientes de las subvenciones, cuya permanencia en el tiempo es cada día más dudosa. Si a ello unimos el envejecimiento de la población agraria y la escasa tasa de relevo generacional al frente de las explotaciones -problema que se concentra lógicamente en los sistemas productivos menos competitivos-, cabe concluir que se está gestando una crisis agraria de notable dimensión y características más graves desde una perspectiva territorial y medioambiental, que estrictamente social o económica.
Y no debemos engañarnos, las consecuencias de todo ello tendrán efectos presupuestarios ya que ningún país puede permitirse, hoy día, el abandono de comarcas enteras.
La descapitalización y desprofesionalización de buena parte de la agricultura española frena su capacidad de competir en mercados que tienden de modo acelerado a la apertura comercial exterior. El elevado gasto de las políticas agrarias no se orienta principalmente a la mejora de la competitividad, ni a la modernización empresarial y, con ello, condena a una dependencia permanente de las subvenciones públicas.
Es urgente que se produzca un giro en el discurso de la Política Agraria ya que el problema actual no es la 'renta de los agricultores', sino la viabilidad económica de la actividad en los mercados, que sólo podrá garantizarse a través de la rentabilidad empresarial.