El Tribunal de Cuentas censura la etapa de Arenas en Administraciones Públicas
El ex ministro del PP Javier Arenas incurrió en su etapa al frente de Administraciones Públicas en numerosas irregularidades relacionadas con el proceso de renovación informática de este departamento, según revela el Tribunal de Cuentas en un informe remitido ayer al Congreso de los Diputados.
El informe se detiene en la fiscalización del denominado 'proyecto Rhodas', que consistió en un intento fallido de cambiar el sistema operativo de 8.000 ordenadores personales de Administraciones Públicas desde el Windows al Linux. Fue promovido en 2001 por el entonces ministro Jesús Posada y abandonado sin explicaciones por Javier Arenas en noviembre de 2002 sin que el Tribunal haya encontrado soporte documental alguno que justifique ambas decisiones.
Gasto de 100 millones
El objetivo, señala el Tribunal en su informe, era abaratar un gasto que superaba los 100 millones de euros y que, al final, supuso pérdidas superiores a los cinco millones por culpa del descontrol que frustró el proyecto.
El informe considera que el Ministerio vulneró la ley de Contratos de las Administraciones Públicas pues no motivó ni justificó ninguna de sus decisiones, tampoco acudió a la comparación de ofertas ni tuvo en cuenta las prestaciones técnicas ni los requisitos de 'igualdad, publicidad y concurrencia'. Esta 'grave ausencia de formalidades y garantías', añade el informe del Tribunal, 'no es admisible legalmente', pues supone 'la asunción de gastos millonarios para el Estado' sin los obligados controles administrativos.
En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas emplaza al Ministerio a 'formalizar expresamente su política en materia de gestión' informática y a justificar todas las decisiones que impliquen costes para la Administración.
Lo curioso es que el Ministerio no formuló alegación alguna al trabajo efectuado por el máximo órgano de fiscalización externa del Estado. El informe fue aprobado por el plenario del Tribunal el pasado 30 de marzo.
El Estado tiene casi 700.000 ordenadores
El número de ordenadores personales en el conjunto de las Administraciones Públicas se acerca a los 700.000, buena parte de los cuales, más de 322.000, corresponden a la Administración central.En la etapa en la que el Tribunal de Cuentas centra su informe de fiscalización, en los años 2001 y 2002, más del 95% de estos ordenadores personales incorporaba el sistema operativo Windows.El gasto en software en el año 2002 ascendió a 100,6 millones de euros, de ahí que desde el Ministerio de Administraciones Públicas se promoviera el proyecto Rhodas con el fin de incorporar un software libre como el Linux y poder abaratar estos costes. El proyecto fue abandonado.