Blanqueo de capitales
Después de los graves sucesos acaecidos en Marbella, se ha avivado el debate sobre el entramado financiero que se esconde en los paraísos fiscales, en rincones geográficos donde prácticamente no se pagan impuestos, se permite opacidad en la información y se disfruta de una gran agilidad operativa. Su existencia no es un hecho nuevo, ni siquiera reciente. Ya en los años veinte se conocían lugares como la Isla de Man, Bahamas, Suiza, Liechtenstein o Luxemburgo, destinos de grandes fortunas deseosas de eludir impuestos en sus países de origen.
El blanqueo de capitales es, como sabemos, netamente ilícito y un problema acuciante a nivel internacional. La tentación de pagar menos impuestos acecha a ciudadanos y empresas, pero donde radica el mayor problema no es tanto en el fraude fiscal como en la obtención de dinero a través de actividades delictivas como las drogas, el contrabando de armas o la trata de blancas.
Ante este hecho, en la normativa española contamos con medidas antiblanqueo o antiparaíso, y el próximo mes de abril entrará en vigor el reglamento de la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales. Esta norma exigirá a notarios, abogados y entidades financieras que refuercen el control interno a través de comités de seguimiento de nuevos clientes para conocer, prevenir e impedir el blanqueo de capitales que pudieran realizar los mismos y denunciarlo ante el Ministerio de Economía y Hacienda.
Los paraísos fiscales ridiculizan las cifras que se manejan dentro de la operación Ballena Blanca
Este reglamento es demagógico y de difícil aplicación ya que, no lo olvidemos, la primera función de un abogado es defender los intereses del cliente y respetar el secreto profesional. Y en el caso del notario, dar fe sobre las transacciones y reconocer a los intervinientes no implica conocer la totalidad de su vida financiero-patrimonial. Por ello, conseguir que un abogado, notario o entidad financiera ejerza un control sobre sus clientes con premisas tan ambiguas en la norma como 'denunciar ante el indicio de blanqueo', no puede sentar las bases de la detección del fraude.
Sería mucho más lógico, en cambio, que se incidiera en el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y se dotara de mayores medios a órganos internacionales como la Europol, el Financial Action Task Force o el Fórum para la Estabilidad Financiera.
Sabemos que el volumen monetario blanqueado en Marbella es de unos 250 millones de euros. Pero los paraísos fiscales ridiculizan las cifras que se manejan dentro de la operación Ballena Blanca. Basta citar el ejemplo de la isla de Gran Caimán, que, pese a su extensión de tan sólo 700 kilómetros cuadrados y sus escasos 35.000 habitantes, cuenta con más de 40.000 sociedades tapadera, 584 bancos y alrededor de 700.000 millones de dólares en fondos de inversión y pensiones, cantidad similar al PIB español. Asimismo, aún tenemos en el recuerdo casos de blanqueo internacional, como el registrado en 1999, cuando se detectaron 15.000 millones de dólares procedentes de Rusia gestionados por bancos neoyorquinos en EE UU.
El nivel de sofisticación de los paraísos fiscales es cada día mayor y el desarrollo de las tecnologías facilita, sin duda, la operativa de las redes ilegales. En este sentido, en un paraíso fiscal existe un abanico amplio de posibilidades para el blanqueo de capitales, que van desde la constitución de sociedades base y sociedades instrumentales a nombre de testaferros o fideicomisos prácticamente indetectables, pasando por la posibilidad de adquirir la ciudadanía en destinos como Belice, Isla Dominica o las Islas Granadinas, y finalizando en inversiones sofisticadas como la suscripción de depósitos APT (Asset Protection Trust) o a través de cláusulas de huida consistentes en la transferencia automática de los fondos a otro paraíso fiscal en caso de ser amenazados por la investigación de la fiscalía en un país como el nuestro.
En cuanto a las fórmulas para hacer llegar el dinero al paraíso fiscal, se suele utilizar el smurfing o transferencia múltiple, que consiste en transferir el dinero a diferentes destinos correlativos hasta que se pierde el rastro y termina en una cuenta numerada en un paraíso fiscal a nombre de una sociedad tapadera; o bien a través de la colusión o hawala, que no es más que utilizar un intermediario que actúe como canalizador del dinero.
Como vemos, podemos cuestionar si los países desarrollados hacen todo lo que está en su mano para hacer desaparecer los paraísos fiscales. Y deberíamos ser conscientes de que el blanqueo de capitales y la gestión de dinero negro proveniente de actividades delictivas va en contra de un mundo más justo, seguro, y con una mejor redistribución de la riqueza.