Ande yo caliente y protesten otras comunidades
Habrá observado el lector atento que en los últimos meses he discrepado de algunas afirmaciones del ministro señor Solbes. Discrepancias, por supuesto, respetuosas aun cuando sólo sea por la distancia que nos separa en responsabilidad y saber. Por ello me congratula subrayar, con toda modestia, mi coincidencia con su reciente afirmación de que el Gobierno no admite la posibilidad de un 'cupo catalán' en la reforma de la financiación de esa Comunidad. Apoyo dicha declaración por dos razones: primera, por la conveniencia de establecer ya principios generales que delimiten la negociación y ahorren equívocos provocados por la vaguedad con que el Gobierno ha planteado los límites de esas reformas; y, segunda, porque es imprescindible mantener el papel redistribuidor del Estado como garantía del artículo 138.2 de la Constitución (CE), que prohíbe la existencia de privilegios económicos como resultado de las posibles diferencias entre los Estatutos.
Hemos asistido a una auténtica ofensiva del Gobierno Tripartito catalán para demostrar que esa comunidad contribuye al resto de España en forma desmesurada, y para ello expertos independientes han acabado cifrando un ' déficit fiscal catalán' que en 2002 se situaría entre el 6,4% y el 9,4% del PIB.
Tuve el placer de actuar como editor de tres valiosos artículos sobre aspectos del federalismo fiscal que la Revista de Libros publicó en sus números 86 y 87 el año pasado. En uno de ellos, José Sevilla afirmaba que para decidir si un saldo fiscal resulta excesivo o no es equivocado fijarse en su signo y tamaño, olvidando que es resultado de una política de ingresos y gastos de la Hacienda central. Si como aseguraba Ezequiel Uriel en otro de esos artículos, esa Hacienda grava proporcionalmente la renta de los habitantes de las comunidades y gasta aproximadamente igual entre los ciudadanos, resulta difícil afirmar que las comunidades como Cataluña estén injustamente tratadas. Lo único que ello demuestra es que las más ricas son las que deben mostrar un saldo fiscal negativo más pronunciado.
Pero si las tesis catalanas en pro de reducir su saldo fiscal no parecen fundadas las posibles propuestas para conseguir un modelo similar al Concierto Económico Vasco, que incluya el pago de una cuota al Estado por los servicios que este realice allí y contribuir con una 'cuota de solidaridad' tasada a los gastos redistributivos a favor de las comunidades más pobres son explosivas.
Por razones que el citado trabajo de José Sevilla exponía con claridad, los privilegios del País Vasco -y de Navarra- no son generalizables -y más bien deberían reducirse a su justo término-.
Pero no se limitan a estos aspectos las consecuencia inaceptables de la posibles propuestas del Tripartito por cuanto incluyen las aspiraciones a una negociación bilateral entre Generalitat y Gobierno central así como la creación de una Agencia Tributaria catalana que se encargaría de cobrar y gestionar todos los impuestos que empresas y particulares pagasen en Cataluña.
Y es que ambos aspectos confluyen en un propósito muy claro: a saber, el cambio del modelo de financiación autonómica. Por mucho que cueste admitirlo a quienes persiguen sigilosamente esa modificación, el actual modelo es un modelo federal -o sea, que las diferentes Administraciones gozan de capacidad para obtener ingresos de los ciudadanos mediante impuestos con los que financiar el ejercicio de sus competencias- y el que ellos persiguen confederal, en el cual la Hacienda central -el Estado, por entendernos- no podría recaudar directamente impuestos de los ciudadanos, financiando sus actividades gracias a las aportaciones negociadas bilateralmente con todas y cada una de las comunidades.
Pero el argumento de quienes defienden este modelo confederal -en Cataluña y fuera de ella- requiere un último paso que no es otro sino contar con una Agencia Tributaria propia que recaudaría tanto los impuestos autonómicos como los estatales; idea que no es inocua y simplemente descentralizadora en un modelo en un marco de impuestos compartidos sino que responde a una visión política evidente.
De aceptarse las peticiones del actual Gobierno catalán se habría dado, en mi opinión, un paso irreversible hacía la destrucción del Estado; sencillamente porque tanto Cataluña como las dos comunidades de régimen foral aportarían en cada momento cantidades insuficientes para mantener las políticas de solidaridad que siguen cohesionando España y, al tiempo, se aprovecharían de los servicios imprescindibles propios del Estado y gozarían de todas las ventajas inherentes a seguir siendo parte de la Unión Europea.