TRIBUNA

RSC, una palanca de cambio

El debate que se está produciendo en todo el mundo sobre la política de responsabilidad social de las empresas (RSC o responsabilidad social corporativa), necesita clarificación y decisiones, para evitar el contrabando semántico y el abuso propagandístico de que está siendo objeto este concepto.

Responsabilidad social implica una cultura hacia la excelencia en la relación de la empresa con todos sus stakeholders (grupos de interés) de manera que la competitividad de sus productos se base en una superación de las exigencias legales y en la máxima calidad de sus comportamientos en los planos laborales, sociales y medioambientales. Se trata de una concepción estratégica de la empresa que penetra todas sus divisiones de gestión y que inspira un sentido del negocio que va más allá del beneficio al accionista y que proyecta la empresa en un entorno institucional, laboral, ecológico y social.

Una determinada política de mecenazgo o de patrocinio no es por sí sola RSC. Tampoco lo es una concreta acción social. Una política laboral estimable en el corazón de la empresa puede ir acompañada de una política semiesclavista en la subcontratación en determinados países del planeta. Una buena relación institucional en la sede central de la empresa, puede ir acompañada de una pésima política social en otras localidades o países. En fin, una política de escaparate en materia medioambiental, puede ocultar gravísimas violaciones a principios ecológicos en determinadas fases, o procesos de producción.

La RSC es una cultura integral y estratégica, y no basta firmar determinados compromisos internacionales o patrocinar fundaciones y organismos semejantes, si las exigencias de la RSC no impregnan el conjunto de la estrategia empresarial desde arriba hasta abajo.

Es por esto por lo que algunos reclamamos una intervención pública en esta materia y venimos defendiendo el establecimiento de una política de RSC en nuestro país. Una política no quiere decir una ley, sino el establecimiento de una estructura política en el seno del Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas que favorezca e impulse esta cultura en las empresas españolas.

Es posible que sea también necesaria una Ley, y a nadie debe asustar que un texto legal de esta naturaleza defina conceptos, normalice actuaciones, homologue conductas, ordene los sistemas y las empresas de auditoría, establezca obligaciones de triple balance a las empresas cotizadas, favorezca los fondos éticos de inversión o estimule en las compras y las adjudicaciones públicas a las empresas con ésta calificación.

Espero que los diferentes mecanismos de debate y de diálogo existentes en este momento (subcomisión parlamentaria, foro social y mesa de diálogo social), nos permitan clarificar y orientar esta política. El PSOE se comprometió a establecer una política de RSC en su programa electoral y espero y deseo que lo hagamos a comienzos del 2006, a la vista de las orientaciones que nos señalen las mesas citadas.

Muchos creen que la RSC es una herramienta imprescindible de innovación y de modernidad en la gestión empresarial de una economía competitiva y sostenible en la globalidad. Yo lo creo. Pero también, añado creo que es una formidable palanca de cambio social para que puedan avanzar la democracia cívica, la cohesión social, la dignidad laboral y los principios sostenibles de nuestro ecosistema.