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Bruselas ofrece compensaciones a los países afectados por la reforma del azúcar

Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE mantuvieron hoy una reunión con sus homólogos del grupo África, Caribe y Pacífico (ACP) y los países menos desarrollados (PMA), en un intento por calmar a estos últimos sobre el resultado de su reforma interna del sector del azúcar y han propuestos compensaciones. Estos, sin embargo, siguen considerando que los recortes de precios deben ser inferiores.

El comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Louis Michel, ha afirmado que la reforma es "inevitable" y abogó por que la propuesta definitiva de la Comisión Europea se base en una serie de principios en el que atienda "deliberadamente" el continuar con la reducción de la pobreza.

A la reunión asistieron unos 50 ministros con el fin de analizar el impacto de la modificación del régimen europeo del azúcar. La reforma de esta Organización Común de Mercado (OCM) que pretende la Comisión Europea incluye un recorte del precio pagado a los remolacheros (-37%) y en el del azúcar (-33%), reducción que también repercute en el importe abonado por el producto que llega al mercado comunitario de los ACP con un trato preferente. Bruselas propuso, no obstante, mantener la cuota de azúcar que llega de India y de los ACP con esa situación preferencial (1,3 millones de toneladas)

El comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel y Michel dieron a conocer un plan de acción en favor de los ACP para paliar estos recortes, pero no incluye cifras sobre ayuda financiera o precios. El plan plantea, sobre todo, medidas para favorecer la diversificación y que en los ACP haya una menor dependencia del azúcar. Los comisarios se comprometieron a ayudar a estos países, si bien la comisaria de Agricultura resaltó que no se puede mantener el statu quo y que es necesaria una reforma.

Resolución de la OMC

El futuro de la OCM depende además de la resolución del litigio que enfrenta a la UE con Brasil, Tailandia y Australia a causa de los subsidios comunitarios al azúcar. La Organización Mundial del Comercio dará su dictamen definitivo el 28 de abril.

El representante de los ACP, el ministro de Agricultura de la Isla Mauricio, Nadcoomar Bodha, recordó que ambos grupos exportan exportan 1,3 millones de toneladas a la UE cada año, menos del 10 por ciento del azúcar que luego circula en el mercado europeo.

"Aceptamos que hay que reformar este sector por cuestiones internas y externas, pero nuestro mensaje es que no se debe poner dificultades a la industria azucarera de los países ACP-PMA porque son muy vulnerables", indicó.

Bodha subrayó que el régimen arancelario de la UE con estos países ha permitido "ciertos niveles de ingresos" en sus ciudadanos, cuyas principales consecuencias han sido la reestructuración de sus respectivas industrias y la contribución a favorecer el "factor social" de cohesión.

"No podemos soportar el peso de la reforma. Hablamos en nombre de millones de personas y necesitamos una industria azucarera que sea viable en su núcleo. Eso solo se puede lograr con un nivel mínimo de ingresos y precios", sentenció.

Oxfam rechaza el plan

Por otro lado, la organización Oxfam señaló, en un comunicado, que el plan presentado hoy por la CE es "insuficiente". Los argumentos defendidos por los ACP coinciden con la declaración que suscribieron el pasado viernes, día 21, con España, tras una reunión celebrada en Madrid para debatir sobre la reforma del azúcar.

La ministra española de Agricultura, Elena Espinosa, insistió en que la reforma que pretende Bruselas puede tener consecuencias negativas y pidió que la reducción de precios del azúcar sea más moderada.

Con la reunión de hoy, culminó una ronda de contactos entre los países ACP con 15 estados de la UE para "hacer presión" sobre la reforma del azúcar, especialmente con los menos partidarios de las propuestas de Bruselas, según el ministro de Mauricio.

España ha liderado el grupo de países comunitarios que están en contra de ese proyecto y en noviembre firmó una carta -junto con Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Portugal, Eslovenia y Finlandia- para pedir que fuera modificado.