La economía invisible y la 'burbuja rural'
El análisis de las posibles consecuencias de la reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC) se ha reducido, por el momento, a evaluar sus efectos más visibles: sobre las producciones, la cabaña ganadera, el abandono de superficie cultivable o la rentabilidad de las explotaciones. Como es sabido, dicha reforma introducirá a partir de 2006 unos 'pagos únicos' equivalentes a las ayudas percibidas en el periodo de referencia 2000-2002, (2000-2003 en olivar), con los únicos compromisos de mantener un código de buenas prácticas agrícolas, un conjunto de requisitos medioambientales, de bienestar de los animales y de garantía de salubridad de los productos. No existen exigencias respecto a la actividad a desarrollar, pudiendo abandonarse o modificarse aquella que motivó en su día el derecho a recibir las ayudas. Además, el beneficiario será aquel cultivador, propietario o no, que recibió las ayudas en el periodo de referencia.
El objetivo aparente de esta reforma es mantener la renta de los agricultores, al tiempo que se posibilita la obtención de un acuerdo internacional en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC.). Se supone que este nuevo tipo de ayudas apenas distorsionaría el comercio internacional, al constituir una especie de prejubilación. No obstante pueden presentarse multitud de efectos no esperados, más o menos indirectos.
A lo largo de 2005 las Administraciones nacional y autonómicas abordarán la compleja tarea de llevar a cabo la aplicación de la reforma, estableciendo las modalidades prácticas y mecanismos que requiere. Tan sólo se ha iniciado el proceso y ya se advierten serias dificultades relacionadas, especialmente, con esa zona invisible de la economía que constituyen las estructuras y las instituciones y que en definitiva, junto a los mercados, dan forma a los sistemas económicos.
En primer lugar, la reforma pretende beneficiar a los auténticos cultivadores, es decir, los que tuvieron derecho a percibir las ayudas en el periodo de referencia elegido, independientemente del título jurídico de su vinculación a la tierra. Con ello se crea una difícil situación, no sólo a los propietarios de tierras arrendadas o cedidas por otros conceptos en dicho periodo, sino también a los que han adquirido el uso de la tierra posteriormente. Hay sólidas razones para pensar que la nueva situación representa una 'expropiación de derechos' a percibir las ayudas comunitarias de un modo definitivo, cuando las cesiones o arrendamientos tienen un carácter meramente temporal y acordado, bajo contrato escrito o verbal. Ya existen precedentes en sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre adjudicación de 'cuota lechera' a ganaderos sometidos a programas temporales de abandono de la producción en el periodo de referencia.
Según recientes estimaciones en España, cada año, un 15% de la tierra agrícola cambia de usuario por diversos conceptos. Ello significa que cuando se aplique la reforma, en 2006, un porcentaje elevado de usuarios no serán los que percibieron las ayudas en 2000-2002. Además, los sistemas de información geográfica que se han desarrollado para la comprobación de superficies, como podía esperarse, ofrecen resultados alejados de los registros en el Catastro de la Propiedad Rústica. Todo ello permite imaginar una acumulación de demandas. Registradores, notarios y jueces, muchos de ellos propietarios agrícolas, son quienes en nuestra sociedad determinan la veracidad y la justicia.
Tampoco deberíamos minusvalorar los efectos que tendrá la reforma sobre el mercado y los precios de la tierra. El precio medio de la tierra agrícola en España ha aumentado un 312% en valor corriente y un 111% en términos constantes, en el periodo 1983-2002. Si nos detenemos en algunos casos de especial trascendencia, como es el del olivar de molino en secano, la tasa de crecimiento anual acumulativa en esos 20 años ha sido del 10,4%, en valor corriente y del 4,5% a precios constantes.
Poco se ha hablado de esta burbuja rural, sobre la que se asienta una parte importante de la riqueza patrimonial de muchos españoles. Otro aspecto más de esta economía invisible que, si en los próximos años se presenta una crisis agraria, podría manifestarse con cierto dramatismo.