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Tribuna
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El temor a ordenar el mercado audiovisual

La realidad económica, social y del mercado audiovisual demanda una reordenación sectorial rompedora e imaginativa, y no una simple integración y parcheo de la normativa actual.

En este sector confluyen tres factores esenciales y dos modos básicos de prestación de servicios que condicionan su ordenación. Por un lado, la televisión como medio de comunicación social, las redes de distribución, que podrían requerir del espectro, y la necesaria pluralidad informativa. Por otro, la TV en abierto y la de pago.

Hasta ahora la vinculación del medio de comunicación social al tipo de red y al modo abierto del servicio ha servido para regular la estructura de una parte del mercado, el de difusión terrestre, al margen de otras formas de distribución. La mayoría de la audiencia televisiva se encuentra en ese mercado (único medido), pero nos preguntamos si persistirá en el tiempo (la TV de pago alcanza ya casi al 30% de los hogares, la recepción vía IP y en un móvil está en puertas).

¿Es que otros canales (Canal +, municipales por cable, Euronews, CNN, BBC-World) no pueden influenciar la formación de una opinión pública libre e informada, objetivo de un medio de comunicación social? Aunque el usuario escoge libremente suscribirse a los sistemas de pago generalmente para tener una oferta extendida, esta opción no limita su elección de contenidos.

Quizá pudiera considerarse la separación de la regulación de todas las redes de la normativa de autorización de canales de televisión. Cuando exista limitación espectral éstos se autorizarían por concurso, otorgando la concesión demanial de frecuencias a los ganadores. Esto permitiría independizar el carácter de servicio público del modelo de red de distribución, pasando el modo abierto a ser una de las obligaciones de servicio público.

La pluralidad se debe manifestar en la diversidad en la oferta de medios con independencia de tecnologías y en los contenidos en cada uno (Consejo de Europa). Esto cuestiona el limitar las obligaciones de servicio público a los agentes que operan en una tecnología.

Creemos que un peso significativo del sector público en la oferta televisiva terrenal regional no garantizará una pluralidad equilibrada, especialmente al otorgar todas esas licencias una Administración titular de una oferta pública. Pensamos que, además de regularse la oferta pública máxima de canales por localidad, debiera ser una autoridad independiente la que otorgara todas las licencias. Los criterios de concesión deberían de ser equiparables por comunidad autónoma, prohibiendo expresamente los desbordamientos hercianos de las emisoras públicas. El Plan Técnico de la TV Digital Local debería independizarse de la regulación del mercado.

La transición hacía la televisión digital debería estar incluida en la regulación. Si como parece previsible hay una migración progresiva de la audiencia, la emisión en digital a fecha fija temprana de las emisoras locales podría limitar su audiencia, poniendo en riesgo su viabilidad, especialmente de las privadas. Quizá deberían considerarse otras alternativas más flexibles y viables.

Para asegurar la persistencia de la pluralidad habría que regular los modelos de financiación de esos canales públicos, más con vistas a garantizar una competencia leal en el mercado que a su propia viabilidad económica (dado que hay suficiente oferta pública las leyes del mercado deberían jugar igual para todos), sosteniendo a RTVE encargada del servicio público (cuestionada, aunque sus subvenciones representan el 47% de sus ingresos totales frente al 51,8% promedio de toda la televisión pública no local. CMT).

Además, sería conveniente regular la participación ciudadana en comités de programación de los canales públicos, para defender su neutralidad.

La salvaguarda de la pluralidad exige el control de la propiedad o gestión de más de un medio concurrente en un cierto mercado (¿por qué no se aplica al sector público?). Creemos que se debe regular establemente ese control, en función de la audiencia o la participación en los recursos económicos totales del sector (Consejo de Ministros de la UE). Y muy importante ante la concentración de medios, hacerlo cumplir sin excepciones.

Todo lo anterior explica el temor de los Gobiernos a provocar enfrentamientos políticos con la reordenación sectorial. Nos preocupa que esto fuerce una reglamentación que, como anteriormente, no sea respetada por responsables políticos y agentes.

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