TRIBUNA

Realidad demográfica y ficción estadística

En cualquier política de planificación territorial o sectorial, frente a cualquier acción estratégica, previamente a la toma de cualquier decisión política o legislativa de carácter social o económico (vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, tercera edad…) la población se presenta como la primer y más importante variable a conocer y a considerar. La población -su volumen, su distribución espacial y sus características demográficas, sociales y económicas-, por sí misma condiciona políticas, hace fracasar planes urbanísticos modifica tendencias, condiciona o compromete recursos financieros a medio y largo plazo,…

Sin embargo la población entendida como simple agregado estadístico (¿cuántos somos?), se torna inconcreta, aparece vacía de contenido y significación, expresa todo y no expresa nada, y tanto puede ser utilizada como lanza o escudo. El concepto de población, pues, necesita ser acotado, definido, especificado, aquilatado y adjetivado.

El Censo de Población y Vivienda de 2001 introduce dos nuevos conceptos: el de población residente -equivalente a de derecho- y el de población vinculada, definida como 'el conjunto de personas censables que tienen algún tipo de relación o de vínculo habitual con el municipio en cuestión, ya sea porque residen allí, porque trabajan o estudian allí o porque no siendo residentes habituales suelen parar allí ciertos periodos de tiempo (veranos, puentes, fines de semana)'. Este concepto, este constructor metodológico: población vinculada, pretende aproximarse ante la imposibilidad de medir de forma precisa la carga real de población que soporta cada municipio, cada territorio.

Dado que los ayuntamientos son los encargados de gestionar padrones municipales y habida cuenta que éstos caben ser considerados como registros permanentes abiertos de población, otra información a considerar sería la población empadronada, que tendría la particularidad de su permanente actualización, lo que la diferencia de la 'población residente' para lo que contamos con una rica información sociodemográfica pero exclusivamente referida al año censal considerado, esto es, cada diez años.

A estos conceptos: población residente y población vinculada cabe añadir un nuevo adjetivo el de población máxima de acogida, calculable a partir de una sencilla ecuación que contemple la residente de forma permanente (esto es, la de derecho o empadronada), más la que potencialmente puede ser acogida en viviendas secundarias o vacías, así como en hoteles, hostales, casas de labranza o similar y campings. La población flotante es otro de los conceptos a tener en cuenta, y puede ser o bien calculada o bien restando a la vinculada la población residente a partir de los datos del INE.

En función de qué población consideremos: la de derecho o residente, la vinculada, la ligada a la capacidad máxima de acogida -a lo que se debería añadir otro nuevo concepto: el de dispersión territorial-, para un país como España y para cualquiera de sus regiones, municipios o núcleos de población obtenemos los valores muy diferentes.

Lo paradójico es que ninguno de los guarismos señalados refleja la situación real de la población, por dos razones: porque la problemática es muy compleja (se ha introducido el concepto de territorialidad múltiple para definir y caracterizar la movilidad de los seres humanos en las sociedades modernas, concepto éste más fácilmente aprehensible en términos teóricos que estadísticos) y por la fiabilidad sólo relativa de las fuentes estadísticas basadas en la autoinscripción en el caso del Censo y en el autoempadronamiento, en el del Padrón Municipal.

Pero ¿a quién interesan o deberían de interesar estas disquisiciones conceptuales y metodológicas? La pregunta bien podrían formularse en negativo ¿a quién no le interesan?

Políticos del Gobierno central, de los Gobiernos autonómicos y, muy especialmente, de la Administración local, empresas como las eléctricas o las de transporte, responsables de servicios educativos, sanitarios o sociales, planificadores de las grandes infraestructuras (de transporte, hidráulicas…) deberían mostrar mayor interés por un tema, que va mucho más allá de lo académico o científico.

En la distribución de los fondos de compensación interterritorial, por señalar un aspecto de gran calado político, social -y sobre todo económico- también deberían ser considerada la población, no en singular, sino las poblaciones, en plural, de la población con adjetivo: censal, empadronada, flotante, máxima estacional, vinculada, concentrado o dispersa, etc...

¿Por qué no se abre el melón de la distribución de recursos (no sólo estatales sino también europeos) a partir de las realidades demográficas más complejas que la mera población censal o padronal?

En nuestra opinión el problema es tanto de falta de autoridad política como, sobre todo, de sensibilidad social y de educación ciudadana; al fin y a la postre, de déficit de sociedad civil.