La reforma azucarera
La pesada herencia de la Comisión Prodi no se ha manifestado aún en todas sus consecuencias. Tal vez el elemento más criticable de su estrategia agraria haya sido su deseo de adelantar la reforma de la PAC a los acuerdos en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La caracterización que se haga de los pagos únicos por explotación en Hong Kong (diciembre de 2005), como ayudas de caja verde que no distorsionan el comercio, o no, indicará el éxito o el fracaso de la reforma.
Sin embargo, para España, queda aún por sufrir uno de los tragos más amargos de las reformas previstas que, paradójicamente, será la reforma del régimen que se aplica al sector remolachero-azucarero. Se trata de una de las regulaciones de mercados agrícolas que, en mayor medida, compromete la legitimidad de la PAC a nivel internacional.
El azúcar comunitario disfruta de un precio de intervención habitualmente entre doble y triple del practicado en el mercado mundial y, sin embargo, la Unión Europea es el primer exportador mundial de azúcar refinado de remolacha. Se exportan entre cuatro y seis millones de toneladas anuales, al tiempo que se importan unos dos millones de toneladas acogidas a regímenes preferenciales de comercio, con los países de África-Caribe-Pacífico (ACP), India y los Balcanes. Este milagroso saldo se logra a través de un complejo sistema mixto de autofinanciación del propio sector (cotizaciones a la producción), responsabilidad plena empresarial (exportaciones del azúcar C) y un puro y simple dumping (restituciones a la exportación).
Discutir sólo sobre el azúcar es el peor escenario para España
Las propuestas de reforma del pasado mes de julio implican una disminución de precios de intervención (-33%), una disminución de cuotas (con fusión de los tramos A y B), la posibilidad de transferencia de cuotas entre Estados miembros y una compensación de la pérdida de renta de los productores (sólo en un 60%), a través de una ayuda directa que se incorporaría al sistema de pago único por explotación, es decir, desvinculada de la obligación de producir remolacha. Dadas las características de nuestro sector productor, la adopción de estas medidas, a las que sería preciso añadir las de carácter arancelario y comercial que pudieran adoptarse ante la OMC, tendrían consecuencias letales. A pesar de los grandes avances que ha realizado el sector remolachero azucarero español desde 1986, existe un consenso generalizado sobre los efectos nefastos que provocará la próxima reforma. Además, dadas las actuales orientaciones estratégicas de la UE, es difícil que pueda plantearse una reforma alternativa del sistema azucarero que pudiera ser aceptable para la producción española.
Se ha asumido con cierta devoción que la PAC debe ser desmantelada, aunque con sistemas transitorios de ayudas directas, que la UE debe incorporarse decididamente al proceso de liberalización comercial agraria internacional, que ello es básico para el progreso de los países en desarrollo y en la lucha contra el hambre en el mundo y, en este escenario de futuro, olvídense andaluces, castellanos y leoneses de seguir produciendo remolacha. Si esta apreciación personal es cierta, la batalla está perdida de antemano.
Esta estrategia viene impulsada por el habitual credo liberal al que se une, en este caso, el afán redentorista y misionero de algunas poderosas ONG. Dentro de unos años, cuando la reforma azucarera haya dado sus frutos, será triste comprobar cómo el sacrificio de algunas comarcas rurales europeas en muy poco habrá contribuido a la lucha contra el hambre y el subdesarrollo en el mundo.
La tarea ha sido también facilitada por los errores pasados en la orientación de la reforma de la PAC desde 1992. La reforma azucarera se ha retrasado injustificadamente, al tiempo que se adoptaban decisiones comerciales que exigían un cambio. Especialmente la iniciativa 'todo menos armas' y las importaciones preferenciales de los Balcanes que, en cualquier caso, deben ser sometidas a contingentes. También debería haberse previsto la supresión acelerada de las restituciones a la exportación, que constituyen el mecanismo más inaceptable de la PAC.
Hoy día, el margen de maniobra es muy estrecho. La reforma debería adoptarse tras la cumbre de Hong Kong de la OMC. Ello permitiría equilibrar concesiones entre todas las partes implicadas en el comercio internacional. Después de un acuerdo en la OMC, seguramente será preciso efectuar más reajustes en la PAC y ello permitiría a España enfrentarse con un paquete de reformas, ganando capacidad negociadora: discutir sólo sobre azúcar es el peor escenario.