COLUMNA

La inmigración se multiplica

En España viven entre 1,3 y 1,5 millones de extranjeros en situación irregular, de los que al menos 800.000 están en edad de trabajar, según el autor. En su opinión, cifras tan elevadas muestran la gravedad de la situación, y la necesidad de una solución urgente con el máximo consenso político y social

La fuente más adecuada que existe en España para la cuantificación del número de extranjeros es el Padrón Municipal de Habitantes, elaborado por el INE con periodicidad anual desde 1998, y cuyos datos vienen referidos al 1 de enero de cada año.

Los últimos datos oficiales del Padrón son los del primero de enero de 2003, aunque existen previsiones para la misma fecha de 2004. Según dichos datos, el número de extranjeros ascendía en 2003 a 2.664.168, el 6,2% de la población total residente en España, y según una primera estimación para 2004, a 3.140.000, el 7,3%, cuando en 1998 la población extranjera era de 637.085, un 1,6% de total.

Es decir, en sólo cinco años el número de extranjeros se ha multiplicado por 4,2 veces y el porcentaje sobre el total de la población ha pasado de valores muy alejados del promedio de la Unión Europea a valores similares, aunque todavía inferiores a los de países como Alemania, Austria, Bélgica, Francia o Grecia, en los que el citado porcentaje se aproxima al 10%.

La población extranjera en España se ha multiplicado por 4,2 veces en cinco años y su porcentaje sobre el total llega al 7,3%, una tasa aún por debajo de países como Francia, Alemania o Bélgica

Ahora bien, el número de extranjeros con autorización legal para residir en España (con permiso de residencia), publicado por el Ministerio del Interior es muy inferior a la cifra del Padrón Municipal. Según los datos de dicho departamento, referidos al final del periodo correspondiente, el número de extranjeros residentes legalmente en España (inmigrantes regulares) era de 1.324.001 en 2002, 1.647.011 en 2003 y 1.776.953 en junio de 2004.

Como la información del Padrón se refiere al 1 de enero y la de residentes legales al final del año, los últimos datos oficiales comparables de ambas fuentes serán los del 1 de enero del 2003, en el primer caso, y los del 31 de diciembre de 2002 en el segundo. Según esta comparación, los datos del Padrón (2.664.168) superan a los de residentes legales (1.324.001) en más de un millón trescientos mil personas (1.340.167).

Según las primeras previsiones del Padrón para el uno de enero de 2004, comparado con la cifra de autorizaciones del Ministerio de Interior del 31 de diciembre de 2003, la diferencia ascendería a casi un millón y medio de extranjeros.

Esta diferencia que, como ilustra el gráfico adjunto, era prácticamente inexistente en 1998 (datos del Padrón de 1 de enero de ese año y de residentes legales del 31 de diciembre de 1997), se ha ido agrandando progresivamente hasta alcanzar el elevado nivel de los últimos años.

Desde 1998, en el que el Padrón tiene carácter continuo y sus cifras, proporcionadas por los ayuntamientos, están coordinadas por el INE para evitar posibles duplicaciones en los casos de cambio de residencia (a veces figura el alta del nuevo municipio pero no la baja del antiguo), su fiabilidad para cuantificar la población residente en España, tanto nacional como extranjera, ha ido en aumento.

Si a ello se añade la necesidad de que los extranjeros, aunque no tengan permiso legal de residencia, estén empadronados para poder acogerse a distintos beneficios y derechos, como la sanidad o la educación, la cifra de extranjeros residentes del Padrón puede considerarse como cercana a la real, pese a que existen factores que pueden tanto sobrevalorar como infravalorar dicha cifra.

Entre estos factores, que pueden compensarse, al menos parcialmente, entre sí, destacan en cuanto a la sobrevaloración la consideración como residentes de parte de los extranjeros que, sin haberse dado de baja del Padrón, han abandonado España para retornar a su país de origen o emigrar a otro país, así como las duplicaciones derivadas del cambio de domicilio dentro del territorio nacional, debido a las mayores dificultades para detectarlas que en el caso de las nacionales por la falta en muchas ocasiones de documentación.

Y, en lo que respecta a la subvaloración, la falta de incentivos para empadronarse de ciertos colectivos de extranjeros comunitarios, el temor de los extranjeros sin permiso de residencia a inscribirse en el Padrón o el desconocimiento de los derechos que implica dicha inscripción.

Pero también existen razones de sobrevaloración o infravaloración de la cifra de residentes autorizados por el Ministerio del Interior, entre las primeras, la citada falta de consideración de los extranjeros que han abandonado España sin comunicarlo y, entre las segundas, el retraso existente en la concesión o renovación de permisos de residencia y trabajo: sólo los de renovación pendientes de resolución ascendían en abril a, aproximadamente, 400.000, tres cuartas partes de los cuáles se han resuelto en los últimos meses por el plan especial instrumentado por el actual Gobierno.

Por las observaciones anteriores, y teniendo en cuenta que, probablemente, el factor cuantitativamente más relevante sea el de la sobrevaloración de la cifra de extranjeros inscritos en el Padrón, la diferencia entre esa cifra y la de residentes legales (más de un millón trescientos mil a principio de 2003 y casi un millón y medio a principio de 2004) puede considerarse como una estimación máxima de los extranjeros residentes irregulares en España en dicha fecha. Ahora bien, como parece lo más probable que el número de irregulares no se habrá reducido desde entonces, sino todo lo contrario, la cifra actual de inmigrantes irregulares podría situarse cercana a un millón trescientas mil.

Por otra parte, si se tiene en cuenta, que, según el Padrón, la mayoría de los nuevos inmigrantes tiene edad de trabajar y que, según la EPA, la tasa de actividad de los extranjeros es más alta que la de los nacionales, en torno al 75%, se puede estimar en alrededor de 800.000 los trabajadores extranjeros activos, ocupados o parados, irregulares residentes en España.

Estas cifras tan elevadas muestran la gravedad de la situación actual, cuya solución urgente exige del máximo consenso tanto político como de los interlocutores sociales, ya que tanto las cuatro modificaciones de la Ley de Extranjería aprobadas desde enero de 2000 por los Gobiernos del PP como los dos procesos de regularizaciones extraordinarias de 2000 y 2001, que afectaron conjuntamente a más de 400.000 extranjeros, han resultado claramente insuficientes.