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Columna
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¿Una nueva multiplicación de los panes y los peces?

Comprendo que la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2005 (PGE) no ha debido ser fácil. El Gobierno carece de la mayoría absoluta en el Congreso y la aprobación de los mismos depende, al parecer, de los votos de un grupo, IU, cuya supervivencia electoral se basa en defender una política de izquierdas -aun cuando en alguna comunidad gobierne con la derecha- y, de otro, ERC, tan nacionalista que sus propósitos republicanos se detienen en la ribera del Ebro, indiferentes a la suerte del resto de los ciudadanos españoles.

Así las cosas, me imagino que el equipo del señor Solbes ha tenido que hilar fino en las cuentas públicas. Por lo que uno conoce, ese hilado presenta tres rasgos destacados: un optimismo acaso excesivo respecto al comportamiento de la economía, un exceso de gasto 'decididamente social' y una arriesgada apuesta por el crecimiento de los ingresos. Me explico.

Es habitual que cuando el ministro de Hacienda se acerca al Congreso cada final de septiembre para entregar al presidente de la Cámara Baja el PGE, este se base siempre en unas previsiones macroeconómicas que todos los especialistas consideran optimista. En este caso la confianza empieza por ignorar los nubarrones que se ciernen sobre la economía mundial y que amenazan con mantener el precio medio del crudo por encima de la estimación del Gobierno y por suponer una tasa de crecimiento del comercio mundial que fomente la necesaria recuperación de nuestras exportaciones al tiempo que, probablemente, continua la depreciación del dólar, con el consiguiente efecto inducido sobre nuestro comercio exterior. Es digno de mención que en este momento las previsiones privadas en lo que al crecimiento del consumo de los hogares, la FBCF (formación bruta de capital fijo) y el saldo exterior se refieren son más pesimistas que los cálculos del Gobierno.

El siguiente factor que me preocupa es la satisfacción con que se ha acogido el hecho que, por vez primera, el gasto social acapare más de la mitad del gasto presupuestario. Y me preocupa porque no hemos reparado en que vamos contracorriente de una Europa que ha comenzado ya a recortar ese gasto porque se da cuenta de que es, sencillamente, insostenible, nos guste o no. Por dar un solo ejemplo; según Eurostat, España , con una relación del 70%, será en el 2050 el país con mayor tasa de dependencia (definida como porcentaje de personas de 65 años o más respecto a las comprendidas entre 20 y 64) entre las economías desarrolladas de Occidente. Cómo pagaremos ese envejecimiento es algo que no parece preocupar a nadie.

Debemos respaldar con decisión el cambio de orientación dirigido a incrementar el gasto público destinado a aumentar nuestra productividad -uno de los talones de Aquiles de nuestro modelo de crecimiento- así como el paso dado para deflactar la tarifa del IRPF -que era de estricta equidad tributaria-.

Pero dicho esto queda una última duda capital: la referente al crecimiento de los ingresos. Aquí también es de temer que el Gobierno haya pecado de un exceso de entusiasmo -forzado por la necesidad de cuadrar sus cuentas-, pues no de otra forma me atrevo a calificar las previsiones de crecimiento de un 8,6% adjudicado a los ingresos impositivos -entre los cuales destacan los debidos al IRPF, un 9,1%, y al impuesto de sociedades, nada menos que un 12,6%-.

Todo lo anterior se resume en dos conclusiones: la primera es que si el Gobierno gasta todo lo que ha presupuestado será milagroso que el Estado acabe con un déficit de sólo el 0,5% del PIB previsto y que, por ende será imposible alcanzar el objetivo de un superávit del 0,1% para el total de las Administraciones públicas.

Cabe considerar razonable la afloración de compromisos con el propósito de sanear las cuentas públicas, con el consiguiente resultado de que a finales del presente ejercicio los números rojos será del orden del 1,8% del PIB; pero no es eso lo que me asusta, sino la tendencia de los Gobiernos socialistas a instalarse en el déficit, considerando que esa es una circunstancia que tiene una influencia negativa nula o muy limitada -incluso algunos la consideran benéfica-. Al fin y al cabo, a finales de 1982, el primer Gobierno de Felipe González recibió un déficit de las Administraciones públicas del orden del 5,6% del PIB y dejó al PP, al cerrar las cuentas a finales de 1995 un déficit del 6,6% -con una tasa media ligeramente superior al 5% entre 1983 y 1995- ¡Crucemos los dedos para que no se repita la historia!

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