COLUMNA

Presupuestos con rigor

El borrador de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2005 (PGE 2005) presentado al Congreso tiene tres virtudes: se basa en un escenario macroeconómico muy razonable, incorpora una importante dosis de rigor presupuestario, y asume los compromisos anunciados durante la campaña electoral.

Previsiones de crecimiento del 3,0%, de inflación del 3,2%, según el deflactor del PIB, y de crecimiento del empleo del 2,0% se ajustan bastante a las opiniones de los analistas, si bien quizá en su versión más optimista. Por salir del entorno nacional, la revisión de escenarios que el FMI acaba de publicar describe un escenario muy similar. El déficit del Estado previsto para 2005, de 0,5% del PIB, sería consecuencia de un crecimiento, tanto de los ingresos no financieros (descontando los cedidos a las Administraciones territoriales) como de los gastos no financieros, similar al crecimiento previsto para el PIB nominal, lo que constituye un punto de partida aceptable.

El desarrollo de acontecimientos en relación con las principales fuentes de incertidumbre a nivel mundial: crecimiento aún no contenido del precio del barril del petróleo, desarrollo del proceso electoral estadounidense, y conflictos bélicos y terroristas, condicionará el crecimiento de la economía española, al igual que el de las principales economías internacionales y, con ello, su posición presupuestaria.

Bajo estas incertidumbres, la posición adoptada por los Presupuestos parece correcta, si bien no es la única posible. En comparación con el déficit de 0,44% del PIB previsto para 2004 antes de las últimas modificaciones recientes, el PGE 2005 adopta una posición no muy restrictiva, siendo éste, sin duda, uno de los aspectos susceptibles de discusión. Un Presupuesto equilibrado a lo largo del ciclo puede requerir mayor restricción cuando el crecimiento esperado es del 3%; sin embargo, el actual contexto internacional parece respaldar la opción escogida por el Gobierno. En última instancia, ha de considerarse positivo el superávit de 0,1% del PIB previsto para el conjunto de las Administraciones públicas y, especialmente, que el indicador de posición financiera a largo plazo, la deuda viva total de las Administraciones públicas pueda reducirse hasta el 46,7% del PIB.

Los notables incrementos en la dotación para vivienda y pensiones incorporan las promesas efectuadas durante el proceso electoral en relación con el gasto social, mientras que los aumentos en educación, infraestructuras e inversión en I+D permiten recoger los compromisos relativos a la inversión conducente a mejorar la productividad.

Junto con la desaparición de la ley de Acompañamiento, el cumplimiento del techo del gasto propuesto por el Gobierno en junio, y aprobado por Congreso y Senado, y la deflactación de la tarifa del IRPF introducen un rigor político y presupuestario dignos de elogio.

Algunas políticas sectoriales recogidas en el borrador de Presupuestos, como la que se refiere a la reestructuración del sector naval, o la que continúa la actuación sobre el sector minero, requieren ser definidas y pueden resultar más discutibles. La primera afecta a un conflicto abierto, y deberá ir aclarándose en un futuro próximo. La segunda sugiere que alguno de los debates nacionales importantes, como el que se refiere a la estructura de producción energética, puede estar artificialmente cerrado.

En resumen, con la información actualmente disponible, los PGE de 2005 son correctos, y están diseñados con rigor. Constituyen un paso en la dirección adecuada para aumentar la productividad y el capital humano, aspectos en los que los logros son, sin embargo, menos inmediatos de lo que nuestros gobernantes parecen sugerir en ocasiones.

El crecimiento de ingresos y gastos no financieros, en línea con el previsto para el PIB nominal, confieren al Presupuesto un tono no intervencionista. El Gobierno ha huido, razonablemente, de erigirse en protagonista, rehusando incorporar un grado de expansión del gasto que no parece recomendable en estos momentos, a pesar de las incertidumbres ya descritas.

Como elemento de política fiscal, los Presupuestos pueden tener un impacto nada despreciable, si se mantiene una continuidad en los incentivos a determinados tipos de inversión y un tono riguroso, que permita un descenso sostenido del grado de endeudamiento y unos tipos de interés a largo plazo reducidos. Permiten una redistribución de renta entre grupos sociales, que en España ya se alcanza en grado apreciable.

La política fiscal es más amplia y dispone de elementos institucionales que permiten la distribución territorial de renta. En esta característica tan básica del diseño económico de un país, así como en establecer clara y rigurosamente la estructura de financiación de las autonomías que lo componen, se halla el principal reto fiscal aún por resolver, y del que deben responsabilizarse nuestros gobernantes en todos los niveles territoriales.