Nuestra sanidad precisa salud
El marco adecuado para cimentar el nuevo modelo de financiación de la sanidad es un pacto de Estado similar al Pacto de Toledo para las pensiones, según el autor. En su opinión, tal acuerdo debe contemplar las distintas variables que afectan a la sanidad, y no limitarse a los aspectos recaudatorios
Por enésima vez se ha vuelto a reabrir el debate sobre la financiación sanitaria. Y además, como siempre, con la misma liturgia. Algún responsable público lanza la idea del copago, de la privatización parcial o del pago de los ancianos según renta y las alarmas se disparan. Partidos de la oposición, sindicatos, asociaciones diversas, todos levantan su voz contra la tropelía que anuncia el Gobierno respectivo. Unos días después, el responsable del globo sonda matiza su propuesta: lo que había dicho no era realmente un proyecto de su Gobierno, simplemente había lanzado una reflexión en voz alta. Al final todo queda en agua de borrajas, y nada cambia hasta que el próximo responsable público vuelva a iniciar una nueva serpiente de verano.
Durante los últimos años ya hemos conocido varias. Pero el tiempo va pasando, y las cuentas sanitarias se van complicando. Quizá haya llegado el momento de dejarnos del manido juego de serpientes de verano y globos sonda, y tengamos que arremangarnos para intentar paliar una situación que objetivamente se complica día a día. Y como la salud es cosa de todos, la única forma posible de abordar reformas y mejoras será mediante grandes acuerdos de Estado, tipo Pacto de Toledo.
El problema es que la factura sanitaria y farmacéutica crece en España fuera de todo control
Nuestro sistema de salud tiene tres pilares básicos. Repasémoslos para entender su funcionamiento. Primero es un derecho universal, es decir, que pueden acceder de derecho a la sanidad pública todos los españoles, y de hecho cualquier persona que se encuentre en territorio español.
En segundo lugar, su financiación no depende como antaño de cotizaciones sociales, sino que se financia íntegramente de los Presupuestos Generales del Estado.
Y, como tercer pilar fundamental, que es una competencia cedida a las comunidades autónomas.
Y es en este tercer aspecto dónde nació el debate, ya que son sus responsables quienes sufren en sus carnes los aprietos económicos.
Según algunas voces, las dificultades para financiar la sanidad de algunas regiones se debe al mal cálculo realizado en las transferencias. Puede que así sea en algunos de los casos, aunque en verdad, el problema no radica en el hecho autonómico, sino en los modelos de gestión, en las limitaciones presupuestarias y, sobre todo, a que la factura sanitaria y farmacéutica crece fuera de todo control.
Si hace unos años eran las pensiones las que amenazaban con hundir las cuentas públicas, ahora es la sanidad la aparente responsable de futuras tensiones presupuestarias. Al igual que el sistema público de pensiones está equilibrado a corto plazo, el costo sanitario crece con mayor rapidez de lo previsto. Y con una diferencia fundamental: el gasto en pensiones es perfectamente estimable. Basta un sencillo cálculo actuarial con la pensión media, edad de jubilación, esperanza de vida e inflación como variables de cómputo. Desde el Ministerio de Trabajo pude comprobar cómo el error en estas estimaciones a corto plazo era realmente pequeño.
Sin embargo, el incremento del gasto sanitario parece fuera de toda lógica. ¿Y por qué crece más de lo estimado? Aunque algunas voces afirman que por el fraude en el gasto farmacéutico por parte de los pensionistas, la verdad es mucho más compleja. Los expertos tendrán una respuesta más exacta, pero a los efectos de este artículo nos bastará saber que cada vez vivimos más años, y que, además, queremos hacerlo con mayor calidad de vida.
¿Un Pacto de Estado similar al Pacto de Toledo para las pensiones? Resultaría el marco más adecuado para cimentar el nuevo modelo de financiación al que, más bien pronto que tarde, nos veremos abocados. Este pacto debe contemplar las distintas variables que afectarán a nuestra sanidad, y no limitarse simplemente a los aspectos recaudatorios, tipo copagos y demás.
Un porcentaje muy elevado del total del gasto sanitario que consume una persona, lo hace en sus últimos diez años de existencia. Por tanto, el envejecimiento de la población tendrá como consecuencia cierta una aceleración en el incremento del gasto, al que tendríamos que añadir los costos de la dependencia y de la atención sociosanitaria, a caballo entre la sanidad y la previsión social.
Ningún partido ni Gobierno autónomo puede abordar en solitario las imprescindibles reformas. Nuestra sanidad precisa salud. El acuerdo fue posible -y muy positivo- en pensiones. ¿Lo conseguiremos ahora en sanidad?