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Tribuna
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Los precios del petróleo y de la energía eléctrica

La escalada de los precios del petróleo puede explicarse parcialmente por la influencia de factores circunstanciales, como la inestabilidad política en Venezuela, la caída en la producción de Irak o la crisis entre las autoridades rusas y la empresa Yukos. Pero, sin duda, obedece también a presiones estructurales que están afectando al mercado del crudo desde hace ya más de un año. Las reservas de producción inmediata, pese a las declaraciones de Arabia Saudí respecto a posibles aumentos en la producción de hasta cerca de un millón de barriles diarios, empieza a estar muy ajustada en un mundo en el que la demanda no para de crecer. Los inventarios están bajos no sólo por expectativas especulativas bajistas o cortas, sino por presiones de la demanda que, durante el último año, no han tenido la respuesta adecuada desde el lado de la oferta.

El mercado del petróleo está pasando de tener tradicionalmente un exceso de oferta, controlado con cierto éxito por la OPEP, a una situación en la que la presión de la demanda no encuentra la respuesta adecuada en cantidades y provoca elevaciones en precios. No estamos ante una burbuja similar a las subidas de las cotizaciones bursátiles de los años noventa. Muy probablemente, estamos a las puertas de una larga etapa con precios del petróleo por encima de los 30 y 35 dólares por barril.

Unos precios del petróleo entre 30 y 35 dólares el barril pueden tener un efecto sobre el crecimiento del PIB en Europa y EE UU de, aproximadamente, medio punto. Pero, si los precios se estabilizan en estos niveles o incluso en niveles superiores, su principal impacto en las economías occidentales no va a ser tanto el crecimiento que se lleven por delante, como los cambios estructurales en consumo y producción que provoquen.

Estos cambios no tienen por qué resultar dramáticos si se van produciendo poco a poco, mediante subidas y bajadas de cortos periodos de duración, en torno a una media que no se aleje de los 35 dólares el barril. Para que esta adaptación sea gradual, los movimientos en el precio del crudo deben afectar con transparencia y flexibilidad a otros precios, o reducir rentas o impuestos, según sea el comportamiento de la demanda y según se manifiesten las preferencias sociales y de consumidores en cada caso.

El transporte de personas y mercancías y la energía son los sectores económicos a través de los cuáles se modificarán los precios relativos y se producirán los principales efectos de un petróleo caro en el conjunto de nuestra economía. Los precios de las gasolinas y gasóleos, incidirán en las tarifas del transporte por carretera, así como en el coste de los billetes de las compañías aéreas. Unos y otros se adaptan con rapidez a los movimientos en el precio del crudo. Esta adaptación resulta imprescindible para que consumidores y empresas se amolden a la nueva situación.

Pero no ocurre lo mismo con la energía eléctrica. Con gran diferencia, la transparencia y flexibilidad de los precios en estos sectores es muy inferior a la de los precios del transporte. La mayor parte de las transacciones se hacen a precios regulados y las que se hacen a precios libres replican la forma de las tarifas; son uniformes para combinaciones de energías obtenidas con costes muy diferentes e incluyen primas implícitas de muy distintos orígenes y consideraciones (geográficas, de actividades, de transición a la competencia y de fuentes de energía, básicamente).

El problema de las tarifas vigentes y del actual sistema de precios al por mayor de energía eléctrica es que ni unas ni otros distinguen según el origen de la energía consumida y tratan como idéntico cualquier kWh, se produzca como se produzca (mediante tecnología nuclear, hidráulica, carbón, gas natural, viento, biomasa, solar, etcétera). Resulta imposible, por tanto, que los precios reflejen ante los consumidores alteraciones en los costes que no incidan por igual en las distintas tecnologías de producción de energía eléctrica. En ésta, las preferencias de los consumidores y los distintos costes de los productores se diluyen en precios uniformes e insensibles a variaciones de costes específicas o relativas.

Esta uniformidad oculta tanto los costes como los incentivos o primas de cada una de las fuentes energéticas, lo que dificulta que la demanda responda a las diferencias de costes y a las preferencias por la utilización de unas fuentes de energía frente a otras. En estas condiciones, se hace difícil y costosa la transición a pautas de consumo y producción adaptadas a los nuevos precios del petróleo.

Si el petróleo, como parece que va a ocurrir, se instala en niveles por encima de los 35 e incluso 40 dólares barril, la estabilidad en nuestras cuentas públicas, tipos de interés y precios al consumo deberá apoyarse en un modelo de crecimiento que utilice la energía de manera distinta a como se ha utilizado en el último siglo. Encontrar este modelo dependerá de la capacidad de adaptación de nuestras empresas y consumidores a los nuevos precios relativos de las fuentes energéticas.

Lo fundamental para que esta adaptación se realice de la mejor manera y al menor coste posible es que los precios sean, en términos relativos, fiables y, por tanto, transparentes. Hoy por hoy, esto no ocurre. Los precios de la energía eléctrica responden, sobretodo, a decisiones políticas para controlar el nivel del índice general de precios al consumo, para compensar la poca competencia del sector y para sindicar los incentivos y costes de las distintas fuentes de energía.

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