Productividad e I+D
La política de gasto público en I+D no conducirá por sí sola a aumentos significativos de la productividad en España si no se producen, a la vez, una serie de cambios en el marco de los incentivos. Según el autor, puede ser una condición necesaria, pero no suficiente
Una persona, admirable en muchos sentidos, que ha venido a veranear al lugar en el que yo lo hago, me manifestaba la otra noche su extrañeza por mi afirmación de que el I+D no es una causa fundamental del crecimiento de la productividad. Voy a tratar de explicarlo.
Empiezo por citar al historiador, y Premio Nobel de Economía, Douglas North, cuando decía que 'el desarrollo tecnológico más que causa del crecimiento es el propio crecimiento'. Algo similar ocurre en la relación entre productividad y gasto en I+D (gasto privado, que es, al final, el relevante): si se dan los factores que incentivan decisiones que aumentan la productividad, también operarán los que conducen a mayores gastos de las empresas en I+D (que, a su vez, contribuirá a que su productividad crezca en el futuro). Es decir, ambos fenómenos se producen simultáneamente. Por eso están fuertemente correlacionados para la economía en su conjunto. Entre dos variables endógenas, y éstas lo son, puede haber una correlación alta que no implique causalidad.
El aumento de la productividad puede producirse por muy distintas vías: utilizando nuevas técnicas o equipos, mejorando la organización, mejorando la calidad de empleados y directivos, desarrollando nuevos servicios que permitan a otras empresas ser más eficientes, desarrollando nuevos productos con más valor añadido, etcétera. De las citadas, sólo la última vía necesita necesariamente de actividades previas de desarrollo. Pero la pregunta fundamental es qué factores impulsan a los implicados en el proceso productivo a tomar esas decisiones (incluidas la de realizar actividades de desarrollo). Dependerán básicamente de los incentivos que reciban. Y estos están condicionados por las reglas del juego (las instituciones) definidas por las normas, las políticas y los códigos de conducta imperantes.
Pongamos algunos ejemplos. En un sistema laboral con una tasa alta de temporalidad, con costes de despido elevados y en el que la estructura salarial se fija de espaldas a la realidad de las empresas (en convenios sectoriales), los empleados tienen escasos incentivos para formarse y esforzarse. O se encuentran en una situación de precariedad o se encuentran muy protegidos y con escasa posibilidad de que sus empleadores les mejoren sus condiciones retributivas si aceptasen finalmente formarse. Si, además, existen restricciones legales a la organización interna de las empresas, otras ganancias de la productividad estarán limitadas. El sistema español tiene todas esas propiedades adversas. Téngase en cuenta, además, que las empresas innovadoras suelen ser de rápido crecimiento, y éste puede estar constreñido por la rigidez de la regulación laboral.
Otro caso: si los mercados tienen una estructura poco competitiva, los monopolistas tendrán menos incentivos para mejorar su productividad y los innovadores potenciales no tendrán acceso al mercado, con lo que la productividad de ese sector crecerá poco. Lo mismo ocurrirá si el acceso a una determinada actividad se consigue mediante una concesión administrativa y ésta se otorga por preferencias políticas o por mecanismos poco transparentes.
Otro: si los innovadores desconfían del cumplimiento de los contratos y del funcionamiento de la justicia (civil, mercantil y laboral) reducirán sustancialmente su actividad innovadora. España está sólo en el puesto 27 en un ranking de países por el grado de cumplimiento de leyes y contratos y, según una encuesta de Cinco Días, los empresarios españoles perciben a la Justicia como una institución muy adversa para su actividad.
Vemos que malas regulaciones (malas por estar mal diseñadas o mal gestionadas) crean incentivos contrarios a la toma de decisiones que aumentan la productividad (y el gasto privado en I+D). Pero hay otros elementos relevantes que se refieren más a valores y códigos de conducta. La mencionada tibieza en el cumplimiento de las leyes es uno de ellos.
Por otra parte, los análisis de la realidad española, como el reciente de The Economist o los que calibran las consecuencias de la ampliación de la UE, apuntan a la escasez de empresarios emprendedores (no, por cierto, a la escasez de técnicos). En nuestro país la cultura del emprendedor es raquítica y la valoración social del empresario es muy baja. Es la consecuencia de décadas de mala regulación, excesivo intervencionismo y gestión irregular de los poderes públicos.
Una mejora de la regulación y de la intervención y una conducta ejemplarizante en el terreno de la transparencia por parte de los poderes públicos contribuirían a enderezar ese estado de cosas. No conviene despreciar la importancia de estos intangibles. Permítaseme citar a otro Premio Nobel. A Einstein esta vez: 'No todo lo que cuenta se puede contar (o medir) y no todo lo que se puede contar (o medir) cuenta'.
¿Significa esto que no hay que mejorar la política de gasto público en I+D? En absoluto. Hay que hacerlo al menos por dos motivos. Porque consolida grupos de investigadores aplicados y porque los empresarios emprendedores que haya pudieran estar racionados financieramente (un fallo de mercado que conviene corregir). Lo que uno duda es que esa política de I+D vaya a conducir por sí sola a aumentos significativos de la productividad, si no cambia el amplio marco de incentivos. Puede ser una condición necesaria, pero no es en absoluto suficiente.
No sé si habré convencido a mi ilustre co-veraneante. Si no lo he hecho, debe ser por mi pobreza argumental y no porque la proposición que defiendo sea irrelevante.