Decíamos el año pasado
El Informe Anual de 2003 que el Gobernador del Banco de España presentó al Consejo de Gobierno de la institución el pasado mes de junio contiene algunas novedades reseñables. No lo es la excelente calidad de sus Cuentas Financieras, que año tras año, nos ofrecen un instrumento insustituible de información y trabajo: un buen ejemplo es la recopilación de la deuda de los sectores no financieros recogida en el cuadro II.4. y la distribución del efectivo entre el emitido por el Banco y por el resto del mundo.
Es lamentable, por cierto, que la presentación de una 'nueva imagen corporativa' en esta publicación -algo que los rectores del banco central, más de dos veces centenario, acaso hayan juzgado necesario- relegue a una página web su inclusión; pero lo que aquí interesa es algo más: me refiero al sutil cambio que se observa en las pinceladas con que se dibuja la evolución durante el último año y la situación con que nuestra economía encara los meses venideros.
Hace un año ciertos rasgos que ahora aparecen como preñados de incertidumbres se acolchaban en unos matices más o menos optimistas, con un resultado general en que predominaba una clara despreocupación.
Pero algo ha cambiado desde entonces porque si bien se señala que la economía española ha seguido manteniendo un mayor dinamismo que la zona del euro, ahora se subrayan los 'condicionantes de la sostenibilidad del crecimiento económico'.
Como bien dice el informe, un modelo de expansión basado en la fortaleza del consumo y la construcción -impulsados por la pronunciada reducción de los costes financieros- crea desequilibrios financieros en los hogares y las empresas y dificulta la competitividad de la economía. Un dato resulta especialmente significativo: el ahorro de las familias españolas, descontando las cargas financieras y la amortización de sus deudas representaba a finales de 2003 tan sólo el 2% de su renta bruta disponible -¡exactamente igual que en EE UU, paradigma de un sector y de un país que gasta por encima de sus disponibilidades!- y su ratio de endeudamiento llega al 90 de aquella.
Esa situación es ahora tanto más preocupante cuanto que en la composición de su cartera de activos han ganado importancia aquellos más estrechamente ligados a la evolución de la coyuntura financiera lo cual implica una 'fuente de riesgos' para el sostenimiento de la demanda. Según calcula el Banco, una hipotética subida de dos puntos en los tipos de interés supone un efecto negativo en el PIB de los tres años siguientes que oscila entre 0,64 y 1,04 puntos.
Para soslayar tan delicada situación el Banco propugna una política estabilizadora de esos riesgos y más concretamente una política fiscal que compense las tensiones generadas por una política monetaria común demasiado laxa para nuestra posición cíclica. Pero el Banco Central vislumbra algunos peligros: el primero el olvido de 'mecanismos institucionales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria' -con menos teatro se ha repetido el ritual de las 'auditorias de infarto' y, como algunos banqueros, se prefiere apuntar en el debe del anterior todo tipo de compromisos y riesgos para así tener las manos libres en la gestión futura- o, en segundo lugar, el impacto del envejecimiento de la población sobre el gasto público futuro, habida cuenta de la tibieza de las medidas de reforma del sistema de pensiones adoptadas hasta ahora.
Teniendo en cuenta la discreción que siempre ha caracterizado las manifestaciones del Banco, no cabía esperar una crítica más abierta a ciertas novedades introducidas por el nuevo Gobierno, tales como la sustitución del principio del 'déficit cero' por una consideración flexible y cíclica del desequilibrio presupuestario o la tolerancia ante las habituales tendencias de las Autonomías a desviarse de los objetivos iniciales, desviaciones que ahora serán bendecidas por acuerdos de 'presupuestos a la carta'.
Es evidente que ni el informe ni el discurso del Gobernador podían renunciar a explicitar unas recomendaciones que se me antojan imposibles de poner en práctica en el futuro.
Medidas como potenciar el empleo estable, reformar la negociación colectiva, acabar con las restricciones existentes en la oferta de suelo o modificar la normativa del comercio minorista destilan sensatez desde el punto de vista estrictamente económico.
Pero recordando que los Gobiernos del PP no fueron capaces de llevarlas a cabo, los equilibrios parlamentarios y la 'doctrina' política del actual Gobierno son lo menos propicios para intentar acometer seriamente esos propósitos. Lo más que cabe esperar, mal que le pese a la OCDE, son reuniones protocolarias, fotografías entrañables y 'pactos sociales' irrelevantes.