La vivienda, decisiones difíciles
La inestabilidad del equilibrio actual del mercado inmobiliario no permite actuar más enérgicamente al Gobierno, ante el peligro de precipitar una crisis del sector. Con las manos atadas, los nuevos gestores han recibido, según el autor, una herencia muy comprometida
En los dos últimos Consejos de Ministros se han tomado medidas para aliviar la situación de un mercado de vivienda que, entre otras cosas, está siendo causa del endeudamiento de los jóvenes y del retraso de sus edades de emancipación, con la consiguiente reducción del periodo de exposición a riesgo de embarazo y sus consecuencias negativas en la fecundidad. Se plantea aumentar un 65% el número de actuaciones en materia de vivienda protegida, hasta alcanzar las 180.000 en 2004, y se prevé el aumento de un 4% de sus precios básicos y otros incrementos 'adicionales y selectivos', con el objetivo de estimular a los promotores privados de este tipo de viviendas. Se incentiva hasta con 6.000 euros, para rehabilitación, seguros, etc., a aquellos propietarios de pisos vacíos que decidan alquilarlos por un mínimo de cinco años y se habilitan ayudas de 240 euros mensuales a menores de 35 años con rentas inferiores a 2.880 euros anuales para que puedan hacer frente al alquiler de sus viviendas durante dos años.
Estas medidas se caracterizan por su prudencia y demuestran que se conoce la inestabilidad del equilibrio actual del mercado inmobiliario y los males que la adopción de medidas más enérgicas podría generar sobre el crecimiento económico y el empleo, precipitando una crisis que es preciso evitar o, al menos, suavizar cuanto sea posible. Pero el intento de frenar unos precios que, a pesar de haberse ralentizado, han crecido en el último año un 13,8% y de sacar al mercado viviendas en propiedad o alquiler más asequibles mediante medidas como las adoptadas puede frustrarse, como de hecho ya han anunciado los promotores de viviendas de protección oficial, para quienes los aumentos de precios previstos resultan insuficientes, a pesar de que en municipios con especiales tensiones de precios, como las grandes ciudades, se permiten aumentos hasta del 10,71%.
Existe una escasa conciencia de los riesgos que hemos de asumir a causa del incontrolado crecimiento del sector
El peligro del que se quiere huir a toda costa es el de una rápida caída de los precios, cuestión latente por la existencia en España de más de tres millones de viviendas vacías, según puso de relieve el Censo de 2001, a las que habrá que sumar aquellas que se han construido los años siguientes y que no están ocupadas, dado que las más de 600.000 construidas cada año no pueden ser absorbidas por los nuevos demandantes de vivienda principal surgidos por los procesos de emancipación o disolución familiar, inmigración, etc., ni por los demandantes españoles y extranjeros de viviendas secundarias, cuestiones que abordé en el artículo Otra burbuja que acecha, publicado en estas páginas en septiembre de 2002.
Reflexiones de este tipo, que han venido siendo calificadas de alarmistas durante la anterior legislatura, no han proliferado, de manera que existe escasa conciencia de los riesgos que hemos de asumir a causa del incontrolado crecimiento del sector. Una importante mención a estos riesgos se desprende del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de mayo, en el que se dice que la morosidad puede aumentar por el creciente endeudamiento de las familias, ante la subida de tipos de interés o si creciera el desempleo. Se añade que este problema de la morosidad se agravaría ante una caída de los precios de la vivienda, que además reduciría el valor de garantía que poseen las entidades bancarias. También se asegura en dicho informe que el menor riesgo del crédito lo tiene la financiación a los hogares para la adquisición de vivienda y el mayor riesgo corresponde al que proviene de la financiación a empresas constructoras e inmobiliarias.
Curioso comentario cuando, según el Boletín del propio Banco de España, se aprecia, por ejemplo, que gran parte de los créditos concedidos por las entidades bancarias se localizan en la oferta inmobiliaria, habiéndose multiplicado dichos créditos durante el mandato popular por 2,7 en el sector de la construcción y por 5,1 en los servicios ligados a actividades inmobiliarias, hasta alcanzar la suma de ambos la extraordinaria cifra de 146.000 millones de euros.
Sin poder impulsar la salida al mercado de las viviendas vacías, tocar los tipos de interés, aliviar el enorme endeudamiento al que han llegado las familias españolas, afrontar el fraude fiscal que ha venido acompañando unas ganancias espectaculares donde las plusvalías, en contra del artículo 47 de nuestra Constitución, no han revertido a la comunidad y, en general, ante la imposibilidad de adoptar cualquier medida que pueda precipitar la crisis de un sector que ocupa, directa e indirectamente, a más de tres millones de trabajadores, puede decirse que los nuevos gestores han recibido una herencia verdaderamente comprometida.