'Las comunidades tendrán mayor capacidad normativa'

La reforma del modelo de financiación autonómica incorporará la transferencia de una mayor capacidad normativa sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, con las que el ministro ha roto una larga etapa de incomunicación heredada del anterior Gobierno.

Este valenciano de 48 años ha tomado las riendas de Administraciones Públicas en el mismo palacete de Castellana, 3, donde se celebraban los Consejos de Ministros de la Segunda República. Su ambición histórica se limita, de momento, a modernizar los servicios públicos introduciendo criterios de calidad y eficacia.

Pregunta. Cuando se habla de la reforma de la financiación autonómica, se entiende que se va a inyectar más dinero al sistema. ¿Puede cuantificarlo y precisar de dónde va a salir?

respuesta. No estamos hablando de más gasto, sino de dar mayor capacidad de autogobierno económico a las autonomías para que puedan alcanzar la suficiencia financiera con un mayor margen de autonomía fiscal. Me gustaría recordar que fui el ponente socialista cuando se tramitó la Ley de Financiación Autonómica en 2001 y que nos abstuvimos porque, si bien entendíamos que había mejoras respecto al anterior modelo, no era el nuestro. Quien diga ahora que su reforma obedece a presiones del tripartito catalán falsea la realidad. En la ronda de entrevistas que he mantenido con los presidentes autonómicos, muchos de ellos, de todos los signos políticos, reconocen una seria insuficiencia financiera para abordar el gasto sanitario, en parte derivada de los movimientos poblacionales. Ya está convocado un grupo de trabajo, por acuerdo del último Consejo de Política Fiscal, para estudiar el problema. Por otra parte, es evidente que el gasto sanitario aumenta según mejora el nivel de renta de la población y también conforme crece la calidad del servicio. A eso se añade que la factura farmacéutica progresa siempre a una tasa superior a los ingresos públicos.

'Se han ocultado deudas que pueden limitar el margen de maniobra presupuestario para acometer con rapidez algunos compromisos electorales'

'El céntimo sanitario es un ejemplo a seguir. Las comunidades tienen que ajustar sus ingresos a sus gastos sin tener que estar peleando contra el Estado por obtener mayores recursos'

P. ¿La solución vendrá, entonces, del aumento de la capacidad normativa?

r. Nosotros alertamos en su momento de que este modelo no aportaba suficiente autonomía financiera a las comunidades y por eso defendimos el aumento de los márgenes de participación y de la capacidad normativa de las comunidades sobre el IRPF, el IVA y algunos impuestos especiales. Por ahí van a ir, efectivamente, los retoques que se tienen que hacer. Se va a aumentar la capacidad normativa de las comunidades para que obtengan ingresos propios, actuando también con impuestos compartidos con el Estado. Las comunidades tienen que alcanzar su suficiencia a través de su autonomía financiera. Si quieren tener más ingresos, que los obtengan actuando sobre los impuestos cedidos.

P. Sin embargo, la experiencia demuestra que se ha utilizado poco esa capacidad normativa.

r. Es verdad, pero ahora se produce una situación un tanto excepcional. Es la primera vez que el grueso de las transferencias ya está en manos de las comunidades con los últimos traspasos de la sanidad y la educación. Prácticamente, todas las comunidades autónomas han alcanzado sus techos competenciales. Los flecos que quedan no son relevantes en términos de coste, salvo los medios materiales y humanos de la justicia. Ahora las comunidades ya no pueden buscar solución a sus insuficiencias financieras a través del aumento de recursos procedentes del Estado. El Gobierno central ya no tiene razones ni argumentos para transferir dinero a las comunidades, salvo para cubrir los movimientos de población en el terreno sanitario.

P. ¿Hasta qué porcentaje se podría aumentar la cesión del IRPF?

r. Aún no tenemos propuestas cerradas y, además, no siempre es un problema de porcentajes. Cuando se hizo la cesión del 15% del IRPF, algunos grupos políticos montaron un gran escándalo porque se rompía España y cuando llegaron al Gobierno la subieron al 30%. La participación de las comunidades en los ingresos del Estado es una forma de indiciar las transferencias a variables como los ingresos por IRPF o IVA. La participación en la recaudación de determinados ingresos es una manera de medir en base a qué evolucionan los recursos de las comunidades. Pero lo importante no es eso, sino ver qué capacidad normativa tienen. Por eso el debate no va a estar tanto en si la cesión es del 35% o del 30% sino en si la capacidad normativa sobre IRPF, sobre IVA minorista o sobre impuestos especiales es mayor o menor.

P. Póngame un ejemplo a seguir.

r. El céntimo sanitario. Es por ahí por donde tenemos que ir. Las comunidades tienen que ajustar sus ingresos a sus gastos sin tener que estar peleando contra el Estado por obtener mayores recursos.

P. En este caso puede tener efectos secundarios graves teniendo en cuenta el alto precio del petróleo.

r. Efectivamente, puede tener efectos secundarios en los momentos en los que el precio del crudo sea muy alto, tendrá otros si el precio es bajo y, en todo caso, si sirve para mejorar la prestación de la sanidad, también tendrá otros efectos secundarios sobre la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. Casi todo en economía tiene efectos secundarios...

P. ¿El 'copago' es otra solución?

r. Creo que no. Para resolver el problema de la financiación del gasto sanitario, antes que llegar a fórmulas de 'copago', que es una palabra que, además, no me gusta, se tendrían que cerrar otras muchas vías a través de las cuales se dispara el gasto sanitario, fundamentalmente a través del gasto farmacéutico. Antes de exigir a los usuarios del sistema que paguen por las prestaciones que le ofrece lo que se supone que es un servicio público y, por tanto, gratuito, habría que lograr de verdad un ahorro en la factura farmacéutica a través de los genéricos, de la medicación adecuada a las necesidades del paciente o de los precios de referencia.

P. ¿El Gobierno entiende que ha habido abuso de la industria farmacéutica en los últimos años?

r. Nunca he sido partidario de acusar a las empresas privadas de cometer abusos porque creo que tienen la obligación de maximizar beneficios dentro de los márgenes normativos vigentes en cada momento. Si se producen beneficios extraordinarios en alguna actividad es responsabilidad del Gobierno, pues es quien establece las reglas de juego. Por lo tanto, hay que cambiar las reglas de juego hablando con la industria farmacéutica. Por mi experiencia con el sector, creo que es razonable y sensible a los comentarios que se le pueden hacer desde el Gobierno. Eso hay que hacerlo, porque si no las empresas actúan maximizando beneficios. Las peticiones del Gobierno a los empresarios para que sean buenos samaritanos nunca me han parecido razonables.

P. ¿No tiene la sensación de que el auténtico agujero presupuestario está en la Administración autonómica?

r. En España se ha abusado intensivamente en los últimos años de la contabilidad creativa. El Gobierno central podría haber dado ejemplo a las comunidades y no lo hizo. Es claro que aquí se han estado ocultando deudas, aplazando al futuro determinados compromisos y gastos. En el próximo debate presupuestario habrá que explicar a los ciudadanos cómo en apenas tres meses hemos pasado de una situación en la que, aparentemente, todo iba bien a otra en la que da la impresión de que el Gobierno no tiene dinero para muchas alegrías. Y lo único que se ha producido es un cambio de Gobierno. ¿Qué hay detrás? Pues que estamos dispuestos a decir la verdad de lo que nos estamos encontrando: muchas deudas que no figuraban como tales, muchos compromisos para los que no había respaldo presupuestario. La herencia de las deudas del Gobierno del PP puede lastrar los márgenes de actuación, al menos a corto plazo, del Gobierno socialista. Hemos cogido el toro por los cuernos explicando la realidad de la situación, que no es dramática ni agobiante, pero que puede limitar el margen de maniobra presupuestario para acometer con rapidez algunos compromisos electorales.

P. ¿Al hablar de compromisos o deudas ocultas, piensa en el caso de Izar?

r. El caso de los astilleros es el más simbólico por su importancia social y porque representa todo un modelo de actuación económica. Se ha mantenido artificialmente una actividad a base de ayudas ilegales del Estado para ver hasta dónde aguantaba. Creo que nos vamos a encontrar con más situaciones como esta. Lo estamos viendo en las ayudas a RTVE, en la deuda de Aena o de Renfe, superior a la que se nos había declarado. El Gobierno anterior ha ido viviendo al día, derrochando al día y comprometiendo gastos futuros que en algún momento habrá que pagar.

P. ¿Ha detectado algunos casos concretos en comunidades autónomas?

r. Bueno, ya vimos en la última reunión del Consejo de Política Fiscal que cuatro comunidades reconocieron una situación de déficit, cada una de ellas por circunstancias distintas. En los escenarios presupuestarios que el Gobierno aprobó el viernes se prevé, en un ejercicio de realismo, un déficit de una décima de PIB para el conjunto de las comunidades en 2005. Es previsible que, según avance el ejercicio de trasparencia en las Administraciones, se vea que no es sostenible ocultar una realidad preocupante, si la tienen, y que es mejor decir la verdad.

Salarios ligados a productividad en la función pública

Hay que establecer un horizonte adecuado de retribuciones para los empleados públicos que encaje con las nuevas exigencias en términos de calidad y eficacia, mantiene Jordi Sevilla, para quien es factible establecer vínculos entre salarios y productividad también en la Administración pública.'En los últimos años los funcionarios han hecho un gran sacrificio salarial porque han ido perdiendo poder adquisitivo, incluso en ejercicios de crecimiento económico, creación de empleo y superávit presupuestario', recuerda.Con este precedente, el ministro de Administraciones Públicas se propone incentivar 'el buen trabajo' y recuperar la productividad 'como elemento importante del sueldo mensual de cualquier funcionario', aunque admite que este es un concepto que es complicado de definir.La modernización de la Administración pivotará sobre tres iniciativas, anticipa Sevilla: la elaboración de una ley de agencias para mejorar la gestión de determinados servicios, la creación de una agencia de evaluación de las políticas y los servicios públicos que ejerza el control sobre la calidad y la eficacia del gasto y, en tercer lugar, la confección del Estatuto de la Función Pública, para que los funcionarios vean clarificada su carrera y obtengan una retribución adecuada. 'Lo vamos a hacer en colaboración con las comunidades', explica.

'No vamos a intervenir en la vida de las empresas'

Jordi Sevilla niega que existan dos sensibilidades dentro del Gobierno, una más economicista y otra más política, al tiempo que califica de 'injusta' la apreciación sobre la excesiva influencia que estaría teniendo Cataluña en la política nacional.¿Se ha debatido en el Consejo de Ministros la operación Endesa/Gas Natural?No. Yo no conozco que la operación esté planteada.Hay quien ha interpretado que el vicepresidente Solbes la ha aplaudido.Yo insisto en que no conozco esa operación. Es más, tengo la impresión de que nadie la conoce. No digo que no se esté haciendo. Lo que digo es que creo que no se conoce.¿Los presidentes de las empresas privatizadas en la etapa del PP pueden tener algún motivo de inquietud?Bueno, supongo que el que provenga de su cuenta de resultados o de lo que les vayan exigiendo sus accionistas. Desde luego, no deben tener motivo alguno de inquietud por parte del Gobierno, que no va a intervenir en la vida de las empresas.Se habla de dos sensibilidades diferentes en el Gobierno, la del equipo económico y la de los ministros más políticos...No las he notado. Si las hubiera habido, yo no sabría muy bien donde colocarme...También se percibe que la política económica pivota demasiado sobre Cataluña. Ahí está la polémica de los horarios comerciales...El ministro Montilla, como el resto, aplica los compromisos que expuso el presidente en su discurso de investidura. No es justa esa apreciación sobre el excesivo peso de Cataluña. Algunos interpretaron mi reciente intervención en el Senado como un enfrentamiento con las tesis que defiende el Gobierno catalán y otros que estamos excesivamente sometidos al tripartito. Ni lo uno ni lo otro. Ni hay enfrentamiento ni sometimiento, hay respeto y diálogo institucional.

Modificaciones en la Ley de Estabilidad Presupuestaria

'Los empresarios han percibido lo que tiene de continuidad la política económica que, en parte, es prolongación también de la del último Gabinete del PSOE, bajo la batuta de Pedro Solbes'.'Hemos subido el salario mínimo interprofesional y las becas en poco más de cincuenta días de Gobierno. La sensibilidad política y social de este Gabinete es compatible con el rigor económico''Con el nuevo escenario macro, que incluye un superávit de las Administraciones para los tres ejercicios venideros, los mercados, que han asumido con normalidad el cambio de Gobierno, pueden estar tranquilos'.'En el nuevo escenario presupuestario el superávit de la Seguridad Social se visualiza mejor y ayuda a compensar tanto el déficit de la Administración central como el de las comunidades'.'Retiraremos los recursos que presentamos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuando alcancemos un acuerdo sobre su reforma con las comunidades autónomas'.'Vamos a cambiar con rapidez la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder trabajar ya el año que viene con la nueva norma. El objetivo del equilibrio se va a mantener y va a salir mucho más fortalecido'.