Efectos para la economía española
La culminación de la quinta ampliación comunitaria dará lugar a una UE formada por 25 Estados miembros, lo que generará beneficios potenciales, tanto económicos (derivados del mayor tamaño del mercado), como políticos (mayor seguridad y estabilidad política en el seno del continente europeo).
El euro no sólo ha impuesto una cultura de estabilidad que sirve a los países miembros para alcanzar mayor crecimiento y bienestar social, sino que refuerza el papel político y económico desempeñado por Europa en el ámbito internacional. Para ello es necesario culminar con éxito esta ampliación, afianzar la estabilidad macroeconómica, que exige un gran mercado común y una unión monetaria fuerte, y reforzar los lazos europeos con el Mediterráneo e Iberoamérica. Asimismo, la nueva amenaza del terrorismo fundamentalista hace imprescindible una verdadera política exterior y de seguridad común, así como una colaboración más efectiva en la lucha contra el terrorismo.
La ampliación implicará importantes problemas de ajuste, de naturaleza sectorial y regional, como consecuencia del menor nivel de desarrollo de los nuevos miembros, a pesar del avance que han experimentado, con un crecimiento acumulado en el periodo 1999-2003 del 15,3% (más de cinco puntos por encima de la media de la UE-15). No parece que España vaya a sufrir excesivas consecuencias por el efecto desviación de comercio y de inversiones hacia los PECO (países de Europa central y oriental), ni tampoco que se vayan a intensificar los flujos migratorios hacia nuestro país, como sí ocurrirá, en cambio, con países fronterizos como Alemania o Austria. En cambio, sí nos veremos afectados en los dos aspectos más sensibles del proceso: el capítulo agrícola y el reparto de los Fondos Estructurales.
La ampliación implicará importantes problemas de ajuste, de naturaleza sectorial y regional
La agricultura constituye la política de mayor gasto comunitario y, a diferencia de lo que ocurre en los actuales miembros, este sector tiene un peso muy importante en los países candidatos, por lo que su plena incorporación pasa necesariamente por la instauración de un periodo transitorio y por una reforma de la actual Política Agraria Común (PAC), encaminada a potenciar más las políticas de estructuras y menos las de sostenimiento de precios. A este respecto, será necesario revisar la política de precios y subvenciones en el seno de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), fijar nuevas reglas de apoyo a la exportación que no obstaculicen el crecimiento futuro de los países menos desarrollados, definir las exigencias sanitarias para toda la cadena alimentaria, definir normas de protección medioambiental y, por último, como telón de fondo de esta reforma, la delicada cuestión de su financiación.
Y es que la ampliación de la UE hacia países con un sector agrario más amplio y competitivo que el de los actuales miembros, puede amenazar la estabilidad de la PAC: se plantea, o bien liberalizar los mercados agrarios, reduciendo considerablemente el presupuesto de la PAC y renacionalizando las ayudas, o bien mantener los sistemas de apoyo (postura de España), obligando a una adhesión escalonada de los candidatos.
El otro aspecto donde más incidirá la adhesión es en la distribución de los actuales Fondos comunitarios que configuran la política regional y de cohesión económica y social. Las diferencias regionales, como en todas las ampliaciones anteriores, pueden agravarse, pero en mayor medida, dado el número de candidatos y sus bajísimos niveles de renta per cápita y productividad. Pero, por otro lado, no pueden desatenderse las políticas estructurales destinadas a las regiones más desfavorecidas de la actual UE.
España es el país que más Fondos (Estructurales y de Cohesión) recibe, con cerca del 60% del total. Si bien en las perspectivas financieras actuales (2000-2006) España sale comparativamente bien parada en cuanto a la distribución de los Fondos Estructurales, estando ya comprometidos los de Cohesión, próximamente deberán abordarse las perspectivas para 2007-2013, en las que, sin duda, tendremos mayores riesgos de salir perjudicados, pues afectarán negativamente a las regiones actualmente receptoras por un mero problema estadístico: los nuevos socios tienen una renta per cápita muy inferior a la media comunitaria y seremos más a repartir.
La ampliación reducirá notablemente el número de regiones españolas catalogadas como Objetivo 1 (PIB per cápita inferior al 75% de la media europea): sólo Andalucía y Extremadura mantendrían esa condición, si se mantiene el techo del 1,27% del PIB comunitario en el Presupuesto. Los cambios en los Objetivos 2 y 3 serán menores, aunque regiones como Aragón, Madrid o Cataluña podrían perder esa condición. En cuanto al Fondo de Cohesión (países con una renta inferior al 90% de la media europea), el efecto puede ser importante, por cuanto los nuevos países presentan grandes deficiencias, tanto en infraestructuras de transporte como en lo referente al medio ambiente.