El himno nacional, de pago
Vivimos tiempos de ardores patrióticos, de España, España, de todo por España, pero volvemos a flojear en uno de los símbolos básicos que deben configurar un país de primera división, un país que ha salido del rincón de la historia y que gracias a Aznar ha roto el yugo que nos uncía y subordinaba a la perfidia francesa. Esa es al menos la conclusión que podría obtenerse al examinar la salud de los símbolos más sagrados e intocables de la soberanía, una cuestión que para nada es baladí. Adelantemos ya el escándalo insólito que surge cuando se sabe que la Sociedad General de Autores sigue facturando por la interpretación del himno nacional. Una partitura que a todas luces debiera ser de libre disposición. Semejantes cobros darían a entender que el himno continúa registrado a nombre de aquel maestro Bartolomé Pérez Casas que lo puso a su nombre en 1953 cuando reinaba aquel general franquísimo que siempre alardeaba de campeón y exclusivista del patriotismo verdadero.
Una rápida ojeada a los textos legales ilustra sobre el desigual trato dispensado a los símbolos. Enseguida se advierte cómo el artículo 4 de la Constitución señala que 'la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas'. Pero sobre el escudo y el himno nacional guarda extraño silencio la Carta Magna. Los socialistas se ocuparon de remediar la situación del escudo tergiversado por la dictadura mediante una proposición que fue tomada en consideración a la altura de 1979 cuando el PSOE ejercía de irreprochable patriota de oposición y se plasmó en las leyes 33/1981 y 39/ 1981 de octubre de aquel año.
Pero del himno nada se decía salvo en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas sancionadas por el Rey el 28 de diciembre de 1978. Su artículo 18 señala que 'la bandera de España y el himno nacional merecen el máximo respeto y veneración'. Y añade enseguida que 'la institución militar es la encargada de la custodia, honores y defensa de la bandera, como símbolo de la patria y de su unidad'. Avergonzaba saber que el himno nacional era de propiedad particular, como reveló el músico Alejandro Massó en aquel informativo de la alta madrugada de Tele 5 que se llamaba Entre Hoy y Mañana en 1994.
Criticamos la excepción cultural de Francia, pero, hasta donde sabemos, nadie se lucra con 'La Marsellesa'
El caso es que, en medio del proceso imparable de privatizaciones, siempre en aras de la eficiencia y de la rentabilidad, nunca desmentidas ni cuestionadas pese a pequeños accidentes de parcour del tipo de los avistados en Enron, Parmalat, British Railways, Villalongas y consultoras varias, surgía en España a mediados de los años noventa un caso inverso. Parecía necesario nacionalizar el himno nacional. Su anómala situación venía al menos desde el año 1953 como antes se ha dicho. Fue entonces cuando un adicto incondicional, el maestro Bartolomé Pérez Casas, procedió sin obstáculo alguno a inscribir a su nombre en el registro de la Sociedad General de Autores los arreglos instrumentales que había realizado por encargo del rey Alfonso XIII siendo director de la banda de alabarderos. Tras el registro del himno nacional en la Sociedad General de Autores a nombre de un particular su interpretación devengaba derechos que pasaron después a los herederos del músico.
A esta situación se puso límite mediante el Real Decreto 1543/1997 de 3 de octubre 'sobre adquisición por el Estado de los derechos de explotación de determinadas obras musicales'. Para entendernos, el Estado adquiría los derechos a herederos mediante el abono de 200 millones de pesetas de las de entonces y el maestro Grau, teniente coronel director de la banda de la Guardia Real, cedía los suyos por la nueva orquestación, con lo que la propiedad del himno pasaba a ser enteramente pública.
Pues, que si quieres arroz Catalina. La propiedad será enteramente pública, como decía en su carta el director de la Real Academia de Bellas Artes de fecha de 21 de octubre de 1998, pero el caso es que la interpretación del himno sigue generando derechos que se facturan por la SGAE, lo cual contradice que haya pasado a ser de libre disposición. Asombroso, pero cierto. Hablamos muy críticos de la excepción cultural francesa pero hasta donde sabemos nadie se lucra con La Marsellesa. Pronto volveremos a la cuestión.