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Tribuna
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Patata caliente para el próximo Gobierno

La estrategia de la UE para cumplir el Protocolo de Kioto se basa en dos pilares: acciones reductoras de emisión y derechos para contaminar. España es hoy el país más alejado de su propio objetivo y afronta serias dificultades en el futuro mercado de emisiones

En la Conferencia de Naciones Unidas para el cambio climático celebrada en Kioto en 1997, la UE se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 2012 en un 8% sobre el nivel de emisiones de 1990. Sea o no ratificado el acuerdo (se necesita un mínimo de 55 países, y hasta ahora lo han hecho 104 países, pero que sumen al menos el 55% de las emisiones, y eso no se ha logrado; estamos en el 44%, porque EE UU y Rusia no parecen dispuestos a hacerlo), la UE se ha propuesto lograr unilateralmente su objetivo.

Para ello, se acordó un reparto interno de emisiones, en el que a España le corresponde emitir en el año horizonte un 15% más de sus emisiones en 1990 (es decir, 333 millones de tm de CO2 equivalente). Nuestro particular problema es que en 2002 emitimos un 38% más, de las que el 81% fueron CO2 y el 19% restante otros gases. Las proyecciones apuntan a que en 2012 emitiremos entre un 52% y 56% más que en 1990. Hoy somos el país europeo más alejado de su objetivo. Y esto va a tener un coste relevante. Falta una explicación de qué estrategia y qué cálculos (si los hubo) nos llevaron a aceptar tal compromiso. El caso es que, aún hoy, las emisiones per cápita de España (9,7 tm) son un 12% inferiores a la media de los Quince (10,9 tm), aunque si todo el mundo emitiera en la media estaríamos ante un desastre.

Una parte del sector eléctrico ha cuantificado sus necesidades de emisión en 97 millones de tm/año, casi un 70% del total de permisos a repartir

La estrategia europea para lograr el objetivo se basa en dos pilares: acciones reductoras de emisiones (planes de ahorro y uso eficiente de la energía, ecotasas, programas voluntarios de reducción de emisiones, etcétera) y el mercado de derechos de emisión.

La Directiva 2003/87/CE prevé el establecimiento de un mercado intracomunitario (UE-25) de permisos de emisión a partir de 2005. Hasta 2008 tendrá carácter experimental, limitado a CO2, y luego definitivo, que comprende también otros gases. Inicialmente el mercado se circunscribe a los sectores de electricidad, refino, cemento, cal, vidrio, cerámica, siderurgia, pasta y papel, y en el futuro, posiblemente se amplíe a otros: aluminio y resto de industria química.

Se trata de que las instalaciones emitan CO2 con los permisos para emitir y si no lo tienen habrán de obtenerlo en el mercado o pagar una multa, de 40 euros/tm inicialmente, y de 100 euros/tm a partir de 2008.

La directiva establece que cada Estado, periódicamente, deberá establecer un Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, a aprobar por la Comisión, público y basado en criterios transparentes, objetivos y contrastables. La asignación del 95% de los derechos será gratuita en el primer periodo, luego sólo el 90%. Además se establecen 11 criterios generales como guía:

a) Dado que el mercado de derechos de emisión sólo se refiere a algunos sectores industriales, la cantidad de permisos a repartir ha de ser consistente con el compromiso de cada Estado. Es decir, no se deben otorgar permisos por mayor cantidad que la que proporcionalmente les corresponda a los sectores implicados en el mercado respecto a la emisión total nacional, salvo que se justifique una evolución divergente hasta 2008.

b) La asignación será desglosada por actividad y se recogerá una lista de instalaciones del mercado.

c) La asignación tendrá en cuenta los compromisos y proyecciones de emisión, así como el potencial tecnológico para lograr el objetivo.

d) No se discriminará entre empresas o sectores.

e) La asignación tomará en cuenta futuros nuevos entrantes en los sectores, por lo que se recomienda reservar derechos para ser subastados.

f) Se tendrán en consideración las mejores prácticas internacionales en cada sector (benchmark).

g) Los planes serán abiertos a información pública durante un tiempo, para recogerse, si procede, reclamaciones, sugerencias y comentarios.

h) Deberá prever la competencia de países de fuera de la UE.

El Gobierno que surja tras elecciones del 14 de marzo deberá decidir la cantidad de derechos que asigna, los criterios de reparto entre sectores y los derechos de nuevos entrantes. Deberá optar entre repartir los derechos:

i) Proporcionalmente a las emisiones de 1990: premiar a la hormiga que realizó esfuerzos en reducir emisiones frente a la cigarra, aunque hay actividades más difíciles de ser hormiga.

j) Proporcionalmente a las emisiones actuales (un claro premio a las cigarras).

k) Conforme a la capacidad de reducción futura.

Todos los análisis indican que habrá un gran déficit de derechos, no cuantificable con exactitud. Sin duda España será una gran compradora, por lo que el precio del derecho resulta crucial para valorar el impacto del mercado. Hay estimaciones para todos los gustos, pero precios de 15 euros/tm y año (+/-30%) parecen razonables. Siendo así, las compras podrían rondar los 250 millones de euros anuales, un 0,2% del PIB de ese año. Más incierto aún resulta estimar el impacto por sectores, pero si partimos de que cerca del 55% del CO2 de éstos corresponde al eléctrico y el 17% al cemento, tendremos una idea. Una parte del sector eléctrico ha cuantificado sus necesidades en 97 millones de tm/año, casi un 70% del total de permisos a repartir. Además ha propuesto un pool de derechos sectorial, para gestionar de forma conjunta las compras financiándolas con un recargo a los consumidores.

En resumen, llega un nuevo nubarrón a la industria española que, junto a otros, pueden crear una tormenta de nefastas consecuencias para la economía española. Además, si afloran derechos excedentes en instalaciones europeas se alterará el equilibrio competitivo en la UE-25 de forma desfavorable a España. Las consecuencias del Mercado de Derechos de Emisión no deben abordarse desde y para sí mismo, sino como un factor más que afectará negativamente a nuestra industria.

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