La subasta electoral del IRPF
Las batallas electorales se están deslizando desde 1996, al menos en el tema fiscal, por la misma pendiente: rebajas de impuestos. En el momento en que saltan propuestas y contrapropuestas, pocos se cuestionan a fondo los hipotéticos riesgos para la financiación de la Administración pública, más allá de utilizar este argumento para descartar al contrario y apuntalar la oferta propia. El mecanismo utilizado hasta ahora por el Gobierno con el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), con una reducción generalizada de las tarifas y la vuelta al ajuste pocos años después, cuando la inflación ha devuelto a las arcas públicas el dinero proporcionado a los contribuyentes, empieza a agotarse. Así que las propuestas de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, parecen haber dado un salto cualitativo, que comienza a requerir, esta vez en serio, un debate más profundo.
Las rebajas fiscales de los últimos años se han convertido en un estímulo de consumo e inversión que ha reportado notables dividendos en crecimiento. De eso hay pocas dudas. También han podido empeorar variables dañinas, como la propia inflación. Sin romper el techo financiero del equilibrio presupuestario -nadie debería ya cuestionar que genera más ventajas que inconvenientes-, y ante la evidencia de que el ciclo virtuoso de actividad puede agotarse si no se acelera el crecimiento en Europa, quizá valdría la pena poner sobre la mesa los excedentes fiscales al servicio de la inversión en equipamiento, tecnología y formación.
Si persiste el descuido de estos campos, y la Administración se resigna a que España sólo tiene la posibilidad de crecer en servicios intensivos en empleo, el largo plazo se mostrará severo, y habrá que volver a subir los impuestos (aunque no se hablará tanto de ello). O volver al lastre del déficit.