Dilemas del PEC
En Dublín, donde la presidencia irlandesa nos reúne a representantes de los Parlamentos nacionales, la reserva es de rigor sobre la carta de los seis países que reclaman la aplicación estricta de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Esta toma de posición de Portugal, Italia, Polonia, Estonia, Holanda y España se anticipa a la cumbre que hoy celebran en Berlín Francia, Alemania y el Reino Unido, ese nuevo tripartito que emerge como motor de la Europa ampliada después de las crisis de Irak y de las reglas presupuestarias en la eurozona.
Por mucho que Berlín asegure que allí no se va a cocinar una reforma del PEC y que ni Francia ni Alemania desean reabrir ese debate antes de que se constituya la nueva Comisión, la carta que firma Aznar refleja el malestar por esta iniciativa.
A la presidencia irlandesa no le queda más remedio que considerar el contenido de la carta de anteayer y lo que salga de la reunión de hoy como contribuciones, 'unas más' dicen, al Consejo Europeo de primavera, del que saldrá sin duda una nueva declaración retórica sobre la necesidad de respetar el pacto y aplicarlo de forma inteligente.
La carta de los seis, antes de la cumbre de hoy entre Blair, Schröder y Chirac, tiene resentimiento de marginados
¿Cómo hacer inteligente lo que se ha calificado de 'estúpido'? æpermil;sta es la tarea de la Comisión, que no piensa quedarse de brazos cruzados esperando el relevo de noviembre y celebra, también hoy, un debate de orientación sobre la forma de salir de la crisis provocada por la suspensión de facto de las reglas de disciplina presupuestaria, que no pueden cumplir hoy quienes las impusieron ayer.
Buena falta hace. En su carta, la extraña amalgama que forman los seis firmantes, vinculados por el resentimiento de los marginados y por posiciones de extremo liberalismo económico, asegura que el cumplimiento estricto del PEC es una condición 'necesaria' del crecimiento económico. Pero es dudoso que fuera suficiente, porque el crecimiento en Europa sigue brillando por su ausencia y 2003 ha sido el peor año de su economía desde la recesión de 1993.
El débil crecimiento (0,9 %) de la zona euro en 2002 se ha reducido al 0,4 %. Alemania ha entrado oficialmente en recesión, Francia e Italia se han librado por los pelos y Holanda sufre una contracción del 0,8%. El repunte observado después del verano se basaba en un aumento de las exportaciones, mientras la demanda interior sigue débil, pero es dudoso que la contribución del comercio exterior al crecimiento se mantenga con el actual tipo de cambio euro/dólar.
Por ello, hará bien la Comisión si, como parece, plantea una revisión del pacto que tenga más en cuenta las condiciones de la coyuntura y, en consecuencia, la evolución de la deuda pública, más que el déficit anual, como criterio de estabilidad.
El actual pacto sólo permite que un país pueda superar el 3% de déficit si sufre una contracción de su PIB superior al 2%, lo que no ha ocurrido nunca en Europa. Debiera bastar un crecimiento negativo, cualquiera que fuese su magnitud, pero aun así no tiene lógica económica aplicar el mismo rigor presupuestario a países cuya tasa de endeudamiento ha superado el 100% de su PIB, como Italia, firmante por cierto de la carta de los seis virtuosos, que a los que, como Irlanda, están por debajo del 40%, no tienen que financiar pensiones por reparto y necesitan acometer grandes inversiones en infraestructuras para acompañar su crecimiento. Estas circunstancias se presentarán especialmente en los países del Este, que tendrán que recurrir al déficit para financiar infraestructuras, sobre todo si la ayuda que pueden esperar recibir no es tan importante como la de los países de la cohesión en los noventa.
Pero flexibilizar, por una u otra razón y a través de uno u otro procedimiento, el límite del 3% ante circunstancias difíciles debe ir acompañado de mayor rigor en años de vacas gordas. Una mayor coordinación de la política presupuestaria europea hubiera quizá evitado los errores de la segunda mitad de los noventa, cuando todos los Gobiernos aprovecharon la bonanza para rebajar impuestos en vez de sanear sus finanzas públicas.
Por ello, sin cuestionar el principio de que la política presupuestaria de cada país es un tema de su estricta competencia, los países del euro deberían definir, al principio de cada año, una estrategia económica global y debatirla en sus Parlamentos. Porque ningún pacto puede funcionar si los Estados no lo consideran adecuado y creen necesario aplicarlo, en vez de delegar en Bruselas el rigor y la antipatía que su aplicación produce.
Y para los que quieran profundizar en el debate sobre la relación entre el euro y el crecimiento en Europa, me permito recomendarles el reciente libro (Europa, entre la integración monetaria y la crisis económica mundial) del profesor F. Rodríguez, de la Universidad de Deusto.