El comercio de emisiones
El sector eléctrico es el único que cuenta con posibilidades reales de reducir de manera significativa las emisiones conforme al Protocolo de Kioto. El autor analiza los efectos en España de la futura directiva europea que regulará este nuevo mercado
A partir del próximo año la directiva europea de comercio de emisiones obliga a un conjunto de empresas industriales y energéticas españolas a pagar por las emisiones de CO2 (dióxido de carbono). La Comisión Europea ha establecido algunos criterios generales para el reparto de ese límite global entre los sectores y empresas afectados, pero son los Gobiernos los que tienen que elaborar un Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión.
¿Cómo debería configurarse un plan razonable? La asignación de derechos de emisión va a estar fuertemente condicionada por las marcadas diferencias económicas y tecnológicas que existen entre los sectores afectados por la directiva y por las distintas posibilidades que tiene cada uno de estos sectores para amortiguar su impacto. Cuando se consideran estas diferencias resulta que, con mucha diferencia, el sector eléctrico es el único que cuenta con una posibilidad real de reducir las emisiones de manera significativa y, al tiempo, el único que puede absorber el impacto financiero que supondrá el naciente mercado de emisiones.
Los restantes sectores, por su menor contribución a las emisiones de CO2, por la inexistencia de tecnologías alternativas más limpias y por su mayor exposición al comercio internacional, que limita su capacidad para trasladar unos mayores costes a los precios, necesariamente tendrán un papel relativamente menor en la adaptación de la economía española a los compromisos derivados del Protocolo de Kioto.
Más de la mitad de las emisiones nacionales de CO2 incluidas en la directiva de comercio de emisiones proceden del sector eléctrico seguido, a bastante distancia, por el sector del cemento. Entre los restantes -refino, metalurgia, papel y vidrio y cerámica- apenas se alcanza la cuarta parte de las emisiones reguladas por la directiva. Esto significa que, si España va a acercarse al cumplimiento de los objetivos que tiene asumidos, el sector eléctrico tendrá necesariamente que reducir sus emisiones de manera significativa.
Además, para el sector eléctrico es tecnológicamente factible reducir sus emisiones. Las tecnologías limpias de generación de electricidad a partir de energías renovables y las poco contaminantes, a partir de gas natural, están aumentando significativamente su peso en el mix de tecnologías del sector eléctrico español y tanto el Gobierno como el propio sector eléctrico prevén que la tendencia se acentúe en los próximos años. Por el contrario, como se deduce de los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en los restantes sectores incluidos en la directiva las posibilidades tecnológicas para reducir las emisiones a un coste razonable están limitadas. Rebajar las emisiones más allá de tales límites llevaría con mucha probabilidad a reducir la producción de los sectores afectados y, con ello, sufrirían el PIB y el empleo industrial. La segunda pieza de este puzle en el que hay que encajar lo que es factible tecnológica y económicamente con los objetivos medioambientales asumidos por el Gobierno es la capacidad de los distintos sectores para absorber o trasladar los costes que impondrá la directiva.
Con la única excepción de la electricidad, los sectores incluidos en la directiva operan en mercados mundiales muy abiertos y, por tanto, compiten con empresas extracomunitarias que seguirán sin soportar coste alguno por sus emisiones de CO2. En estas condiciones, el impacto de la directiva iría en buena parte a reducir la competitividad y los resultados de las empresas. En el caso de la electricidad, por el contrario, el efecto de la competencia extracomunitaria es virtualmente nulo y, por tanto, es posible que los precios de la electricidad se ajusten a los cambios en los costes.
La posibilidad de ajustar los precios debería ayudar a eliminar las reticencias expresadas por buena parte de las empresas del sector eléctrico resistiéndose a liderar la reducción de las emisiones de CO2. En todo caso, el aumento de los precios de la electricidad en el mercado de generación no necesariamente afectará a la tarifa eléctrica ni a la inflación, habida cuenta de que en los próximos años llegarán a su fin los pagos de los llamados costes de transición a la competencia (CTC) y la moratoria nuclear.
En consonancia con estos argumentos, el Gobierno del Reino Unido, que es el único país de la UE que ha hecho público hasta el momento un borrador de su Plan de Asignación, propone concentrar la reducción de permisos de emisión en la generación de electricidad argumentando que es éste, precisamente, el menos expuesto a la competencia exterior. Cabe esperar que los demás países de la UE adopten criterios parecidos y esto pondrá aun más presión sobre nuestro país para no dar un tratamiento diferencialmente peor a sectores como el de la metalurgia, cemento, papel, cerámica y vidrio.
Economista y profesor en la Universidad de Zaragoza
El efecto de la competencia de fuera de la Unión Europea resulta virtualmente nulo en el sector eléctrico