A vueltas con el PEC
La decisión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE de suspender el procedimiento sancionador abierto a Alemania y Francia por incumplimiento de lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) sobre déficit excesivo, y el recurso interpuesto por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre tal decisión, basado en la competencia que tiene atribuida como guardiana de los tratados, ha puesto de nuevo en el candelero el problema de la coordinación de las políticas monetaria y fiscal. ¿Cómo salir de este atolladero que supone un grave conflicto institucional dentro de la Unión Europea?
Ya se dijo cuando se aprobó el PEC que, si no se efectuaban reformas estructurales por los Estados miembros de la Unión Monetaria (UME) en el periodo de expansión, entre ellas la reducción del gasto y del déficit público, acercando las cuentas públicas al equilibrio, un cambio en el ciclo daría lugar a que la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos y la realización de una política fiscal activa de reactivación de la demanda ocasionarían un rebasamiento del límite del 3% del déficit público y la puesta en marcha del procedimiento sancionador. La alternativa de continuar con la política de reducción del déficit público daría lugar a una política fiscal procíclica, acentuando la intensidad de la recesión.
Pasamos a detallar las propuestas que se han efectuado para tratar de resolver el problema, distinguiendo entre las que suponen la eliminación del PEC y las que lo respetan, pero introduciendo modificaciones. Dentro de las primeras incluimos:
La pérdida de poder de la Comisión ante los Gobiernos se acentuará si se aprueba el proyecto de Constitución
l Las que piden que el único límite para el déficit público sea el derivado de los gastos en inversiones públicas.
l Las que proponen que los gastos de defensa, educación, investigación e infraestructuras no computen en el cálculo del límite de déficit público del PEC.
Las propuestas que, respetando el PEC, introducen modificaciones, de forma que la iniciación del procedimiento sancionador por rebasar el déficit público el 3% del PIB del país no sea automática, estiman que se tenga en cuenta varias cuestiones: la evolución del ciclo en el Estado miembro, si el déficit es estructural o coyuntural, la cuantía de la deuda pública en relación con el PIB del Estado miembro y las aportaciones netas al presupuesto comunitario (aportaciones brutas menos las ayudas recibidas).
La justificación de la existencia de reglas fiscales muy estrictas se fundamentó en que la unión monetaria es un caso especial de organización de política monetaria absolutamente centralizada en el Banco Central Europeo (BCE), y política presupuestaria prácticamente descentralizada en cada uno de los Estados miembros, ya que el Presupuesto de la Unión sólo supone el 1,2% del PIB de los países que la integran y, por tanto, no tiene capacidad estabilizadora suficiente.
La idea básica que se tuvo en cuenta para proponer reglas de obligado cumplimiento sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública es que una senda de crecimiento continuo del déficit y de la deuda pública tendrá efectos negativos sobre el crecimiento del país en que ocurra, ya que la prima de riesgo que tal comportamiento conlleva se trasladará a través del tipo de interés exclusivamente sobre la deuda del citado Estado miembro, en virtud de la cláusula de no bail-out del artículo 103 del Tratado constitutivo de la Unión. Cuando los déficit son altos y no sostenibles, la sociedad percibirá un riesgo creciente de inestabilidad financiera, perdiendo los precios eficacia como factor relativo de las decisiones de inversión.
Pero las consecuencias de dicha política fiscal laxa afectarían no sólo al país que la practica, sino también, por contagio, al resto de los países de la UME, al influir en los mercados de capitales y, por tanto, en la credibilidad del país. Cinco países, que representan el 78% del PIB de la zona euro, no han cumplido el PEC, con lo cual los objetivos que pretenden alcanzar pueden entrar en colisión con el objetivo de estabilidad de precios del BCE.
La no coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, al estar descentralizadas, la pérdida de poder de la Comisión ante los Gobiernos, que se acentuará si el proyecto de Constitución Europea se aprueba, la debilidad de la política exterior de la Unión y la carencia de unidad política estarían poniendo en grave peligro de desintegración a la UME.