Distribución del gasto público
El autor plantea la necesidad de conocer con precisión el reparto regional del gasto público y su relación con las diferencias en infraestructuras y en servicios públicos, para aumentar la transparencia de la gestión del Estado
Los planteamientos de reforma del sistema de financiación autonómica, que están despertando más ruido que debate (una constante desgraciada en la vida pública española), ponen sobre las mesa cuestiones interesantes que merecería la pena tratar de analizar. Y no me refiero a la distribución territorial de la gestión tributaria, que es, al parecer, lo que ha despertado más pasiones, sino a la distribución territorial del gasto.
Una proporción bastante elevada del gasto tiene una clara correspondencia territorial, y resulta defendible que su distribución territorial esté orientada por criterios distributivos o compensatorios. Sobre este principio general hay poca discrepancia. Pero ¿qué criterios utilizar para definir la acción compensatoria o distributiva? La utilización de las diferencias de renta per cápita no está justificada, en mi opinión. Dado que diferencias en el gasto público (total) per cápita son una causa de las diferencias en la renta per cápita (y esta afirmación está suficientemente fundamentada), carece de sentido orientar la acción compensatoria del gasto público por ese criterio. Si fuera verdad que las regiones con menor renta per cápita (media) fueran las que tienen mayores bolsas de pobreza, deberían tener programas de gasto (de cualquiera de los tres niveles de la Administración o conjuntamente de las tres) para paliar y combatir esas situaciones. Es decir, la Administración responsable debería disponer de financiación finalista para esos programas. Pero la identificación territorial de las bolsas de pobreza es perfectamente factible con los datos disponibles y no guarda necesariamente correspondencia con las diferencias en renta per cápita media.
Constituiría un buen ejemplo que los entes públicos realizaran una buena práctica de transparencia
La dotación de infraestructuras públicas sí que constituye un factor (desde luego, no el único) que afecta a las diferencias en la renta per cápita. Por lo que la distribución territorial de las mismas sí que debería constituir un criterio para ordenar la distribución del gasto. Medir las diferencias territoriales en dotación de infraestructuras es algo perfectamente factible. Probablemente más sencillo que estimar las diferencias en renta per cápita. Y esta medición puede reportar algunas sorpresas sobre la existencia o no de diferencias regionales en infraestructuras y sobre la dirección de las mismas cuando se producen. Repetir la estimación cada cinco años, por ejemplo, permitiría monitorizar la acción del Estado (a través de sus distintos niveles) en esta acción compensatoria.
También la dotación de servicios públicos fundamentales (educación y sanidad, por ejemplo) puede necesitar una acción compensatoria. Pero el grado en el que esos servicios están satisfechos no guarda una relación muy estrecha con la renta per cápita. Existen datos y metodologías para estimar cómo las necesidades de servicios públicos son satisfechas en cada región. En dos estudios realizados en 1986 se presentaron esas estimaciones y se concluía que, efectivamente, a principios de los años ochenta existían diferencias regionales en las necesidades no satisfechas de servicios públicos.
Y, también, que esas diferencias no guardaban una correlación muy estrecha con la renta per cápita. En uno de ellos (del que yo era coautor) se obtenía que la Comunidad Valenciana, que tenía una renta per cápita claramente superior a la media, era la segunda peor comunidad en el grado de satisfacción de las necesidades de servicios públicos. ¿Cómo se encuentran esas diferencias casi veinte años más tarde? Es más que probable que las diferencias hayan disminuido y merecería la pena conocerlo. Permitiría avanzar con datos, y no a priori, en el debate sobre la distribución territorial del gasto.
Conocer con precisión y detalle la distribución regional del gasto público (del conjunto de las Administraciones públicas) y su relación con las diferencias en infraestructuras y con las diferencias en los (posibles) desequilibrios en servicios públicos, sería una de las vías por las que aumentaría la transparencia de la gestión del Estado.
Algo muy necesario. Más en un momento en el que se está reclamando, con toda justificación, una mayor transparencia en la gestión de las empresas en cuya propiedad participan miles de ahorradores. Constituiría un buen ejemplo que las Administraciones públicas realizaran una buena práctica de transparencia antes sus propietarios. Pero, además, ese conocimiento preciso contribuiría a una mayor coordinación de las políticas presupuestarias de los distintos niveles de la Administración.