Aerolíneas

Los socios de Iberia podrán irse de la empresa este año

La privatización de Iberia va quemando etapas. Los compromisos de permanencia de los accionistas que configuraron el núcleo estable de la sociedad, con la excepción de Caja Madrid, empiezan a vencer.

BBVA, Logista y El Corte Ingles, propietarios del 17% de la empresa, podrán disponer libremente de sus acciones en la aerolínea a partir de diciembre, sin que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pueda impedir formalmente sus movimientos. Previamente, en diciembre de 2002, British Airways y American Airlines, los socios industriales de Iberia que controlan el 10% del capital, lograron ese mismo derecho junto a las cajas de ahorros, titulares del 3% de la compañía y también miembros del núcleo estable.

Ahora, la finalización del periodo de block out para BBVA, Logista y El Corte Inglés puede abrir la puerta a una nueva etapa institucional en la compañía, aunque la desvinculación no será fácil para ninguno de ellos. De hecho, el pacto social forjado por el núcleo estable solo puede expirar por la decisión unánime de todos los miembros o si British Airways reduce su paquete por debajo del 7%. Ese acuerdo fue inspirado por la SEPI y varios de los socios se han mostrado incómodos con su rigidez.

British Airways y las cajas finalizaron en 2002 el compromiso de permanencia

Tanto el BBVA, como Logista y El Corte Inglés han declinado comentar cuál será su actitud una vez venza su pacto de permanencia.

Acuerdo de accionistas

En todo caso, esa capacidad de maniobra para vender sus acciones sí puede facilitar la modificación del acuerdo de accionistas, un proceso insinuado alguna vez por alguno de los socios que lo integran. Ese cambio se enmarcaría también en los nuevos preceptos sobre pactos de accionistas introducidos por la Ley de Transparencia y en la nueva regulación de la acción de oro del Gobierno sobre las empresas privatizadas, que en Iberia está vigente hasta finales de 2006.

Por otra parte, la posibilidad de que los socios del núcleo estable decidan vender su paquete en Iberia, que todavía les genera minusvalías latentes, se vería favorecida por la continua la revalorización de la acción en Bolsa.

En los últimos siete meses ha registrado una fuerte subida hasta acercarse al precio pagado en su día por esos accionistas a la SEPI.

La sociedad estatal vendió en diciembre de 1999 el 30% de Iberia a los socios españoles a un precio de 2,99 euros (497 pesetas) por título. La colocación en Bolsa se realizó finalmente en abril de 2001, a un precio mucho más bajo, 1,19 euros por título, dada la crisis que vivía en ese momento la industria área. El viernes la acción de Iberia cerró a 2,63 euros por título, a sólo 36 céntimos del precio pagado por el núcleo estable.

El impacto de la nueva 'acción de oro'

La reciente modificación por el Gobierno de la acción de oro, mecanismo de control al que Iberia está sometido, facilita en alguna medida los movimientos en el capital de la empresa. La nueva regulación elimina el control sobre las participaciones superiores al 10% con carácter meramente financiero en las sociedades privatizadas sometidas a este régimen. El resto de decisiones estratégicas de los socios quedan sometidas al control del Ejecutivo, aunque en vez de una autorización previa de éste se requiere una notificación. Una hipotética refrendación del núcleo estable a partir de diciembre requeriría, por tanto, el visto bueno explícito del Gobierno.


La acción de oro sobre la aerolínea expira en abril del año 2006, pero el Ejecutivo tiene facultad para prorrogarla durante dos años más. En ese horizonte es probable que la esperada consolidación de la industria aérea en Europa se haya iniciado y que la dimensión, posición estratégica y control accionarial de Iberia sean distintos a los actuales.


La Ley de Transparencia no parece obligar a los socios del núcleo estable actuales a modificar el pacto de accionistas vigente, ya que la sindicación de acciones se realizó antes de que la compañía cotizara en Bolsa. Lo que sí tendrán que hacer sus miembros es dar a conocer todos los extremos del acuerdo antes de tres años desde la publicación de la citada ley y seguir sus directrices si quieren forjar uno nuevo o modificar el actual.