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Tribuna
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Consecuencias del fiasco de Bruselas

La incapacidad de los jefes de Estado y de Gobierno europeos para llegar a un acuerdo que permitiese aprobar el proyecto de Constitución Europea pone una vez más de manifiesto el exagerado valor que atribuyen al reparto del poder en la UE. En efecto, el procedimiento de votación del Consejo Europeo para la toma de decisiones por mayoría cualificada es, sin duda, un asunto importante. Pero no es tan fundamental como para cerrar paso a las numerosas y trascendentes aportaciones del proyecto redactado por la Convención y modificado en algunos aspectos durante la Conferencia Intergubernamental (CIG).

La responsabilidad del fracaso final de la Conferencia ha sido atribuida por muchos a la negativa de los jefes de Gobierno de España y Polonia a aceptar el sistema de voto propuesto en el proyecto, que cambiaba radicalmente el aprobado en el Tratado de Niza. Pero el mismo tanto de culpa cabe atribuir al presidente francés y al canciller alemán por mantener a ultranza dicha propuesta. Para José María Aznar y Leszec Miller, el criterio de doble mayoría del proyecto de la Convención representaba una extralimitación del mandato otorgado a ésta, y suponía, además, una pérdida del peso relativo de España y Polonia en esas instituciones respecto de lo acordado en Niza. Para Jacques Chirac y Gerhard Schröder, el nuevo sistema era más claro y democrático que el aprobado en ese Tratado; pero también otorgaba a Alemania y, en menor medida, a Francia mayor capacidad de decisión en el Consejo.

La disputa, por tanto, ni ha sido desinteresada ni se ha centrado en un aspecto tan fundamental de la Constitución como para determinar su existencia. Por eso no se entiende que hayan sido sólo España y Polonia quienes han cargado con el sambenito de mantener una postura intransigente y poco europea. Y, mucho menos todavía, que se haya utilizado un aspecto tan concreto como es el sistema de voto por mayoría cualificada como patrón para calificar a la futura Constitución de mala y concluir de ahí que era preferible no tener ninguna a tener una de esas características. Porque las limitaciones que hubieran podido provenir de mantener el sistema de Niza se hubiesen visto ampliamente superadas por los beneficios derivados en otros ámbitos. Sin que deba ignorarse, a este respecto, que durante la CIG se habían modificado aspectos de igual o mayor importancia que el que nos ocupa, sin enfrentarse a una oposición tan firme por parte de quienes deseaban cambiar lo menos posible el texto de la Convención.

En cuanto a las implicaciones que pueda tener la situación creada para el funcionamiento de la UE, no parece que vayan a ser muy importantes a corto plazo. La UE puede seguir funcionando con el Tratado de Niza, aunque bajo unos patrones menos democráticos, transparentes y eficientes que los previstos en el proyecto de Constitución.

Es posible, sin embargo, que a medio plazo el reciente desencuentro influya en la discusión de las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013. Así parece desprenderse de la carta enviada a la Comisión Europea por seis Estados contribuyentes netos, proponiendo que el gasto máximo de la UE se sitúe en el 1% de su PIB (frente al 1,24% teórico actual).

A más largo plazo, por último, un retraso en reiniciar las negociaciones constitucionales o la imposibilidad de llegar a un acuerdo podrían tener, al menos, dos consecuencias desfavorables. De un lado, una pérdida de credibilidad y popularidad para la UE y, de otro, una creciente presión por parte de los países en mejores condiciones para crear la Europa a dos velocidades.

Es de esperar, no obstante, que las aguas vuelvan pronto a su cauce y se retomen las negociaciones sobre la Constitución. Los más optimistas sitúan este momento en la segunda mitad de la próxima presidencia irlandesa (después de nuestras elecciones generales), aunque lo más probable es que se espere hasta el segundo semestre de 2004 para iniciar las discusiones bajo la presidencia holandesa. Posponerlas por más tiempo sería perjudicial para la imagen de la UE, aunque todavía sería peor no encontrar un punto de acuerdo. Después de todo lo andado, es imprescindible para la UE tener una Constitución y el texto que se ha discutido estos días en Bruselas merece mejor suerte de la que ha tenido. Algunos han imputado el fracaso de las negociaciones a la circunstancia de que nadie deseara un mal compromiso. Cabe preguntarse, sin embargo, si no ha sido la voluntad de alcanzar un pacto lo que, en realidad, ha faltado.

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